| 3/18/2011 12:00:00 AM

Hasta en las mejores familias

Tres familias tradicionales de la alta sociedad bogotana están enfrascadas en una monumental pelea por cuenta de sus derechos sobre el Frigorífico San Martín.

En 1993, los empresarios de la industria cárnica no creían en los agoreros que pronosticaban una época de vacas flacas como consecuencia de la apertura económica. Beatriz Leyva de Uribe y sus hijos -reconocidos miembros de un prestante grupo familiar y empresarial de Bogotá- estaban interesados en ampliar su participación en el frigorífico San Martín de Porres y acogieron una propuesta de los socios minoritarios interesados en venderles sus cuotas, con las cuales consolidarían el control del 70% de la empresa.

Entre los oferentes había parientes y amigos de su círculo social más cercano. Figuraban, por ejemplo, los herederos del ex canciller Juan Uribe Holguín -uno de los presidentes del Jockey Club-, encabezados por su hija Emilia y por el esposo de esta, Rafael Pérez Norzagaray. También, Clara Samper Ortega y Roberto Patiño, presidente de una empresa de publicidad y sobrino de doña Beatriz.

La operación parecía ir en orden cuando fue firmada la promesa de compraventa y también al rubricarse los acuerdos relativos al usufructo de las acciones y la preservación de los derechos políticos de los promitentes vendedores en los escenarios de decisión de la empresa. Quedaba previsto que la transferencia de las acciones debería completarse en un plazo de dos años.

Inicialmente, los demás dueños miraron sin prevenciones la negociación. El Grupo Laurel, encabezado por el reputado jurista y empresario Jorge Lara Urbaneja y dueño de 30,4%, hubiera preferido que las condiciones de la compra por parte de los mayoritarios hubiera sido analizada previamente en la Junta de Socios, pero guardó silencio incluso cuando comenzaron los primeros vientos de conflicto. Al fin y al cabo, los Uribe y los Lara habían trabajado en la creación y desarrollo del frigorífico, fundado en 1964, hasta transformarlo en una firma que, convertida en la más fuerte competencia del Frigorífico Guadalupe, alcanzó utilidades anuales del orden de los $12.000 millones en sus mejores años. Así, ningún problema parecía tan fuerte para distanciarlos.

Sin embargo, en 2003, tras la muerte de Beatriz Leyva de Uribe, se hizo manifiesto un desacuerdo que estaba latente entre vendedores y compradores. Los minoritarios alegaban que el plazo de dos años para la transferencia de las acciones no se había respetado porque, según ellos, los Uribe Leyva habían cumplido solo parcialmente con las obligaciones y reclamaban el restablecimiento pleno de sus derechos.

Los Lara, por su parte, metieron baza a favor de los minoritarios, pero plantearon argumentos adicionales. A su juicio, sus grandes amigos y socios de siempre pretendían establecer una mayoría de facto, sacar provecho de su posición dominante y arrogarse el derecho a declarar utilidades provenientes de rentas exentas cedidas por quienes apenas eran "promitentes vendedores".

Un tribunal de arbitramento convocado a instancias de un juez civil les concedió la razón a los Uribe Leyva, que argumentaron no solo haber pagado sus obligaciones sino que ya se había dado el término de prescripción por lo cual las acciones judiciales habían perdido su razón de ser.

No obstante, sobrevendrían hechos nuevos que enervaron el conflicto. La Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian) inició una investigación para aclarar posibles inconsistencias en las declaraciones tributarias de algunos de los socios. Aunque los Lara rechazan la versión, los Uribe Leyva sostienen que sus hoy contradictores motivaron la intervención de la Dian para desequilibrar la controversia y ponerla a su favor.

El conflicto alcanzó su cúspide con el fallecimiento de una de las socias minoritarias, que tenía 5% de la compañía. "La muerte de doña Clarita Samper Ortega -cuenta un observador de los acontecimientos- planteó nuevos inconvenientes porque ella dejó como herederos de su participación a sus 53 sobrinos, entre ellos el ex presidente Ernesto Samper Pizano". El problema adicional consistía en que reconocer los derechos de todos implicaba sobrepasar el tope máximo de 25 socios permitido por el Código del Comercio para una sociedad de responsabilidad limitada.

En condiciones normales, el problema se habría subsanado con una transformación de la empresa al régimen de sociedad anónima, por ejemplo. Pero, en medio de una disputa en la que las partes se han mostrado poco dispuestas a ceder, el inconveniente se convirtió en una causal de liquidación, proceso que inició en septiembre de 2010 y hoy está en manos de la Superintendencia de Sociedades.

Las partes reconocen que Carlos Orrego, funcionario a cargo de los procesos de conciliación en la superintendencia, ha hecho su mejor esfuerzo por producir un acuerdo. Amigos comunes de las dos familias se duelen que un asunto de negocios haya dado al traste con una amistad ancestral y con una sociedad comercial prominente.

Por ahora, el panorama luce crítico. La ruptura hizo que los socios mayoritarios tomaran decisiones para reestructurar los cuadros directivos en 2006. Justamente en esa administración se presentaron las operaciones con mayores réditos para la compañía. De ambas partes hay demandas penales.

Cálculos todavía tentativos señalan que el valor del Frigorífico alcanza los $52.000 millones y su operación incluye el sacrificio de 700 reses y 300 cerdos diarios. Pero, desde 2008 y a raíz de los conflictos, sus utilidades se han venido a menos.

Santiago Rojas, actual liquidador del frigorífico, dice que está en busca de las mejores opciones para salvar la empresa y proteger los derechos de los empleados, pero se niega a entrar en otras consideraciones ante la proximidad de una Asamblea en la que habrá decisiones de fondo.

Jorge Lara, a su vez, sostiene que su grupo está dispuesto a vender su parte o a comprar la de sus socios, siempre y cuando la negociación tenga como base las cifras producidas por la administración que manejó la empresa hasta el año 2006.

En el fondo, las partes confían en que la razón pueda más que el orgullo a la hora de encontrar la fórmula capaz de evitar que se vaya al traste un esfuerzo de tantos años.

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