Gasolina la venta rota

| 7/12/2002 12:00:00 AM

Gasolina la venta rota

En Colombia se venden ilegalmente 1,2 millones de galones de gasolina al día. Este comercio tiene el 20% del mercado y el año pasado le costó al país $836.000 millones.

Entre el 2 y el 5 de julio , hombres de la Dian y de la Policía Nacional cerraron 3 estaciones de servicio en Barranquilla, de las 31 que revisaron, hicieron 6 diligencias de allanamiento en sitios clandestinos de venta de combustible y decomisaron 3.500 galones de gasolina de contrabando. No hubo capturas, porque las personas implicadas tenían menos de 100 salarios mínimos en combustible ilegal, lo que solo da derecho al decomiso del producto. De acuerdo con la Policía Fiscal y Aduanera, en lo corrido del año se han decomisado 1,2 millones de galones de combustible de contrabando. La cifra, aunque puede sonar alta, apenas se acerca al doble de lo que se contrabandea a diario en el país.



El problema del tráfico ilegal de gasolina es relativamente nuevo en Colombia. La voz de alarma se empezó a dar en 1999. Un año después, el hurto al poliducto, el contrabando y las mezclas ya tenían el 17% del mercado, y en el 2001 este porcentaje había aumentado al 20%, de acuerdo con el Ministerio de Minas.



Según Ecopetrol, el año pasado, la venta ilegal de combustible le costó al país $836.000 millones, prácticamente la misma cifra que se dejará de recaudar este año con la reforma tributaria. De estos recursos, el 66% lo perdió el fisco por concepto de impuesto global, IVA y sobretasa; el 26% Ecopetrol y el 8% el sector privado.



La diferencia de precios con Venezuela ha sido el dinamizador de este delito. Mientras un galón de gasolina corriente cuesta $3.376 en Colombia, en la frontera se puede conseguir por $785 en los expendios para extranjeros ($631 si tiene plomo, lo que genera problemas ambientales), y a $500 en las estaciones para venezolanos. Esto ha fomentado el "vampireo", que no es otra cosa que adaptar los vehículos para ampliar su capacidad de almacenaje, tanquear en Venezuela y desocuparlos en la frontera. En esta práctica también participan los automotores con matrícula venezolana, ya que pueden adquirir el combustible al precio de local, y llevarlo a Colombia donde por convenio circulan libremente en los municipios fronterizos.



Guajira, Cesar, Norte de Santander y Arauca son los principales puntos de ingreso de la gasolina de contrabando, que mueve $522.000 millones al año. Se calcula que solo en Cúcuta, 35.000 personas se dedican a esta actividad ilícita para sobrevivir.



El contrabando se presenta por dos vías. Uno es el que ingresa de Venezuela, y otro el que se ampara en los beneficios concedidos a las zonas de frontera, donde Ecopetrol vende el combustible más barato. Las bandas desvían este combustible hacia el interior del país y se ganan la diferencia de precios.



Si bien el contrabando es el principal problema, ya que representa el 62,4% del comercio ilegal, el hurto al poliducto constituye el negocio redondo, pues los delincuentes obtienen "gratis" la gasolina y, en el caso del trayecto entre Ayacucho y Coveñas, la nafta.



El "ordeño del tubo" ha crecido a una velocidad impresionante. En 1996 representaba menos del 0,5% de las pérdidas de volumen transportado de Ecopetrol, y el año pasado ya se acercaba a 4,5%, al llegar a 89,5 millones de galones.



Ecopetrol calcula que hay 200.000 personas dedicadas a ordeñar el poliducto, de las cuales 120.000 operan en el Magdalena Medio. "Hasta 1996, el hurto era mínimo. Pero, hoy, los delincuentes encontraron que con el tubo de Ecopetrol hacen dinero fácil", comenta un funcionario de la compañía. "Entre Barranca y Puerto Salgar se comete el 70% del robo, y de este, el 75% es cometido por paramilitares, el 15% por guerrilla y el resto los carteles de la gasolina", puntualiza.



En esta pelea, que lleva cuatro años, ya han sido asesinados dos coordinadores de Ecopetrol y 22 recorredores de línea, que son los que recorren el poliducto para localizar las perforaciones y medir el daño ambiental.



La distribución



La magnitud del comercio ilícito es tal, que transportarlo y venderlo requiere una gran logística. Se calcula que se necesita el equivalente a 80 carrotanques para movilizar el contrabando diario, una flota difícil de camuflar, explica Jorge Cañizares, presidente de Fendipetróleo.



La distribución, por su parte, se hace en estaciones de servicio legales; en la calle como sucede en Cúcuta donde se vende en bidones a lo largo de las vías de acceso en la frontera; y en "escurrideros", que son paradores de camino, o casas dentro de la ciudad donde se vende subrepticiamente. Pero también una buena parte va a los laboratorios del narcotráfico, ya que la gasolina y la nafta son utilizados en el procesamiento de la coca.



Parte de la venta en las estaciones de servicio legales se hace por coerción, principalmente en el Magdalena Medio donde las bandas obligan a los propietarios a comercializarla. "Al principio llegaban y les pedían a las estaciones de servicio que les vendieran el producto. La segunda vez ya no era un favor, sino una exigencia. Y si la persona se negaba, la sacaban de la estación y ponían un testaferro", recuerda un distribuidor.



Como opera el negocio en Colombia, Ecopetrol les vende la gasolina a los mayoristas (Exxon Mobile, Shell, Terpel y Texaco) y estos se la distribuyen a los minoristas, que tienen contratos de exclusividad con cada una de estas empresas. En teoría, solo le pueden comprar a una de ellas.



Pero, de acuerdo con mayoristas consultados, algunas estaciones de servicio están haciendo un buen negocio al amparar la gasolina legal con la ilícita. En este caso, el minorista se gana la diferencia de precios, ya que no reduce el precio de venta al público. De acuerdo con Ecopetrol, un carrotanque de 10.000 galones de gasolina robada le puede dejar a la estación de servicio una ganancia de $13,5 millones. En el caso del contrabando, no hay estimaciones, aunque la utilidad debe ser menor, ya que para adquirir la gasolina tienen que pagar entre $500 y $785 por galón.



A pesar de saber en muchos casos cuáles de sus minoristas están distribuyendo gasolina ilegal, los mayoristas no han podido tomar cartas en el asunto. "Se han instaurado demandas, pero eso son pleitos de años", afirma un mayorista.



Problema de Estado



Las dimensiones que ha alcanzado el comercio ilícito han dado una señal de alarma para que este delito se empiece a considerar como un problema de Estado. No solo por la descomposición social que está generando, y la corrupción involucrada, sino por el peligro al que se exponen quienes luchan contra él. La alarma es tal, que ninguna entidad se quiere atribuir el documento que recoge la estrategia conjunta de acción contra este delito. Como medida preventiva, nadie quiso poner su logo en él.



Esta estrategia plantea que el problema es tan complejo que es necesario agrupar los esfuerzos de todas las entidades que tienen injerencia en el tema para poder trabajar coordinadamente y formalizar una política integral en materia jurídica, legislativa y operativa.



El actual gobierno ha hecho progresos en el asunto. Luisa Fernanda Lafaurie, ministra de Minas, asegura que dejará firmado el decreto que obliga a la marcación del combustible mediante un componente químico, lo que es considerado indispensable para diferenciar la gasolina legal de la ilegal. Además, afirma que este gobierno va a presentar una modificación al Código Penal para agravar las penas por hurto o por contrabando, y para que este delito ya no sea excarcelable.



El otro punto es el del transporte, en el que se estudian medidas para fijar una guía única de transporte con vigencia de 24 horas, y el establecimiento de horarios y rutas en todo el país para poder hacerle seguimiento a la carga.



Tanto la marcación de la gasolina como el control en el transporte son herramientas consideradas indispensables para hacerle un seguimiento a la carga y tener pruebas para actuar cuando se presenten desviaciones.



Como es poco probable que el gobierno venezolano reduzca a corto plazo los subsidios a la gasolina, por la sensibilidad que despierta este punto, y mientras la diferencia de precios siga existiendo será rentable contrabandear, el control policial en los dos países será decisivo para detener este delito. El otro punto es el del hurto del poliducto, cuya vigilancia se debe intensificar.



"Para aplicar esa política nacional es necesario responsabilizar a un solo funcionario. De lo contrario, se puede correr el riesgo que todo quede en buenas intenciones, pero escasos resultados", afirma Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo.



Por su parte, los mayoristas están pensando en desarrollar un "plan de calidad y cantidad garantizado", para motivar a los consumidores a acudir a las estaciones de servicio que tengan este "sello de garantía". De esta forma, los clientes ejercerían un control social contra quienes no pasaron los operativos de control de la Superintendencia de Industria y Comercio.



En este problema todos tienen responsabilidad. Se debe actuar coordinadamente para obtener resultados, y para controlar los casos de corrupción que muy probablemente se presentan en la mayoría (o en todas) de las entidades públicas y privadas involucradas.



Se calcula que este año, entre hurto, contrabando y mezclas, las pérdidas para el país serán superiores en $60.000 millones a las del 2001. El nuevo gobierno tendrá, entonces, el deber de cerrar una vena rota que, además, le podría ayudar a mitigar en parte su problema fiscal.



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