"Los distribuidores minoristas de gasolina no deberían competir con los mayoristas que operan directamente sus estaciones de servicio. Estos últimos tienen los dos márgenes de ganancia y pueden vender a un menor precio, sacándonos del mercado". Jorge Cañizares, Fendipetróleo.

| 3/7/2003 12:00:00 AM

Gasolina: mayoristas vs. minoristas

El foco de la discusión sobre un proyecto de ley que prohibe la integración vertical de la cadena de distribución de gasolina debería ser los intereses del consumidor.

Shell está penetrando fuertemente el segmento de estaciones de servicio en las grandes ciudades, después de haberse retirado del mercado de combustibles hace 10 años, y con sus inversiones por cerca de US$50 millones ha dinamizado el sector de distribución de la gasolina. Esta movida ha causado airadas reacciones por parte de los distribuidores minoristas, pues se sienten amenazados por esta visible y renovada competencia.

Fendipetróleo, el principal gremio que reúne a los distribuidores minoristas de gasolina del país, ha impulsado un proyecto de ley para prohibir que los mayoristas puedan integrarse verticalmente, el cual se debatirá a partir del próximo 26 de marzo en la Comisión V de la Cámara de Representantes. En otras palabras, el proyecto pretende que los mayoristas que compran y almacenan el combustible refinado por Ecopetrol no puedan operar directamente sus propios puntos de venta. La preocupación de los minoristas es que si los mayoristas operan directamente las estaciones, estos últimos pueden darse el lujo de perder en un bolsillo pero ganar en el otro, y eventualmente sacarlos del mercado. Hoy, los márgenes por galón son de $156 para el mayorista y de $237 para el minorista. Y, por tanto, los mayoristas con una doble participación en la cadena, como mayoristas y minoristas, pueden romper los márgenes del negocio e inducir una reducción en los precios y en los ingresos de los minoristas.

Sin embargo, no es claro que el Estado deba intervenir en este tema y hay una gran duda sobre su papel en este enfrentamiento entre mayoristas y minoristas en el contexto de un negocio que mueve $7 billones al año. ¿Debería regularse el negocio con una ley de la República? En años pasados, la Superintendencia de Industria y Comercio no ha encontrado méritos para abrir una investigación sobre la integración vertical en el sector de la gasolina, en gran medida porque el porcentaje de ocurrencia de este fenómeno es muy bajo. El proyecto de ley se ha movido por los intereses de un gremio por medio de un ponente en la Cámara. Por tanto, en el debate que viene en las próximas semanas debería primar la defensa del interés del consumidor colombiano.



El debate

Las 29 estaciones nuevas y modernas de Shell se notan ya en puntos muy estratégicos de las grandes ciudades, con una inversión promedio de US$500.000 cada una. Shell sostiene que no las opera ni ha operado ninguna estación de servicio en forma directa. "Hemos sido impulsores de la generación de empresas colombianas, de empresas medianas que a su vez generan cerca de 30 empleos directos por estación, 50 directos en la fase de construcción, y muchos indirectos relacionados con los servicios en torno a las mismas actividades de las estaciones", respondió a Dinero un vocero de la compañía al preguntársele sobre la figura jurídica de sus puntos de venta. Esta respuesta no arroja mucha claridad sobre el tema.

El representante a la Cámara Luis Fernando Duque, ponente del proyecto, afirmó a Dinero que cree en la defensa de los derechos de los minoristas, pues aduce que son víctimas de un abuso por una posición dominante ejercida por los mayoristas.

Hay un gran debate sobre este punto. Alejandro Martínez, de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), que representa a los mayoristas, sostiene que el actual control de los mayoristas sobre la distribución minorista no alcanza para imponer condiciones de precios en el mercado. En Colombia, los mayoristas apenas operan directamente un 4,6% de las 2.389 estaciones de servicio que hay en el país. Lo común es que los minoristas operen sus estaciones bajo diversas categorías de contratos, por ejemplo, bajo un contrato de administración o franquicia de estaciones de servicio "abanderadas", con alguna de las marcas Esso, Mobil, Shell, Texaco, Terpel o Brío. Si se estima que el negocio de una estación de servicio renta un 18% real, en el contexto de un mercado de menor tamaño en comparación con los niveles de demanda de 1991, esto de por sí clamaría una mayor competencia.

Por su parte, la evidencia internacional sobre la inconveniencia de prohibir la integración vertical para preservar los intereses de los consumidores es contundente. Un documento de la Federal Trade Commission (FTC) demuestra que después de prohibirse la integración vertical en el estado de Maryland, en Estados Unidos, el precio de la gasolina al usuario final aumentó en US$0,06. Otros trabajos sobre el tema obtienen resultados similares en otros 6 estados de ese país, cuya experiencia es muy citada en la exposición de motivos del proyecto de ley. Por tanto, considerando que en Colombia la integración es muy pequeña, cabe preguntar la conveniencia de una ley que perjudique al consumidor.

Un consultor experto en el tema, y que pidió mantener su nombre en reserva, afirmó a Dinero que este tema es más una decisión política que económica. "En gas y en energía, hay restricciones a la integración vertical por la posible manipulación en precios. Pero en el caso de la gasolina en Colombia esto no es tan claro. Homologar las normas y aplicarlas al sector de combustibles es, en últimas, una decisión del gobierno, pues en realidad toda esta iniciativa es una pelea por unas rentas y entre unos gremios, uno de los cuales, el de los minoristas, tiene la capacidad de paralizar al país".

Por último, los mayoristas sostienen que es necesario contar con algunas estaciones operadas por ellos para poder tener una plataforma con los estándares de seguridad, calidad y servicio del negocio. Afirman que si se aprueba la reforma, las empresas mayoristas que operan sus puntos de venta tendrían que replantear su operación en el país, dado el cambio en las reglas del juego. Y enfatizan que esto es a todas luces indeseable, desde el punto de vista de atracción de inversión extranjera al país.

Los minoristas ahora tendrán que demostrar que la acción que quieren tomar para limitar la competencia de los mayoristas no aumentaría el precio de la gasolina en Colombia y, por tanto, no afectaría los intereses de los consumidores. Y tendrá que darse alguna definición sobre el papel del regulador y del Estado en este tema. Dinero estará pendiente del desarrollo de los debates y decisiones que se tomen sobre este tema crucial.
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