| 8/1/1997 12:00:00 AM

Fuera de control

Crimen y violencia están postrando al sector productivo colombiano. En realidad, ya no parece haber fortín seguro contra la delincuencia.

Como empresario o simple ciudadano, usted muy posiblemente ha tenido experiencias personales -directas o cercanas- frente a la ola de delitos que envuelve a la sociedad colombiana: robos, atracos, estafas, actos violentos contra la propiedad, amenazas, solicitudes de soborno, piratería, corrupción, extorsión y secuestro. Son atentados que realizan, cada vez menos, paupérrimos delincuentes de la periferia, y cada vez más, trabajadores de cuello blanco, comerciantes con hojas de vida limpias y, claro está, frías, calculadoras y sangrientas bandas del crimen organizado y la guerrilla.



Como mal endémico de la sociedad colombiana, la violencia afecta a todos los estratos de la población, pero últimamente se ha convertido en la mayor preocupación diaria para el sector productivo y en el más difícil obstáculo para el desarrollo normal de economía.



Una encuesta realizada a principios de 1996, entre empresarios de distintos sectores, revela que el 31,4% de las empresas consultadas había sido víctima de robo; 18,3%, de atraco; 13,6%, de actos violentos; 13,1%, de amenazas contra la integridad personal; 12,5%, de pedidos de soborno; 8,5%, de actos de piratería; 4,0%, de extorsión, y 2,8%, de secuestro.



Según el investigador y académico Mauricio Rubio, de la Universidad de los Andes, la violencia le cuesta a Colombia cada año el equivalente al 15% de un Producto Interno Bruto de US$80.000 millones, con el agravante de que sus consecuencias indirectas -desestímulo a la inversión nacional y extranjera- le roba otros dos puntos adicionales, para un total de 17%. Y si a esta cifra se le suma el impacto económico de la corrupción, o sea, un 4% adicional del PIB, se tiene que casi la cuarta parte de la riqueza nacional se pierde en los turbios caminos de la ilegalidad, sin mencionar el "conejo" tributario, calculado entre un 30 o 40% de los recaudos. La corrupción ha calado tan hondo que el nuevo comandante de las Fuerzas Militares, general Manuel Antonio Bonett, dijo en días pasados que en Colombia es más fácil combatir la guerrilla que la corrupción. En casi 50 años de lucha permanente, la guerrilla no ha podido ser doblegada.



En un informe realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo se recalca que, aparte del elevado costo humano y social, la violencia y el crimen representan el más serio reto al desarrollo económico del país en el largo plazo. "Definitivamente, es un desangre mutilante de recursos que deberían destinarse a apalancar el progreso".



Para un grupo como Industrias Alimenticias Noel, productora de galletas, carnes, enlatados y confitería, el cuidado de su mercancía, camino de los puertos o centros de distribución, exige toda una operación logística que involucra a escoltas motorizados. Cifras divulgadas por su presidente, Rafael Mario Villa, indican que Noel gasta anualmente cerca de $2.000 millones en ese rubro. "Así, quién puede trabajar competitivamente; es un gasto que nuestros competidores internacionales no hacen". E igual ocurre con la mayoría de firmas del sector productivo.



La Fiscalía General de la Nación no duda en decir que el crimen organizado, exceptuando el narcotráfico, se ha convertido en un negocio más rentable que el anterior, sin tener que exponerse a la persecución de otras policías y de otros gobiernos, y con la garantía de que, al aplicar grandes dosis de violencia, cobra una fuerza casi invencible, que le permite influir en la toma de decisiones penales para jamás ver lesionados sus intereses.



Según el BID, todo esto se combina con un elevado grado de ineptitud y falta de preparación por parte de la fuerza pública, amén de la complicidad de personal corrupto y de un sistema judicial débil y sin recursos. Un alto funcionario de la Fiscalía confiesa que, pese al despligue de recursos monetarios y humanos para controlar la desbordada ola de delitos, esa entidad apenas alcanza a llegar a los autores materiales. "Los autores intelectuales siguen resguardados detrás de sus fortunas y sus conexiones", dice. "A los atracadores detenidos simplemente se les reemplaza".



Y lo peor de todo es que solamente el 3% de los delitos es castigado, mientras que la pena promedio, en caso de que haya juicio y condena, no pasa de dos años y medio. En el caso específico de robo de automotores, las conductas son, incluso, excarcelables. "Uno no debe entonces sorprenderse de que el crimen organizado se haya disparado en Colombia", dice Rubio.



El elemento más dramático es que el fenómeno cuenta con la ayuda y participación de miembros corruptos de la fuerza pública, al igual que de empresarios, comerciantes y transportadores también torcidos que conforman los canales de reducidores. Está tan irrigado e incrustado el problema en la sociedad civil que, en palabras de un investigador de la Policía Técnica Judicial (PTJ), "ya nadie le quiere poner el pecho al problema". La actividad delictiva, el engaño y la marginalidad legal han comenzado a ser parte integral de la vida colombiana, igual que lo es el uso de la violencia para evitar ser aprehendidos y sancionados.



En realidad, ningún alcalde colombiano, y menos ninguna autoridad nacional, ataca frontalmente el problema. Un dirigente gremial manifiesta que los empresarios desconfían de las autoridades y no se atreven a denunciar lo que saben por miedo a que el rumor llegue a oídos del enemigo. Recuerda la ocasión en que un invitado a esas discusiones habló más de la cuenta, y fue acribillado a los pocos días.



Por otro lado, ni el Estado colombiano, y menos su Policía y Fiscalía, tienen un plan integral contra la inseguridad, que sirva de base a empresas y ciudadanos para estar mejor preparados. "Aquí cada cual marcha por su lado y nadie va para ninguna parte", dice un investigador de la PTJ.



Cifras esparcidas en distintas en- tidades indican la magnitud del problema. La Organización de Naciones Unidas informó en Bogotá que solamente el narcotráfico es responsable de ingresar al país, anualmente, entre US$2.000 y US$5.000 millones, con toda su secuela de corrupción y violencia, que contamina hasta las más altas esferas del poder.



Paralelamente, el contrabando generalizado ronda entre los US$1.500 millones y US$3.000 millones anuales, en su mayoría utilizado para el lavado de divisas. Y el contrabando de textiles, calculado en US$500 millones, equivale a los ingresos anuales de Fabricato y Coltejer, conjuntamente. Si se incluye el contrabando técnico, la cifra asciende a US$1 billón. Por esta razón, los textileros se han visto impedidos de crear 13 mil empleos directos y 40 mil indirectos, alimentando con ello la inseguridad y la violencia.



El sistema de los Sanandresitos, acogido con ahínco por la ciudadanía, registró, en 1985, ventas brutas que representaban el 13,7% del PIB del comercio formal. En 1996, esa cifra aumentó a 25,6%. El año pasado, el lavado de dólares por ventas en los Sanandresitos, según un estudio preparado para el Banco de la República por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, fue de más de $880.000 millones. Si bien el 61% lo componían mercancías extranjeras, el 39% restante correspondía a productos de origen nacional, muchos con marcas falsificadas.



El abigeato y el secuestro, por otra parte, produjeron en 1996 un ingreso para sus promotores de $1.054 millones, mientras que el robo de vehículos, en términos solamente de las pólizas de siniestro pagadas por las aseguradores, supera, en el primer trimestre de 1997, los $26.600 millones, para un total de 2.300 automotores.



El año pasado, según la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, se pagaron $113.000 millones por el hurto de 9.942 vehículos. La cifra total, sin embargo, es mayor, pues la cultura de protección de este bien patrimonial no es masiva en Colombia.



Por su parte, la Confederación de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar, reveló que durante el primer trimestre de 1997 se perdieron, por piratería terrestre y ataques guerrilleros, alrededor de 4.667.000 toneladas de mercancías, es decir, el 17% de un total transportado de 27.454.000 toneladas. Si se tiene en cuenta que, por razón de la desaceleración, hubo una contracción del 1,6%, o sea 446.000 toneladas con respecto al mismo período del año anterior, la acción de la delincuencia produjo más pérdidas que la recesión económica en este sector.



La piratería es quizás el flagelo más preocupante que encaran los industriales colombianos, grandes y pequeños, principalmente en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Cifras recopiladas por Defencarga, entidad que agrupa a empresas y dueños de camiones y tractomulas, las pérdidas, en 1990, alcanzaron los $4.500 millones; dos años más tarde, en 1992, habían subido a $24.300 millones, es decir, cuatro veces más; en 1995, el negocio de la piratería causó pérdidas a industriales y transportadores por $110.400 millones. Las cifras para 1996 mejoraron un tanto, en parte por la acción del grupo Antipiratería Terrestre conformado por la Sijin. Para ese año, se registraron 2.350 casos por un valor de $93.090 millones, una cifra todavía preocupante. Este año el fenómeno va en aumento nuevamente.



"El daño no tiene limitaciones", dice un documento sobre inseguridad en el transporte físico de carga, preparado por Juan Carlos Osorio, ex presidente de Defencarga. "Por el contrario, el mal se disemina, se esparce en toda la estructura del transporte, en el comercio, en la industria, en las instituciones públicas y privadas". Según Osorio, el trauma estuvo, por mucho tiempo, circunscrito a pocas empresas, pero hoy es generalizado.



Los principales ítems perseguidos por la delincuencia incluyen llantas, insecticidas, productos químicos; jabones, rancho y licores, electrodomésticos, parafina y polietileno; cigarrillos, víveres y alimentos, textiles y confecciones; café, maíz, lubricantes, cemento, artículos de ferretería, azúcar, torta de soya, hierro, herramientas y soldaduras, entre otros.



Para deshacerse del cuerpo del delito, las organizaciones cuentan, según las autoridades, con un complejo sistema logístico, computadores, información fresca sobre despachos, bodegas para el almacenamiento de la mercancía robada, "ejecutivos de venta" y comerciantes y empresarios cómplices para una rápida distribución en tiendas y supermercados en todo el país. Investigadores de la Fiscalía dicen que los precios se quiebran considerablemente en comparación con los del fabricante, pero los productos siguen teniendo el sello de garantía original.



En las acciones delictivas de gran calado -que según Colfecar se concentran, en un 67%, en el casco urbano de las ciudades donde tienen sede los centros de producción- participan de 15 a 20 hombres, intercomunicados con radioteléfonos y coordinados por un jefe. Según la Fiscalía, las pocas investigaciones que han logrado realizarse indican que, en la mayoría de los casos, hay colaboración interna de funcionarios de las empresas afectadas. Y son pocas las pesquisas debido a que los propietarios de la carga y de los vehículos prefieren reclamar el seguro que iniciar largos trámites judiciales, garantizando así la continuación del fenómeno.



En robos de menor cuantía, contra pequeños furgones y vehículos ligeros, participan cinco o seis personas, que distribuyen los productos en tiendas periféricas y obligan a los propietarios a comprarles exclusivamente a ellos. "Quien no lo haga, paga con su vida", dice un funcionario de la Fiscalía.



En los robos contra firmas textiles, dicen los agentes, los blue jeans y camisetas van a parar a los mercados callejeros, muchas veces teñidos o con etiquetas cambiadas, labores que se ejecutan en talleres de confección aparentemente legales.



Aunque las investigaciones han arrojado nombres y lugares, los investigadores se ven frenados por dos motivos: primero, porque las víctimas no quieren seguimiento del caso; y segundo, porque si bien se pueden recoger pruebas contra cinco o seis integrantes de una banda, quedan quince o veinte por fuera, prestos a vengar a sus compinches. Y lo que es peor aún, los autores intelectuales se mantienen intocables.Varios puntos neurálgicos han sido identificados como zonas calientes de la piratería terrestre. Entre ellos, la autopista Bogotá-Medellín, la ruta Bogotá-Bucaramanga, Medellín-Costa Atlántica-Guajira, Bucaramanga-Costa Atlántica, Buenaventura-Cali, Cali-Medellín, y Cali-Bogotá, entre otras. En el perímetro urbano, los robos se realizan, muchas veces, a pocas cuadras del establecimiento afectado.Desde el punto de vista de seguridad y protección, se han constituido verdaderos aparatos militares, con escoltas en moto y carros acompañantes, pero muchas veces caen todos en las manos de los ladrones, si no es que son ultimados.



De un tiempo para acá, los vehículos están siendo dotados de equipos de comunicación en red y dispositivos satelitales, pero aún no son de uso común. También se han establecido puntos de control a lo largo de los corredores viales más peligrosos, con la idea de monitorear el paso de los automotores frente a tiempos de viaje preestablecidos. Cualquier demora no contemplada lanza la alarma respectiva a las autoridades.



Frente al monu- mental elefante de la violencia y la delincuencia, falta desarrollar una cultura sobre el riesgo, que permita no reaccionar ante los hechos delictivos, sino prevenirlos. Osorio, ex director de Defencarga, sostiene que parte del problema es la carencia de un adecuado perfil y capacitación del empresario en el campo de la administración de riesgos, y la ausencia de inversión en cuanto a equipos, sistemas y programas de seguridad. Actualmente, con la coordinación del Ministerio de Minas y Energía, se elabora el borrador de la primera estrategia integral de riesgo que tendrá Colombia. Pero su implementación tardará años. Así mismo, han surgido empresas como Control Ltda., especializadas en filtrar nuevo personal.



Colfecar pide, entonces, medidas precisas para el control de robos en carretera y en los cascos urbanos; dedicación de más bloques de búsqueda para el desmantelamiento de las organizaciones dedicadas a la reducción de las mercancías; la tipificación de la piratería terrestre como un delito que afecta el orden público, con el fin de endurecer las penas para combatir esta modalidad delictiva.



En el sector petrolero, la inseguridad proviene de los grupos alzados en armas, que han convertido las instalaciones, el personal y los oleoductos en objetivos militares. En doce años de continuos hostigamientos, la tubería ha sufrido cerca de 480 ataques dinamiteros, con un costo de US$1.600 millones. Es una cifra que equivale al crecimiento de la economía colombiana en 1996, y eso que 11 mil de los 80 mil soldados colombianos están asignados a la protección de la infraestructura petrolera. Empresas como Kroll Associates, Defense Systems de Colombia, Control de Riesgos, Acon Security y Global Security han comenzado a multiplicarse. Casi todas intermedian, negocian y tratan de prevenir secuestros, y ofrecen asesoría que va desde la movilización restringida del personal hasta la construcción de bunkers para las empresas amenazadas.



El DAS sancionó recientemente a varias de ellas porque, haciendo uso de la cultura colombiana de la ilegalidad y contratando ex miembros de las Fuerzas Militares, obtuvieron información confidencial y clasificada del Estado para enterarse de las regiones con situaciones de riesgo crítico y de las órdenes de batalla impartidas por los distintos grupos subversivos.



Quizá para evitar el pánico financiero, el sector bancario y los establecimientos crediticios protegen celosamente la información sobre robos, desfalcos, penetración en las redes informáticas y violación de cajeros automáticos. Pero se tiene la certeza que por la ruta de la delincuencia en esta actividad se pierden anualmente más de $20.000 millones.



¿Quién puede hincarle el diente a este duro hueso?



Es algo que, en la victimizada Colombia de hoy, nadie puede anticipar. Hay, ante todo, un vacío de liderazgo, desde la Presidencia de la República hasta los organismos de seguridad, pasando por los empresarios y la misma ciudadanía. Un hecho cierto es que la amenaza está ahí. Los colombianos tendrán, simplemente, que aprender a asumir el riesgo y -entendiendo sus causas y naturaleza- aprender a administrarlo.
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