| 3/1/1995 12:00:00 AM

Fortín autenticado

Durante la administración Gaviria se crearon 231 nuevas notarías y se dejó en interinidad a 294 notarios.

E1 sonado episodio del notario 23 de Bogotá, Camilo de Luka, quien al llegar a la edad de jubilación recordó que no cumplía 65 años como decía su hoja de vida sino 64 y quiso probarlo, puso nuevamente sobre el tapete la antigua idea de que el notariado es un negocio lucrativo y vitalicio y que hay que pertenecer a la rosca para poder acceder a él.

La Constitución de 1991 recogió algunos de estos rumores y estableció que los notarios sólo pueden ser nombrados en propiedad a través de un concurso. Hasta entonces, el gobierno podía obviar este requisito, ya que la ley le permitía hacer directamente los nombramientos. Pero a pesar de las buenas intenciones de los constituyentes, casi cuatro años después de promulgada la Carta Magna no se ha realizado ningún concurso y en cambio se ha dejado en interinidad a 294 notarios. En otras palabras, se acabaron los nombramientos a dedo para el ejercicio en propiedad de los cargos, pero se reemplazaron con los puestos interinos.

Para algunos, esta situación se explica por la demora del gobierno en presentar el proyecto de ley que reforma el Estatuto Notarial. Para otros, es una clara muestra de que las notarías siguen siendo un fortín político. Quienes esgrimen esta tesis consideran que el ejemplo más palpable de que les asiste la razón es el revuelo que causó entre los gobernadores la decisión de la Superintendencia de

Notariado y Registro de imponerles un concepto previo a los nombramientos interinos que hicieran en este campo. Precisamente, uno de los motivos por los cuales se tomó la medida en diciembre pasado, fue evitar que los burgomaestres salientes dejaran nombrados a todos los notarios.

Otra señal que consideran un claro indicio de reparto burocrático, es que según datos de la Superintendencia, durante la administración Gaviria se crearon 231 nuevas notarías, de las cuales 65 son de primera categoría, es decir, que las nombra directamente el presidente. Esta tesis es descartada por los menos suspicaces, que opinan que el "boom" se debió a la política de apertura económica de la pasada administración, que buscaba crear competencia en todos los frentes. ¿Quién tendrá la razón?

El hoy secretario de la Organización de Estados Americanos nombró a reconocidos personajes de la vida nacional en las notarías bogotanas, como es el caso de Germán Vargas Espinosa, notario 50 y papá del senador Germán Vargas Lleras, del concejal Enrique Vargas Lleras y del secretario privado del presidente Samper, José Antonio Vargas Lleras. A Aníbal Fernández de Soto, ex alcalde de Bogotá, le dio la notaría 52; a Marco Tulio Gutiérrez, quien ha sido la mano derecha de Ernesto Samper por más de una década, lo nombró en la notaría 23, semanas antes que se posesionara el nuevo mandatario, y a

Carlos Albán Holguín, político conservador, le dio la novena.

Dos personas allegadas a la ex canciller Noemí Sanín también fueron designadas en notarías. Su hermana Beatriz, en la 35, y en la 25 Wilma Zafra Turbay, su mano derecha en el Ministerio de Relaciones Exteriores, e hija del político Gustavo Zafra. El nombramiento de Beatriz se produjo en momentos en que Noemí estaba en plena campaña para llevar a Gaviria a la OEA.

Sólo basta mirar el directorio telefónico para observar que hay varios notarios que son o tienen relación con destacados personajes de la vida pública, así hayan sido nombrados por otros gobiernos. Tales el caso de Magda Turbay e Irma Sus Pastrana, sobrinas de dos ex presidentes de la República. Otras personalidades que hoy ocupan notarías son Rodrigo Escobar Navia, ex ministro de Gobierno, y Olga Duque de Ospina, esposa de un hijo del ex presidente Mariano Ospina.

S i se quiere entender el porqué de las acusaciones sobre politización en las notarías y el propósito de la Constitución de democratizarlas, es necesario comprender cómo funciona el ascenso en esta profesión. Hay tres clases de notarios: interinos, en propiedad y de carrera. Los que están en propiedad son nombrados por el presidente o los gobernadores, dependiendo de la categoría de la notaría. Antes de la Constitución, la ley establecía que el nombramiento debía ser por concurso, pero que si no se efectuaba, se podía realizar directamente. La dispensa condujo a que en la mayoría de los casos se asignaran los cargos sin cumplir con este requisito. Una vez entró en vigor la Carta Magna, se convirtió en inconstitucional nombrar notarios en propiedad sin que hubiera de por medio un concurso.

Para entrar en carrera, la persona en propiedad ejerce sus funciones por cinco años, después de los cuales debe presentar un examen para ser ratificado. Si lo pasa, puede conservar su puesto hasta que cumpla 65 años, salvo que infrinja las normas que rigen el notariado. Este beneficio hace pensar que quien consiguió una notaría, se ganó el premio mayor, porque tiene ingresos asegurados hasta su jubilación. Los notarios consultados afirman que sus cargos distan mucho de ser vitalicios, precisamente porque deben participar en un concurso antes de entrar a carrera, y para hacerlo es necesario tener una hoja de vida sin tacha. Mejor dicho, las palancas -si las hay- funcionan para hacerlos nombrar en propiedad, pero no para que entren en carrera.

La creencia de que las notarías son un magnífico negocio no es aplicable a todas. De las 800 que funcionan en el país, más de la mitad reciben subsidio del Fondo Nacional del Notariado, porque sus niveles de escrituración no son suficientes para mantener la prestación del servicio. Hay que tener en cuenta que una vez obtenido el cargo, el beneficiario tiene que correr con los gastos que acarreen el local y la operación.

Se puede decir que de las 800 notarías que hay en el país, sólo 114 tienen altos ingresos, es decir, las que están ubicadas en Bogotá (59), Medellín (27), Cali (19) y Barranquilla (9). Según un reconocido notario, "el negocio era bueno antes de la Constitución, porque ahora debemos entregar el 10% de nuestros ingresos brutos para la administración de justicia". En la nueva Constitución se ordenó a las notarías dar un aporte especial a este rubro.

Aun dentro de las grandes ciudades, la ubicación puede ser importante para mantener un buen nivel de autenticaciones y tener un flujo seguro de efectivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una autenticación vale $200, por lo que se necesitaría un gran volumen de operaciones para que el notario pudiera vivir de este servicio. Lo que definitivamente hace rentable esta actividad es la escrituración. El precio de una escritura varía dependiendo de su cuantía. Si el acto es inferior a $100.000, la tarifa es de $4.500. Si pasa de esta suma, se cobra el 2,5/1.000 sobre el exceso. Es decir, que si se hace una escritura por $5 millones, el usuario debe pagar $4.500 por los primeros $100.000, y $12.250 por los $4.9 millones restantes. Obviamente, los ingresos de la notaría crecen en cuanto mayor sea el valor de la escritura. En este servicio, el lugar donde esté ubicada la notaría no es tan importante. Para la muestra un botón: las notarías del Chico escrituran ventas de casas que tienen un precio comercial de $300 millones, por tan sólo $4.7 millones, ya que las tarifas se cobran sobre el avalúo catastral.

En Medellín se sabe que hay notarías que dan una especie de comisión a sus empleados por las escrituras que consigan, lo cual ha desatado una "guerra" no muy santa por los clientes. Los "protocolistas", como los llaman, van hasta las obras en construcción y ofrecen sus servicios. Como no puede haber concesiones en tarifas porque son fijadas por ley, le prometen al cliente mayor rapidez en los trámites e incluso hacerles el papeleo a domicilio. Estas prácticas están prohibidas por la ley, debido a que el notariado es un servicio público y no puede acudir a técnicas aceptadas en los negocios privados. Sin embargo, a pesar de que se han recibido numerosas quejas, no hay sanciones por falta de pruebas.

Con el fin de desarrollar la Constitución y modernizar el servicio, la Superintendencia de Notariado y Registro presentó ante el Congreso un proyecto de ley que debe empezar a ser estudiado a partir de este mes. En él se hace claridad sobre los concursos a que deberán ser sometidos notarios y aspirantes a serlo, y se crea el Consejo Nacional de Notariado, que será el encargado de sentar las bases para celebrarlos. Un punto que desde ya ha causado polémica, es el que desarrolla el principio constitucional de la buena fe. Según el superintendente, Pedro Bonnet, el proyecto. pretende "racionalizar las autenticaciones y reconocimientos estableciendo que sólo proceden en casos expresamente previstos en la ley o si de ellas se derivan reales efectos jurídicos". El problema es que la medida es un golpe directo para el notariado, al reducir sus ingresos, por lo que ya se escuchan voces de protesta contra esta iniciativa.

El proyecto también le asigna un papel clave a los notarios en la solución de conflictos, al establecer que deben prestar el servicio de mediación a "todas las personas capaces de disponer de los bienes, objetos y derechos transigibles, en materia de derecho de familia, derecho civil y comercial". Si el gobierno logra que los padres de la patria aprueben la iniciativa, al menos en sus puntos más polémicos, se habrá dado un paso importante para la democratización del notariado y la racionalización de los trámites ante estas entidades. Lo que se puede asegurar desde ahora, es que el tránsito del proyecto no va a ser fácil.
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