| 4/1/1994 12:00:00 AM

Estatuto Antidumping

Largos procesos y difícil consecución han hecho tropezar su puesta en marcha.

Cuando el país abrió sus puertas al mercado internacional, fue necesario armarse de las herramientas necesarias, para evitar que los bienes provenientes del exterior le causaran algún perjuicio a los productores locales. Lo más corriente en Colombia, y lo más difícil de evitar, es el contrabando. Pero el dumping es una amenaza que inquieta permanentemente a los productores nacionales. Dumping es una palabra difícilmente traducible, que significa que un bien entra a un país a un precio inferior al del mercado interno del país de origen, o aun peor, a un precio inferior a su costo de producción. Tiene sentido vender por debajo del costo cuando se quiere conquistar un mercado. Esta práctica es considerada desleal, pero es difícil demostrarla.

El Estatuto Antidumping establece derechos antidumping y compensatorios, en el caso de que se demuestre la práctica de tales conductas. El Instituto de Comercio Exterior, Incomex, es la entidad encargada de investigar las demandas por dumping e imponer los castigos necesarios.

En el comercio internacional hay varias maneras de causar perjuicio a los productores domésticos: el dumping; los subsidios o subvenciones a la producción, fabricación, transporte o exportación del bien importado o de sus materias primas o insumos; el contrabando, la sub facturación y el contrabando técnico, que es la importación de mayores cantidades de las declaradas, pagando aranceles únicamente sobre las cantidades registradas. La finalidad del Estatuto Antidumping, que ampara únicamente la primera de esas prácticas, es imponer aranceles compensatorios a los bienes que entran al país con precios inferiores a los que rigen en el país de origen.

Una investigación por dumping es dispendiosa y larga. Mucha veces, cuando se demuestra finalmente que sí hay dumping, ha pasado tanto tiempo que el daño ya está hecho: un año de competencia desleal es difícil de resistir. Para realizar cualquier investigación por dumping es necesario hacer un estudio de precios nacionales e internacionales del bien en cuestión, y detectar a qué valor se puede vender el mismo en el mercado local, sin perjudicar a los productores, pero al mismo tiempo evitando que los precios a los consumidores se eleven injustificadamente.

Para que se presente dumping es necesario que se demuestren tres cosas:

Que el producto importado se fabrica en el país y que ingresa a un precio inferior al local, pero que en el país de origen se le vende al importador a un valor mayor si es para el mercado doméstico.

2 Que la entrada de ese producto ocasiona un perjuicio a la producción nacional, en un porcentaje importante del total de productores. Que existe una relación de causalidad entre la importación y la produción nacional, es decir, que la importación está desplazando la producción local.

Qué debe hacer un empresario que esté seguro de que su producto se está viendo afectado por dumping? Lo primero es buscar las pruebas necesarias y presentar una petición formal a la Oficina de Prácticas Comerciales del Incomex, donde un grupo de expertos las analizan y constatan si hay o no un perjuicio, o sea que la carga de la prueba está en el demandante, como ocurre en todas partes del mundo. Si los datos presentados son suficientes, entonces el Comité de Prácticas Comerciales inicia la investigación y en 15 días se debe realizar la evaluación del mérito. En ese momento se lleva a cabo la recepción de conformidad, tal como lo establece el Código de lo Contencioso Administrativo, y se notifica al peticionario.

A partir de entonces, y durante dos meses, el Incomex evalúa la petición y puede solicitar, si lo cree conveniente, nuevas pruebas, no sólo al empresario que pidió la investigación, sino también al importador del producto que se considera está causando el daño. Una vez transcurren esos 60 días, el Instituto decide si hay o no mérito para abrir investigación. En el caso en que se crea necesario realizar la investigación, se publica una resolución motivada que ordena la apertura de la misma. Luego, en un período de cinco meses, se da a conocer lo que se llama "la determinación preliminar". Si no se encuentra causalidad total entre la importación y el perjuicio, el Incomex da por terminada la investigación, y el importador puede seguir adquiriendo el producto sin más inconvenientes.

Pero, si por el contrario, se encuentra que hay mérito, se abre una investigación. Si el producto foráneo ya ingresó al país, se denomina perjuicio evidente, y si está por ingresar (cuando hay un contrato firmado) se le llama amenaza de perjuicio. Entonces el Incomex establece un margen de dumping que se transforma en derecho provisional, lo que significa que a partir de la fecha las importaciones deben cancelar un impuesto para igualar al precio del producto en el mercado local, derecho que se cancela en la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), y para lo cual el importador debe constituir una garantía ante la entidad. Esos derechos pueden durar hasta cinco años y el importador, o incluso el mismo demandante, pueden pedir revisión después de dos años. Los procesos se caracterizan por lo largos que son. Muchas veces los productores nacionales llegan a acuerdos con los importadores, o recurren a otras instancias, porque no pueden físicamente esperar un año hasta que se establezcan derechos compensatorios.

Hasta ahora se ha presentado una docena de peticiones ante el Incomex, de las cuales la mitad ya fueron concluidas, y actualmente hay tres con investigaciones abiertas. Las demás han sido devueltas por falta de información o porque no ameritan la investigación; el 85% de las solicitudes corresponden a dumping y el resto a subsidios.

El Decreto 150 de 1993 determina que el Ministerio de Comercio Exterior "podrá disponer que no se cobren derechos antidumping . o compensatorios, o que se cobren en un monto inferior al margen de dumping o de subvención identificado, o que sólo se cobren a partir de cierta fecha o hasta cierta fecha", lo cual le da plena libertad al Incomex para fijar el nivel y la duración de las tarifas compensatorias.

En los casos de dumping de polipropileno homopolímero de uso general contra Estados Unidos, de ácido ortofosfórico contra Bélgica y Estados Unidos y de fertilizantes químicos compuestos contra Bélgica, se les fijaron derechos compensatorios, mientras que en los casos de importación de glucosa de maíz, almidones y féculas contra México, y de barras de acero contra Cuba, no se establecieron tarifas adicionales. En este momento hay investigaciones abiertas para baterías estacionarias importadas de Alemania, acetato de etilo proveniente de Estados Unidos y lámina cromada que llega de la Gran Bretaña.

Los funcionarios del Comité insisten en que a pesar del poco tiempo (la aplicación del Estatuto Antidumping se inició en 1990), y de que sólo hasta ahora se le reconoce como legal, este instrumento comienza a dar sus frutos y confían en que permitirá conformar las condiciones necesarias para una competencia transparente, sin proteger a industrias ineficientes.

Por otra parte, existe un comité mixto que tiene como tarea evaluar las prácticas desleales de comercio internacional y buscarles solución. Por parte del sector privado lo conforman la Andi, la SAC y Fenalco; por parte del gobierno los integrantes son representantes de los Ministerios de Hacienda, Desarrollo y Agricultura, de la Dian y el Incomex.

Finalmente, hay un sector que está completamente desprotegido en estos momentos, pues no lo cubre el Estatuto Antidumping, que es el de los comerciantes importadores de bienes de consumo final. En muchos casos, sobre todo en alimentos, hay representantes en Colombia que tienen la exclusividad de una , marca, pero enfrentan la competencia de contrabandistas que importan con el llamado "dólar de Cartago", que en estos momentos no llega a $600, por lo que pueden ofrecer precios mucho más baratos que los importadores legales. Esto es patente también en el caso de electrodomésticos y equipos de sonido. Es por ello que sobreviven los San andresitos, a la vista cómplice de todos los demás colombianos, tanto del gobierno como de los particulares.
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