| 10/17/2003 12:00:00 AM

EPM, el debate

Aunque Empresas Públicas de Medellín no tiene dificultades financieras a corto plazo, debe trabajar en la gobernabilidad para que haya mayor transparencia en su gestión y preservar así su salud.

Juzgar las Empresas Públicas de Medellín es una tarea difícil. Aunque es la quinta empresa del país por nivel de ventas y tiene una fortaleza indiscutible gracias a sus servicios integrados, al monopolio natural en servicios públicos básicos en su área de influencia y a la agresiva expansión que ha realizado, también es cierto que funciona por debajo de su potencial.

EPM tiene una caja envidiable -más de $1,2 billones en 2002-, unas ventas que superan los $2,2 billones al año, y unas utilidades netas de $264.472 millones. Pero si se considera que, para generar estos resultados, ha invertido un altísimo capital, el análisis no es tan positivo. Cálculos de Dinero indican que EPM ha destruido valor por cerca de $1 billón anual, en los últimos 3 años, de acuerdo con la metodología del EVA -medición que permite ver la creación o destrucción de valor de las empresas-. Esto quiere decir que los accionistas han obtenido una rentabilidad menor a la que habrían podido recibir por su dinero en otras inversiones en el país.

Por tratarse de una empresa de servicios públicos, podría pensarse que el rendimiento esperado por los accionistas es diferente al del común de las empresas privadas. De ser así, es necesario un componente vital para darle claridad al propósito: transparencia.

Esto ha cobrado nueva vigencia ante las decisiones de esta administración en temas tan controvertidos como la creación de una Fundación para dirigir recursos a obras sociales, la financiación de computadores para la masificación de internet, la creación de un contact center para generar empleo, el manejo tarifario o la entrega del Edificio Inteligente al municipio. Estas acciones han llevado a algunos a pensar, incluso, que de continuar en esta tónica, EPM podría convertirse en el largo plazo en otro Emcali.

La principal amenaza para EPM está en la estructura de poder de las Empresas, centrada en el Alcalde y en su poder de decisión para el nombramiento de gerente y junta directiva, con lo que esto implica: la rotación, cada tres años, de estos cargos. Esto podría llevar a un problema de gobernabilidad, que empresas exitosas como ISA ya han estabilizado.

Blindar a EPM ante cualquier tentación política y administrativa es una prioridad. La situación ha llevado a una preocupación generalizada, pero no solo de las entidades de control que la vigilan. La sociedad civil, que en el pasado no tomaba participación en los procesos, está liderando un seguimiento a EPM en la transparencia de su operación por medio del Comité Cívico.



Las dudas

La preocupación por la suerte de EPM está ligada a la destinación de recursos que no obedecen a su objeto, más aún cuando avanza en un agresivo plan de expansión. Este año, EPM compró la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC) y la Empresa de Distribución de Energía del Quindío (EDEQ). Además, participa con el 50% de la empresa de PCS Colombia Móvil, y adelantará la construcción de la central hidroeléctrica Bonyic en Panamá. Estas inversiones ascenderán a cerca de US$300 millones. Tiene, además, participación en 18 empresas; en 11 de ellas posee el 50% o más. Aunque aún no lo ha definido, podría apostarle a Ecogas y a la privatización del negocio de telecomunicaciones en Ecuador.

Para apalancar este crecimiento, EPM cuenta con recursos propios, pues si bien el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Medellín autoriza al municipio a requerir de sus empresas hasta el 80% de sus excedentes financieros, EPM solo transfiere el 30%. Pero este agresivo plan de expansión la ha llevado a acumular deuda por US$700 millones.

Y las decisiones de la administración la han puesto en el ojo del huracán, pues la destinación de recursos hacia otras actividades y negocios no corresponde al objeto de su negocio.

Una de las decisiones más polémicas es la creación de la Fundación EPM en 2000, mediante la cual se manejan recursos para programas como Una Aventura por mi ciudad o el Parque de los deseos, becas e incluso la donación de recursos por parte de EPM para la compra de computadores. Si bien el fin perseguido con las donaciones podría tener beneficios sociales, los recursos entregados -unos $42.467 millones- no corresponden a un servicio público domiciliario. Según un informe de la Contraloría, "la donación entregada por EPM a la Fundación no debió hacerse y se torna posiblemente en una desviación de recursos por parte de la entidad pública".

Otro programa que tiene reparos es el de la masificación de internet. Desde su campaña, el entonces candidato Luis Pérez planteó como uno de los objetivos dar una mayor cobertura de internet en la ciudad, para llegar incluso a los estratos más bajos. Pero la ejecución del programa ha tenido tropiezos. La administración se casó con la colocación de 200.000 computadores, lo cual implica un riesgo muy alto porque no se conoce la dinámica del mercado y de no venderse la totalidad de los equipos, EPM tendría que asumir el costo de los restantes. Además, los estratos 1 y 2 presentan un factor de riesgo para el éxito social del programa. De acuerdo con la Contraloría de la ciudad, solo el 18% de la población de estos estratos tiene capacidad de ahorro y de estos únicamente el 8,3% puede ahorrar hasta $50.000 mensuales, cuando las cuotas de la oferta comercial van de $54.000 a casi $60.000 mensuales. Esto explica el redireccionamiento de la estrategia. Según el mismo informe, en la ejecución del programa la participación del sector residencial pasó de un 75% a un 35% y el no residencial de 25% a 65%. De hecho, de 16.884 equipos que se entregaron al sector no residencial a abril pasado, el municipio y EPM adquirieron el 84%, cuando solo podían comprar 4.000.

En cuanto a la financiación del programa, EPM la asume para los usuarios de Medellín. La misma Contraloría considera que se pudo haber incurrido en un posible detrimento fiscal por más de $1.400 millones.

Otro punto complejo es el contact center, que obedece a la posibilidad de explotar la atención de llamadas telefónicas, o vía internet y convertir a Medellín en el eje de este negocio. "El mercado está saturado y la entrada de un jugador de estas dimensiones aumenta la oferta nacional en momentos en que la iniciativa de atraer llamadas del exterior requiere mucho tiempo", explica un analista.

EPM ha invertido en el contact center unos $34.000 millones para 1.500 puestos de trabajo. La entrada de Colombia Móvil, de la cual posee el 50%, mejora las perspectivas, ya que se convertirá en un cliente vital para el negocio.

En el sector energético, el tema tarifario es el que genera dudas. Si bien es cierto que EPM tiene altas eficiencias y produce energía más barata que en otras partes del país y ya amortizó buena parte de sus plantas hídricas, las tarifas preocupan. Por un lado, para que se paguen al menos los incrementos de las tarifas de acuerdo con la inflación y en los marcos legales, pero también en el gran desequilibrio que existe entre los municipios antioqueños y los del resto de Antioquia. "Hay diferencias de más del 60% entre lo que se paga en la ciudad y lo que se paga en otras partes del departamento", explica Jorge Mario Angel, presidente del Comité Cívico.

Finalmente, una de las decisiones más controvertidas de la administración fue el traspaso del Edificio Inteligente al municipio y por el que EPM paga un arriendo anual de $18.000 millones. La idea con esta 'movida' es disminuir el pago de impuestos nacionales. "Se trata de una optimización tributaria", explica Urrego. Sin embargo, la decisión es muy cuestionable porque las empresas no deben ser disminuidas en su patrimonio, pues es fundamental para realizar gestiones de crédito y podría generar desconfianza en los organismos prestamistas.



¿Cómo blindarla?

Más allá de estas decisiones, discutibles o no, la ciudad y el país necesitan aclarar la relación del Alcalde con EPM, pues tiene un poder omnímodo sobre ellas. Y según ejerza ese poder, puede hacer más o menos daño.

La gobernabilidad es vital en el futuro de EPM y ya hay una preocupación generalizada sobre la administración de las empresas. "Las grandes empresas entienden que no es aconsejable ni administrativamente sano cambiar el gerente y los miembros de la junta directiva cada 3 años. Hay que darle continuidad a la junta. Además, aunque se reconozca que el alcalde es el representante de los dueños, un gerente no tiene por qué cambiar si ha realizado una gestión adecuada. Este es un tema profundo que trasciende el período de un alcalde", explica Angel, del Comité Cívico.

Según varios analistas se debe propender por la reforma de la Ley 142 de Servicios Públicos en la designación de gerente y junta directiva. "Allí está el verdadero blindaje para EPM", asegura el ex ministro Jorge Eduardo Cock. ¿En qué sentido? En que disponga una forma distinta de nombrar los miembros de la junta directiva y, en lo posible, que la misma junta nombre al gerente.

Además de la transparencia de sus miembros, punto en el cual todos coinciden, la tarea es cómo nombrar la junta y quién debe hacerlo. Las propuestas van desde que la academia, los partidos, los gremios y las organizaciones sociales presenten candidatos, hasta la de crear una junta, similar a la del Banco de la República, cuyos miembros tengan independencia y que sus períodos no coincidan con los del Alcalde.

La otra forma de blindar a EPM es la posibilidad de introducirle capital y manejo privado a la empresa. Pero esta teoría no seduce a ninguno de los candidatos a la alcaldía ni a Medellín, mucho menos en época de campaña electoral. El arraigo que tienen las Empresas en Antioquia no permite hoy pensar siquiera en un proceso de democratización de la propiedad, como el que se vivió con ISA o ETB. Tampoco en crear empresas mixtas para generación o telecomunicaciones, como funcionan sus filiales.

Aunque se reconoce que EPM está lejos de ser Emcali, hay que garantizar que EPM crezca y se sostenga. Un problema financiero para ellas sería funesto en la economía colombiana, pues se trata de la empresa más dinámica en inversiones de servicios públicos y en nuevos proyectos. Por eso, es necesario hacer estas advertencias ahora, cuando las empresas están bien y tienen un amplio margen de maniobra. No en el futuro, cuando el daño esté hecho y no haya nada qué hacer y cuando el Estado tenga que destinar grandes recursos para salvar las empresas, y se comprometan la cobertura y la calidad de los servicios. No es por ser alarmistas, pero hace apenas 10 años, Emcali era viable y sostenible.
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