EPM, en corto circuito

| 2/2/2001 12:00:00 AM

EPM, en corto circuito

El alcalde de Medellín anunció la descapitalización de la empresa pública más admirada del país para apostarle a un plan de empleo. ¿Cómo afecta esta decisión el futuro de EPM?

Calificado por algunos de populista, por otros de revanchismo de la tradicional clase política liberal y por muchos de radicalmente innovador, Luis Pérez Gutiérrez, el nuevo alcalde de Medellín, ha decidido jugarse una apuesta riesgosa que, de funcionar, podría convertirlo en uno de los mejores mandatarios del país, y de fracasar, podría hacerlo pasar como el hombre que acabó con el patrimonio de los antioqueños.



La sola idea de tocar Empresas Públicas de Medellín (EPM), la empresa pública más admirada y eficiente del país, para descapitalizarla y obtener recursos para la generación de nuevas empresas de ciencia y tecnología, como call centers, maquila de software o moda interior femenina, es riesgosa y controvertible, sobre todo en un momento de expansión y con varios de sus negocios estratégicos con un futuro incierto.



La generación de empresas, en la que el alcalde piensa invertir más de $500.000 millones en los próximos tres años, saldrá de la venta de empresas eléctricas, de gas y telecomunicaciones que el alcalde considera improductivas. Por la venta de las participaciones en ISA, Isagen, Gases de Antioquia, Transmetano, Emtelco y Occel, el gerente de EPM ha dicho que aspira a recibir unos $256.000 millones, que junto a una posible descapitalización, garantizarían los recursos para los planes del alcalde.



¿La propuesta compromete la estabilidad de la empresa? Todo depende de cómo se lleve a cabo. Ex gerentes y expertos consultados por Dinero consideran que EPM tiene suficientes recursos para seguir fortaleciéndose, para cumplir las obligaciones crediticias, que superan los $2 billones, y para financiar el nuevo plan.



La duda está en si al descapitalizarla, la empresa va a tener los recursos de inversión suficientes para seguir participando con éxito en un sector tan competido y de tanto músculo financiero como el de telecomunicaciones, o si lo mejor sería acompañar la descapitalización con la búsqueda de aliados estratégicos en áreas claves del negocio, que le garanticen los recursos y la tecnología necesarios para jugar en un mercado cada vez más globalizado.



Pero más allá de las polémicas declaraciones del alcalde, hay un tema de fondo que se evidenció con el despido de siete gerentes de EPM, entre los que se encuentran por primera vez varios gerentes técnicos. El constante peligro de politización que se cierne sobre esta empresa.



Es evidente que los alcaldes de turno manejan a EPM como si fuera suya. Lo peor es que no hay un mecanismo real de control que sea capaz de fiscalizar las decisiones de alcaldes y gerentes de turno. Los nueve miembros de la junta directiva son elegidos directa o indirectamente por el alcalde, sin contar que él mismo es quien la preside.



Por eso, se debe diseñar un mecanismo que permita que a la junta lleguen las personas más idóneas, pero con real autonomía. Esta propuesta toma carácter de urgencia cuando se piensan liberar multimillonarios recursos. "El alcalde está en la obligación de nombrar a las mejores personas para garantizar el manejo transparente del capital de riesgo", advierte un ex gerente.



Nubes negras



Sin tener en cuenta los efectos que pueda tener una desinversión de EPM, este es un momento difícil para la empresa. En un mundo cada vez más competido, el tamaño de EPM es muy pequeño, por lo menos en energía y telecomunicaciones, áreas en las que se hace cada vez más necesaria la presencia de un socio estratégico.



Por eso, la ciudad debe pensar desde ya, advierte el abogado y columnista Rodrigo Puyo Vasco, si quiere que la empresa subsista en el futuro, si la quiere completamente estatal --un modelo fuera del contexto mundial-- o si la desea con cierta participación privada, con la que sí se liberaría gran cantidad de dinero para hacer inversión social.



Por eso, algunos consideran que la decisión del alcalde de salir de algunos negocios de telecomunicaciones que están en etapa de maduración, así como su no participación en la venta de Isagen es apresurada y va en contra del sueño antioqueño, en materia de energía, de ver integrados bajo su dominio la cadena Guatapé-Jaguas-Playas-San Carlos.



El alcalde puso el tema sobre el tapete y ya se destapan otras alternativas para obtener recursos para inversión social. Jorge Eduardo Cock, ex ministro de Minas, por ejemplo, propone que EPM e Isagen constituyan una nueva sociedad con sus hidroeléctricas, de modo que ninguna empresa pierda dinero y aprovechen los beneficios que se derivarían de un manejo óptimo global del sistema, ya que el funcionamiento independiente genera un sobrecosto estimado de US$200 millones. Después, el Estado, y parcialmente EPM, vendería para obtener sus recursos, sin perder sus bienes.



Pero si en energía hay una dura competencia, la de telecomunicaciones lo es aún más. En un mundo de empresas globalizadas e integradas verticalmente en sus negocios, se necesita una enorme billetera para sobrevivir a los continuos cambios tecnológicos y para defender sus mercados naturales.



La empresa actualmente controla servicios de telefonía básica, larga distancia, transmisión de datos, televisión, pero le falta tener una solución inalámbrica, que estaría dada con las licencias que el gobierno dará de PCS, un sistema que compite directamente con los celulares. El problema es que las licencias se harán por subasta y ya se está hablando de inversiones superiores a los US$500 millones en todo el país o de US$300 millones por cada zona.



Estos y muchos otros planes de expansión se deben definir justamente en un momento en que el alcalde quiere descapitalizar la empresa. Por eso, es decisivo que la ciudad defina los mecanismos de administración que garanticen un manejo estratégico de la empresa a largo plazo, al margen de los vaivenes políticos.
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