Luis Pérez, alcalde de Medellín

| 3/7/2003 12:00:00 AM

EPM Alerta máxima

El manejo tarifario que se está realizando en Medellín, con descuentos y congelaciones, es un incentivo perverso que atentaría contra la viabilidad futura de EPM.

"Duff & Phelps ve con preocupación el motivo por el cual se declaró la insubsistencia del Gerente de las Empresas Públicas de Medellín y considera que es necesario establecer reglas del juego claras, de tal forma que si bien se atiendan las necesidades sociales del municipio, se respete la función empresarial que tradicionalmente han cumplido las EPM manteniendo la independencia que como ente descentralizado debe tener de los objetivos políticos".

Esta advertencia, la primera de esta calificadora sobre una empresa colombiana, refleja la preocupación sobre el futuro de EPM, tras la declaración de insubsistencia del gerente Iván Correa. Según el alcalde Luis Pérez, la decisión se tomó porque Correa desobedeció sus órdenes y aumentó las tarifas de energía en más del 9% para enero de este año, mientras que él decidió subir las tarifas por la inflación y que EPM asuma los costos por encima de este índice.

El debate es grande. Lo que ocurra con EPM va más allá de Medellín, pues su influencia se sentirá en el sector eléctrico y en el país. El efecto dominó del manejo de EPM afectaría otras empresas públicas, aumentando el peso de la política en las decisiones. Si la lectura de Duff & Phelps de la situación contagia los mercados de capital, afectaría la percepción de los inversionistas sobre las empresas colombianas.

Quizás lo único positivo es que por esta crisis el país está mirando a EPM, más allá de su reputación, y sopesa lo que está en juego. La política tarifaria del alcalde Pérez ya va para su tercer año, pero solo ahora se divulgan hechos importantes, como la posición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, sobre no congelar tarifas pues la distribución tiene tarifas definidas, y el inicio de una auditoría por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Esta administración está llevando a EPM a una situación difícil. Por una parte, busca que EPM haga un mal concebido aporte a la situación social de la ciudad, con los limitados incrementos en tarifas. Por otra, pretende que sea un conglomerado en expansión, con inversiones en servicios públicos y telecomunicaciones. A la vez, se niega a dejar entrar un socio externo que capitalice. Es muy difícil que, con estas restricciones, logre esos objetivos. Esta política puede debilitar la empresa hasta llevarla a un punto de no retorno.



La gestión de EPM

El alcalde Luis Pérez está en el ojo del huracán. Es clara la relación entre tarifas y popularidad. En agosto del 2000, Pérez estaba de segundo en las encuestas para la Alcaldía, 30 puntos por debajo de Sergio Naranjo, el líder. Entonces, sacó el as bajo la manga: anunció la congelación de tarifas como parte de su programa de gobierno y se catapultó al primer lugar hasta convertirse en alcalde. Después de dos años de gestión, el alcalde Pérez tiene una favorabilidad del 85%, una de las más altas en las últimas gestiones municipales, pero con menos de un año de gestión. El referendo incluye la propuesta de darles a los alcaldes un año más de mandato y esto explicaría su persistencia en la política de tarifas, en contra de la evidencia técnica.

Para evaluar lo que está haciendo el alcalde Pérez en EPM hay que considerar su propuesta social y sus planteamientos sobre la empresa. Según Pérez, EPM debe congelar las tarifas, pues debe estar a la altura del aporte que le pide la ciudad, su dueña. ¿Es el congelamiento de tarifas la mejor forma de aportarle a la ciudad, cuando los beneficios de esta medida dependen del consumo de energía y los más beneficiado son quienes consumen más? Aunque esta decisión es muy popular, es como si estuviera regalando ese dinero a los más ricos. Se lograría más si la empresa cobrara las tarifas que deben ser, pagara los impuestos que le corresponden y ese dinero se dedicara a atender prioridades sociales de la ciudad, como las de la Comuna 13.

En lo financiero y estratégico, para Pérez las cifras son claras. "Estos dos últimos años han sido los mejores de EPM en toda su historia. En el 2000, las utilidades operacionales fueron $490.000 millones; en el 2001, $623.000 millones, y en el 2002, $770.000 millones".

Pero las utilidades netas han caído más del 54%: de $577.000 millones en 2001 a $265.000 millones en 2002. Según EPM, esta disminución obedeció al impacto en sus finanzas del impuesto al patrimonio ($71.487 millones) y la devaluación ($369.240 millones).

Pero también otros factores explican que una empresa con niveles de rentabilidad operacional del 9%, termine con una rentabilidad neta de cerca del 3%: su balance no operacional. A pesar de que la empresa reporta ingresos no operacionales por $470.000 millones para el 2001, sus gastos no operacionales diferentes a gastos financieros superan los $862.000 millones para el mismo año. Así, lo que gana por el resultado de su operación, lo pierde en parte en otros gastos.

No obstante, aún tiene margen de maniobra financiero, gracias a su integración vertical, con lo que gana mayores eficiencias y produce energía más barata que otras regiones del país. Además, EPM ya amortizó buena parte de sus plantas hídricas, de modo que ya pagó las deudas asociadas con esas plantas y su endeudamiento es de casi 19%. Eso no significa que la gestión empresarial haya sido brillante. "Una cosa es tener tarifas más bajas que en otras regiones por eficiencia y por dotación de recursos naturales, pero otra muy distinta es destruir patrimonio colectivo por intereses personales o aunque sea por mera equivocación", escribió Jorge Eduardo Cock, ex ministro de Minas y Energía, hace unos días en El Colombiano, de Medellín.

Frente a un proceso de descuentos tarifarios, la agresiva expansión puede llevar a EPM a una situación extrema. Ya se anuncian recortes en los planes; por ejemplo, la administración municipal focalizará sus inversiones en el país y dejará de lado inversiones en otros mercados, como Panamá y Ecuador. Y los cuestionamientos son cada vez más fuertes. "Vamos a practicar, con una firma internacional, una auditoría de gestión integral dentro de EPM", afirma Eva María Uribe, superintendente de Servicios Públicos. "Miraremos el impacto de las medidas del alcalde sobre estos temas y la viabilidad de la empresa en el largo y mediano plazo, sobre todo en un escenario de inversión bastante optimista que viene desarrollando la empresa en varios sectores. Veremos si es sostenible una empresa que se expande y hace inversión masiva en servicios, como PCS, y a la vez congela sus tarifas", agrega Uribe.



Más impactos

En medio de la crisis política y del impacto de estas medidas tarifarias, se ha prestado poca atención a lo que va a pasar en los sectores eléctrico y financiero.

En energía, esta política es una pésima señal para los otros mercados regionales. Si este tema se convierte en plataforma política en las próximas elecciones y si los usuarios comienzan a exigir congelación de tarifas, podría dar al traste con las inversiones de jugadores internacionales y esto se reflejaría en caída de la calidad de los servicios y en trastornos en el sector.

Además, hay un tema técnico que sería muy grave. EPM podría estar incurriendo en dumping, es decir, en ventas por debajo del costo, algo prohibido por la regulación. La fórmula tarifaria está compuesta por 5 elementos: costo de generación, costo de transmisión -donde hay competencia y no se puede cobrar menos que el precio de mercado-, otros costos (contribución a la CREG, Superservicios, despacho de ISA, restricciones) y los costos de comercialización (medición y facturación) y de distribución (remunera la reposición de redes). Solo en estos dos últimos EPM puede tiene injerencia.

"EPM está haciendo un descuento comercial a todos los usuarios residenciales que no son morosos. Pero con la aplicación del congelamiento y de los descuentos, la magnitud de estas reducciones podría ser similar a la de los costos de comercialización, lo que indica, por una parte, que estaría otorgando subsidios prohibidos por la ley a los estratos 4, 5 y 6, y, además, iría contra las reglas del mercado, por lo que estaría cobrando por debajo de su estructura de costos y se configuraría el dumping", explica un experto.

Esa medida sería lesiva para la competencia, si por reducciones artificiales de la tarifa se impide la entrada de otros proveedores del servicio en condiciones de competencia. De hecho, ningún otro jugador ha podido entrar al mercado de Medellín.

Por otro lado, en los mercados financieros las alarmas están encendidas. EPM es uno de los pilares en energía y telecomunicaciones en Colombia. Un problema financiero en el mediano plazo podría tener un gran alcance en el país en estos sectores, con un peligro real de pérdida de confianza por parte del mercado.

Duff & Phelps ya hizo la primera advertencia. Si las calificadoras empiezan a dar estas señales, las condiciones para empresas públicas y privadas que busquen recursos para su operación y expansión podrían cambiar seriamente.



Las posibilidades

Una empresa del tamaño y la reputación de EPM es un activo muy importante para una ciudad. Esto es algo evidente, tanto para un líder visionario, como para un líder oportunista.

En una perspectiva visionaria, EPM podría buscar un socio con capital, como hizo Bogotá. El dinero así obtenido por la ciudad serviría para generar desarrollo e inversión de alta rentabilidad social, en servicios como salud y educación.

Esa posibilidad es lejana. Como lo habían detectado Ulpiano Ayala y Jaime Millán, en un estudio de Fedesarrollo, "si bien la vinculación del capital privado podría contribuir tanto a blindar la empresa (EPM) contra tentaciones de uso oportunista como para liberar parte de su patrimonio a la atención de necesidades críticas de inversión social y productiva, la actual coyuntura puede no ser favorable para ello". La entrada de capital privado a EPM no está en la agenda de esta administración.

Pero hay otros modelos, como la democratización de la propiedad, tal como hizo ISA y adelanta hoy ETB, con gran énfasis en desarrollar un esquema transparente de gobierno corporativo.

En una perspectiva oportunista también se puede hacer mucho con EPM: mantener fijas las tarifas para favorecer un resultado electoral y dar mal ejemplo. EPM ha sido por años un modelo para el sector público y referencia para muchas empresas privadas. Ahora está cayendo en decisiones poco aconsejables, como la de sacar el Edificio Inteligente de su patrimonio para pasarlo a la Alcaldía y pagar menos impuestos. Tal vez esto no vaya en contra de ninguna norma de contabilidad, pero deja un mal sabor. Si una empresa privada hiciera algo similar (transferir un activo a una entidad sin ánimo de lucro para no pagar impuestos), sería una práctica cuestionable. ¿Cuál es el ejemplo que se quiere dar a la comunidad empresarial y el grado de compromiso de EPM con la ciudad y con el país? Además, esta práctica incrementa el riesgo. Nadie le garantiza a EPM que, ante la necesidad de recursos en el futuro, la administración municipal no vendería uno de esos activos, o se endeudaría con ellos como garantía.

La decisión está en manos de la ciudadanía. Los paisas deben escoger si quieren ordeñar su empresa en el corto plazo, vía reducción de tarifas, o si prefieren que sea la base de capital para proyectar su ciudad. Lo esencial es que tengan muy claros los escenarios que enfrentan con su decisión.



 



Las decisiones

El Plan de Desarrollo de Medellín, aprobado por el Concejo, tras el triunfo de Luis Pérez en las elecciones a la Alcaldía, consagró la congelación de tarifas de servicios públicos hasta por $20.000 millones. Entre abril del 2001 y abril del 2002, solo en energía esto le significó a EPM menores ingresos por más de $22.000 millones. Entonces, el alcalde Pérez ajustó las tarifas solo por la inflación, y el excedente lo asumió EPM, pero la CREG dispuso que los aumentos en energía fueran del 24% en un período de 12 a 30 meses. Con esta decisión, EPM dejaría de recibir más de $37.000 millones este año. Por esto, la junta directiva del 4 de diciembre pasado decidió aumentar las tarifas 9,7% para enero. Esta determinación significó la declaración de insubsistencia del gerente Iván Correa.





La expansión

EPM tiene una agresiva política de expansión eléctrica y de telecomunicaciones a escala nacional, con inversiones en Manizales, Pereira y Bogotá. Trató de aumentar su participación en ISA al pujar por Isagen, controla la Electrificadora de Antioquia, invirtió en nuevas plantas hidroeléctricas y entró a Bogotá en la operación comercial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. Sus prioridades son la operación de Colombia Móvil, empresa de PCS, que  tiene junto con la ETB. Su inversión supera los US$300 millones. Y Porce III, que vale más de US$700 millones.

EPM desea capitalizar la CHEC y la Empresa de Distribución de Energía de Quindío (EDQ), que superaría los $150.000 millones. Pero aún depende de que el gobierno le permita la capitalización directa, sin otras propuestas.

El alcalde Pérez concentrará sus inversiones en el país, desacelerará la internacionalización de EPM en negocios planteados en Panamá y Ecuador, y no extenderá los descuentos de tarifas a otras ciudades donde opera EPM.

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