| 9/3/2004 12:00:00 AM

Energía social

Una filial de Unión Fenosa diseñó un esquema novedoso para venderles energía a los barrios más pobres de la Costa.

Se había convertido en un problema de orden público. En 2000, era virtualmente imposible cobrar las facturas de energía eléctrica en los barrios más pobres de las principales ciudades de la Costa Atlántica. El contrabando generalizado de luz y los cortes del servicio causaban tres o cuatro enfrentamientos semanales entre los habitantes de esas localidades y la Policía Nacional.

Ese año, cuando compró Electrocosta y Electricaribe, la española Unión Fenosa parecía estar enfrentada a un problema insoluble. Recaudaba apenas el 9% de la energía que vendía en los barrios subnormales (los que no tienen redes), donde habitan cerca de 1,8 millones de personas, el 20% de la población costeña. La situación de desórdenes era tan seria que la oficina administrativa de la compañía se trasladó de Cartagena a Barranquilla.

Meses antes, la AAA había conseguido un buen resultado en el cobro del agua en barrios subnormales, pero su situación era distinta. Las personas compraban agua de mala calidad transportada en carrotanques, mientras que la AAA llevaba un líquido de buena calidad y más barato que sus competidores 'piratas'. Además, el contrabando de agua es imposible en barrios sin redes.

La situación de Unión Fenosa era más compleja. El contrabando de luz se puede hacer sin elementos sofisticados: con alambre de púas, pegados de ramas y conectados a bombillos y electrodomésticos. Para defenderse de las pérdidas, la empresa cortó el servicio en varias zonas y esa acción disparó las protestas populares.

Los españoles nunca habían manejado la condición de subnormalidad ni se habían topado con políticos regionales que movieran a la gente contra el pago de facturas y la alentaran a la confrontación violenta. La circunstancia requirió una solución novedosa.



Una respuesta social

En 2004, Unión Fenosa decidió conformar una empresa independiente, Energía Social, para manejar el suministro a los barrios subnormales. Su estrategia fue trabajar con la comunidad como nunca lo había hecho una empresa de servicios públicos privada o pública.

La empresa definió una forma clara de operar. Unas microempresas integradas por gente de la comunidad determinaron las cargas requeridas por los electrodomésticos del barrio y las posibilidades de pago de los consumidores individuales. Con eso, Energía Social les suministraba la cantidad de energía que podían pagar -a una tarifa subsidiada por el gobierno-, con un compromiso de estabilidad en el servicio. Además, la empresa normalizó las redes de distribución. Instaló contadores comunitarios y reemplazó los postes improvisados por postería de concreto y transformadores para mejorar el suministro. "En muchos barrios era la primera vez que entraba una grúa", dice el gerente de la firma, Hernán Maestre.

Cada uno de los cientos de barrios que atiende es un cliente. La asignación de la energía a cada casa, la facturación individualizada, el cobro y el corte o la reinstalación del servicio lo realizan 1.500 trabajadores de las microempresas comunitarias, contratadas por la empresa.

Las microempresas le ayudan al municipio a cumplir su responsabilidad de mejorar los sistemas de distribución. Energía Social, por su parte, aporta el 10% del valor de los proyectos en diseños y la interventoría técnica y busca recursos internacionales para cofinanciarlos. Este año se aprobarían 47 proyectos por $28.000 millones.

Con ese esquema, Energía Social facturará $8.000 millones en 2004, recaudará el 18% de sus cuentas y las pérdidas técnicas de Unión Fenosa bajarán de 46% en 2000 a 18% este año. Pero más importante, en siete meses de operación solo ha habido un conflicto.

Y hay más beneficios. Para Maestre, en estas, las comunidades más deprimidas de la Costa, la energía eléctrica permite generar empleo microempresarial, mejorar la calidad de la educación (con computadores) e incluso la de los servicios de salud.

El próximo reto para Energía Social es entrar en las zonas rurales de menor desarrollo -las temidas áreas de guerrilla-, para demostrar allí también que hablando se puede todo.
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