En 'voz' confío...

| 8/4/2000 12:00:00 AM

En 'voz' confío...

La red de protocolo internet (IP) sigue en el centro de la más aguda polémica. Un fallo de la Corte Constitucional podría cambiar el rumbo de uno de los sectores con más futuro.

Los hechos legales



1989 - Ley 72



Se toman las primeras medidas legislativas orientadas a la apertura del sector de telecomunicaciones, en el área de Servicios de Valor Agregado (SVA).



1990 - Decreto Ley 1900



Se clasifican como SVA los correspondientes al acceso, envío, tratamiento, depósito y recuperación de información almacenada, transferencia electrónica de fondos, videotexto, teletexto y correo electrónico.



1991 - Decreto Reglamentario 1794



Establece que los SVA son aquellos que se pueden diferenciar de los Servicios Básicos. Se destaca allí la transmisión de información y en ella la conversión de protocolos, la conversión de formatos, de velocidades, etc.



1991 - Declaración Ministerio de Comunicaciones



En comunicación a Telecom, el ministro Alberto Casas señala que "la dinámica del sector de telecomunicaciones es particularmente aguda en el campo de SVA lo que hace totalmente inconveniente que la autoridad regulatoria pretenda delimitar su desarrollo y evolución".



1992 - Huelga de Telecom



A raíz de esta situación, el gobierno propició el rápido crecimiento y expansión de los SVA. Se consideró incluso establecer una red alterna para enfrentar una situación similar.



1994 - Incorporación al Derecho Interno del Tratado de la OMC



Este tratado, incorporado al derecho nacional por la Ley 170 de 1994, estableció qué son SVA: correo electrónico, correo de voz, extracción de información en línea y de base de datos, intercambio electrónico de datos, conversión de códigos y/o protocolos, entre otros.



1995 - Apertura del proceso de larga distancia



En junio se inicia el proceso de apertura en Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia (TPBCLD). En el texto de las licencias otorgadas, el Ministerio de Comunicaciones introduce un concepto en el que la conversión de protocolos, encriptamiento, codificación, enrutamiento y otros son funciones que se refieren a la transmisión y no cambian la naturaleza del servicio al cual le sirven como soporte.



El pasado 22 de julio, los operadores de telecomunicaciones de servicios de valor agregado recibieron, según ellos, una buena noticia: la Corte Constitucional produjo una sentencia que abriría nuevas posibilidades en el complejo y controvertido negocio sobre el protocolo internet (IP).



Hace solo año y medio, Comcel, Occel y Rey Moreno fueron investigados administrativamente por el Ministerio de Comunicaciones por lanzar un novedoso servicio de larga distancia con la tecnología de internet y aprovechando sus licencias de valor agregado. En ese momento se desató una compleja polémica en la que ETB y Orbitel defendían su exclusividad en servicios básicos de larga distancia después de haber pagado US$300 millones por las licencias.



Hoy, la polémica se mantiene. No en vano Comcel, Occel y Rey Moreno enfrentan procesos en la Superintendencia de Industria y Comercio por competencia desleal contra los operadores de larga distancia y además están vinculados a investigaciones penales que adelanta la Fiscalía.



Si ese es el panorama, ¿cuál fue la razón para la satisfacción de los empresarios del valor agregado? Que, en su concepto, con la decisión de la Corte la prestación de los servicios ilegales de telecomunicaciones ya no configuran delito, se circunscriben solo al tema del uso ilegal del servicio de telefonía móvil celular y, en especial, la Fiscalía deja de ser la instancia para dirimir conflictos empresariales.



Douglas Velásquez, ex integrante de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, CRT, que presentó a finales del año anterior la demanda que suscitó el pronunciamiento de la Corte, señala que es claro que la norma penal era ambigua.



Para él, la decisión de la Corte tendrá una enorme influencia en el negocio de larga distancia, "pues se han venido desarrollando nuevas tecnologías para prestar el servicio de voz sobre el protocolo de internet, el cual se podrá entregar sin riesgos de demandas penales".



Esta compleja discusión que ha trascendido las esferas empresariales y llegó a los estrados judiciales pone en juego uno de los negocios más prometedores en el campo de las comunicaciones en los próximos años. Se está hablando del futuro del revolucionario mundo de la red internet, de inversiones multimillonarias y de grandes oportunidades para creación de nuevas empresas. Las cifras son contundentes: el volumen de datos que se transmite por las redes IP se duplica cada dos meses. El negocio para el 2009 puede representar ingresos de US$35.000 millones en toda América Latina y en Colombia la cifra podría llegar a los US$3.500 millones en ese mismo año, según investigaciones del banco de inversión Salomon Smith Barney.



Discusión entre abogados



La técnica jurídica detrás de este embrollo es compleja. La Corte declaró parcialmente exequible el artículo 6 de la Ley 422 de agosto de 1998, en la que se tipifica como delito el acceso o la prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones.



¿Cuál es el origen de la ley? En 1998, a principios del año cuando se adelantaba en el Congreso de la República la discusión del proyecto de ley, las empresas de celulares incluyeron en el articulado la sanción para quienes en ese momento estaban 'clonando' el servicio. Ante esto, los operadores de telefonía pública básica conmutada de larga distancia (Telecom, ETB y Orbitel) lograron incluir también allí sanciones penales para quienes prestaran sus servicios en forma ilegal.



El artículo elevó a delito el acceso o la prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones. Con base en él, la Fiscalía apareció como un nuevo protagonista en las diferencias entre empresas privadas, públicas y organismos estatales, tanto que creó una Fiscalía especializada para atender estos casos. Este organismo adelanta cerca de 30 investigaciones que involucran a más de medio centenar de empresas por prestar servicios ilegales de larga distancia en Colombia e incluso vinculó operadores de servicio de telecomunicaciones, comercializadores y empresas encargadas del transporte (carriers). Solo por citar dos casos, Peter Burrowes, presidente de Comcel, o Ernesto Rey Moreno, de la firma Rey Moreno, asociada con Telefónica de España, rindieron declaratoria ante el ente acusador.



Para muchos, todos estos líos jurídicos han sido un obstáculo al desarrollo de las telecomunicaciones. Y en especial cuando la tendencia mundial es justamente la opuesta: menos regulación acompañada con mayor defensa del consumidor.



Es bien sabido que la discusión se originó porque ETB y Orbitel reclamaron la competencia desleal de firmas que prestaban un servicio similar desde el punto de vista del consumidor sin haber pagado las licencias. No obstante, otros creen que no se puede frenar el desarrollo de un negocio cuando aparecen nuevas tecnologías más eficientes o alternativas.



Otra visión



Sin embargo, para la Fiscalía y las empresas operadoras de servicios básicos de larga distancia, el fallo supera esa interpretación. "Si bien la norma tenía problemas técnicos, deja claramente tipificadas dos conductas penales: telefonía móvil celular y la segunda el uso de líneas locales o de servicio de larga distancia y de local extendida en forma no autorizada", dice Orlando Vega, vicepresidente de protección corporativa de la ETB. La opinión contraria es que la Corte fue clara en definir que se trata de un delito en la prestación ilegal de los servicios de telefonía móvil celular.



"El tipo penal completo que se constituye, se circunscribe solo contra la telefonía móvil celular y los preceptos que declaró inconstitucionales son los indeterminados donde no se sabe si se está frente a un delito o no. Además, tratándose de las sentencias de la Corte Constitucional, sus fallos son vinculantes y de obligatoria observación tanto en la parte resolutiva como en la parte motiva", explica Sergio Michelsen, de la firma de abogados Brigard & Urrutia. Es decir, el camino empezaría a despejarse para el desarrollo de otro tipo de servicios de larga distancia.



Movidas empresariales



Las perspectivas de las telecomunicaciones son tales que, a pesar de las zonas grises de la regulación, la actividad empresarial se está moviendo a ritmos acelerados. Solo en el primer semestre del año han aparecido nuevos jugadores en transmisión de datos como Diveo y Firstcom, se produjo la entrada de BellSouth y de Telmex, y los jugadores establecidos han apostado con nuevas inversiones.



Es más, uno de los empresarios que ha estado en el ojo del huracán volvió a "repartir su juego" con una agresiva inversión en una nueva red IP. Rey Moreno y su alianza con Telefónica Data Colombia lanzó un mes después del fallo de la Corte un nuevo servicio para integrar transmisión de voz, datos e imagen, con una apuesta superior a los US$15 millones.



"En un mercado tan competitivo como el de las telecomunicaciones, la empresa tiene que mantenerse. Cuando se ve una oportunidad clara de negocio y con viabilidad jurídica hay que hacerlo y de frente, como hicimos con voz sobre IP --hay sanciones del Ministerio de Comunicaciones y de la Superindustria y sus procesos se trasladaron a la Fiscalía--. Sin embargo, se tipificó un delito allí donde en nuestro concepto no lo hay", explica Ernesto Rey, de Telefónica Data Colombia.



Incluso algunos piensan que, aunque el fallo de la Corte no se refirió a las servicios y actividades de telecomunicaciones y solo tocó el tema penal, las empresas podrían incursionar en servicios de valor agregado y darse la 'pela', en términos de sanciones administrativas.



El futuro



Aunque este fue el primer paso para definir las innumerables ambigüedades que hay en la legislación de telecomunicaciones, se hace necesaria una mayor claridad en la sentencia.



Quedarían dos escenarios: uno, que en el proyecto de ley de telecomunicaciones que no alcanzó a hacer tránsito en la pasada legislatura y que fue retirado, se aclaren, entre el sector público y el privado, los alcances de las normas. Y dos, nuevas instancias jurídicas.



Por ejemplo, Comcel a raíz de la multa que le impuso el Ministerio de Comunicaciones por cerca de $234 millones, en mayo pasado, tiene cerca de un mes para definir la demanda que colocará ante el Consejo de Estado para que dirima el conflicto sobre los servicios de valor agregado. Si el proceso sigue su curso normal, en cerca de un año habría más luces y el tono no estaría ocupado...



¿Cómo cambió el artículo?



Antes



Artículo 6º. Del acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones. El que acceda o use el servicio de telefonía móvil celular u otro servicio de telecomunicaciones, mediante copia o reproducción no autorizada de señales de identificación de equipos terminales de estos servicios, derivaciones, o uso de líneas de telefonía pública básica conmutada local, local extendida o de larga distancia no autorizadas, o preste servicios o actividades de telecomunicaciones con ánimo de lucro no autorizados incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales.



La pena anterior se aumentará de una tercera parte a la mitad, para quien hubiese explotado comercialmente por sí o por interpuesta persona, dicho acceso, uso o prestación de servicios de telecomunicaciones no autorizados.



Igual aumento de pena sufrirá quien facilite a terceras personas el acceso, uso ilegítimo o prestación no autorizada del servicio de que trata este artículo.



Ahora



Artículo 6º. Del acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones. El que acceda o use el servicio de telefonía móvil celular mediante copia o reproducción no autorizada de señales de identificación de equipos terminales de estos servicios, derivaciones, o uso de líneas de telefonía pública básica conmutada local, local extendida o de larga distancia no autorizadas, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales.





El hecho



La declaración de exequibilidad parcial del artículo 6 de la Ley 422 de 1998, que elevó a delito una competencia empresarial. Este fallo abre posibilidades para nuevos desarrollos del negocio de IP en Colombia.



Las interpretaciones



Según los operadores de servicios de valor agregado, solo se tipifica el delito en el caso de la prestación ilegal de los servicios de telefonía móvil celular (clonación).



Para la Fiscalía y para operadores como la ETB, la sentencia deja dos conductas delictivas: para el caso de los celulares y para el uso de líneas locales, local extendida y de larga distancia. Otros consideran, además, que el fallo habla solo de excarcelación.



El contexto



Todo empezó porque Comcel, Occel y Rey Moreno lanzaron en 1998 un servicio de larga distancia sobre IP. ETB y Orbitel, que pagaron US$300 millones por las licencias, protestaron por competencia desleal.
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