| 5/27/2015 10:00:00 PM

Panorama desalentador para la palma africana

Desde la pudrición del cogollo hasta la caída de los precios internacionales tienen en jaque al sector palmicultor del país. ¿Cómo superar los problemas?

La Ley de Murphy asegura que todo lo que va mal es susceptible de empeorar. Y esta sentencia parecería estar aplicándose para cultivadores y procesadores de palma africana, una agroindustria a la que se le ha venido encima una verdadera suma de todos los males.

Primero fue una plaga conocida como la pudrición del cogollo, que ha generado pérdidas superiores a los $950.000 millones para los agricultores; luego vino la caída en los precios de los commodities, acelerada por la baja en el crudo, que afecta el negocio exportador y, finalmente, en las últimas semanas se ha encendido el debate por el anuncio del Gobierno de reducir la mezcla de etanol y biodiesel en los combustibles, que podría darle un puntillazo final a la política de biocombustibles diseñada hace más de una década.

¿Atrapados sin salida?

El cultivo de la palma africana llegó al país hace cerca de seis décadas, pero se ha consolidado a partir de los 80. Hoy Colombia es el cuarto productor mundial de aceite de palma en el mundo, y participa con 1,4% del volumen mundial. Esta actividad es responsable de 6% del PIB agropecuario y genera cerca de 110.000 empleos directos y una cifra similar de indirectos, según el gremio de los cultivadores de palma, Fedepalma.

En este sector participan desde grandes empresarios hasta pequeños campesinos, que actualmente cultivan unas 500.000 hectáreas que producen más de un millón de toneladas de aceite crudo. Este cultivo se desarrolla en cuatro zonas del país.

Por eso la aparición de una plaga conocida como la pudrición del cogollo ha afectado tanto a grandes como a pequeños empresarios. Esta se exacerbó durante la ola invernal de 2011 y hasta el año pasado se había ensañado con 100.000 hectáreas de plantaciones ubicadas en dos de las zonas de mayor producción en el país: Tumaco y Puerto Wilches. Cálculos de Fedepalma indican que las pérdidas para los cultivadores grandes, medianos y pequeños son cercanas a $1 billón.

Aunque desde hace varios años fue reportada esta enfermedad, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) no ha podido controlar la propagación del inóculo, generando una amenaza para todos los cultivadores. De hecho, algunos productores se quejan de la lenta reacción del ICA, la falta de estrategia para generar una barrera sanitaria de contención y la escasa efectividad para obligar a los afectados a destruir los cultivos y resembrar.

Otra plaga que afecta al sector tiene que ver con la caída en los precios internacionales del petróleo, que arrastró consigo las cotizaciones de la mayoría de commodities, incluido el aceite de palma y tiene en jaque las exportaciones mundiales. Mientras que en marzo de 2014 una tonelada métrica se cotizaba a US$860 en los mercados internacionales, para el mismo mes de este año alcanzaba los US$640, pese a los elevados costos fijos en un alto porcentaje de su estructura de producción.

De hecho, los cultivadores colombianos se quejan por los altos costos de la mano de obra –el de palma es el cultivo que mayores salarios paga dentro del sector agropecuario–, los elevados precios de los fertilizantes y la dificultad para acceder a la tierra –este es un cultivo que requiere de grandes extensiones para mejorar su productividad y con las normas vigentes se ha dificultado su desarrollo y se han encarecido los predios–.

Pero, como si estos embates no fueran suficientes, hace unas semanas el gobierno nacional reveló su interés por revisar la mezcla de biodiesel y etanol en los combustibles, y eliminar algunas ayudas vigentes desde 2003 para los sectores agropecuarios que generan los biocombustibles. Desde ese año, el Gobierno lanzó una política de biocombustibles que ofrecía condiciones especiales para los inversionistas interesados en producir etanol –a partir de caña de azúcar– y biodiesel –a partir de aceite de palma– y se comprometía a establecer unos plazos para ir aumentando la mezcla de estos biocombustibles dentro de la gasolina y el diésel.

Aunque la mezcla ya debería estar cercana a 20%, esta no ha superado el 8% en el caso del etanol y 9,2% en el de biodiésel. Por eso ahora los anuncios de generar un cambio en las reglas de juego para los inversionistas tienen en alerta al sector pues podría significar el puntillazo final a la política de biocombustibles diseñada para mejorar indicadores ambientales, sociales y de salud.

Pero, como para los grandes males se requieren grandes remedios, algunas voces autorizadas del sector privado, como la del gerente de Agroince, Carlos De Hart Pinto, apuntan a la urgencia de trazar una nueva hoja de ruta que le permita al sector salir del atolladero. Agroince es una de las compañías agroindustriales más competitivas del sector palmicultor, no solo por la fuerte inversión que ha hecho en tecnología, sino también en procesos de competitividad y sus prácticas de sostenibilidad.

Para el empresario, este es el momento de juntar a todos los actores, desde el Gobierno y los gremios hasta el sector privado, para definir un trabajo conjunto.

Desde el sector privado, De Hart Pinto cree que se debe mejorar la competitividad, trabajar en una estrategia de agregación de valor, invertir en lograr altos estándares de eficiencia y subir los estándares sanitarios.

“Es imperativo que el sector, en cabeza de Fedepalma, redefina sus prioridades. El concepto de crecer en toneladas de aceite por la vía de una mayor productividad debe primar sobre el de crecer en área”, asegura De Hart. El empresario critica que en los planes estratégicos diseñados para el sector tradicionalmente se han formulado metas en cuanto a expansión de cultivos, que se han cumplido, mientras que las de productividad no se han logrado.

También considera fundamental que el sector privado trabaje en procesos de integración en la cadena que les permita ampliar la agregación de valor para mejorar también sus ingresos y diversificar los riesgos.

Desde el sector público, considera fundamental reforzar el tema sanitario fortaleciendo el ICA y apoyando a los cultivadores, especialmente a los pequeños, con las ayudas que ofreció el Gobierno el año pasado, por $350.000 millones, pero que hasta el momento no se han concretado pese a que el sector privado aportará unos $600.000 millones para hacerle frente a la plaga que afecta las plantaciones.

Pero quizá uno de los temas que mayor interés genera entre los palmicultores tiene que ver con las señales hacia los inversionistas.

Todos esperan que se defina claramente si se mantendrán las reglas de juego que se prometieron hace más de una década para desarrollar el sector de biocombustibles, o se pondrán en jaque los miles de empleos y las millonarias inversiones que hizo el sector. Una señal en la que no se admiten intermitencias.
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