| 3/18/2011 12:00:00 AM

En la boca del lobo

Las Ofertas Públicas de Acciones (OPA) están en peligro de desaparecer por cuenta de un sinnúmero de leguleyadas. Hora de revisar la regulación.

Los ecos de la venta del 52% que tenía Ashmore en Promigas no terminan. La operación en la que participaron Corficolombiana, la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) y dos fondos de capital privado, por un valor cercano a los US$800 millones, sigue en boca de todos los jugadores del mercado de valores, abogados y, por supuesto, minoritarios.

Más allá de la operación misma, la preocupación de medio mundo radica en un hecho mucho más profundo: bajo "tecnicismos jurídicos", como lo califican algunos abogados, se evitó realizar una Oferta Pública de Acciones (OPA). Estas operaciones, al igual que las pujas por las acciones de las empresas, son la columna vertebral del mercado de valores en Colombia. De su correcta ejecución depende la confianza de los inversionistas minoritarios. Gracias a ellos existe liquidez en el mercado, así como la viabilidad del mismo.

Por eso, lo sucedido con la venta de Promigas despierta tanto escozor. Además, porque contrasta con el interés del Gobierno por desarrollar y darle profundidad al mercado de capitales. "Si esos grupos de personas naturales no sienten confianza en cuanto a que sus inversiones están protegidas desde el punto de vista regulatorio, el mercado de capitales va a perder profundidad y el público tendrá menos interés en comprar acciones", advierte un abogado.

Aunque al cierre de esta edición ni el Ministerio de Hacienda -quien regula el mercado- ni la Superintendencia Financiera -quien lo vigila- se habían pronunciado, una fuente del Gobierno le dijo a Dinero que estaban revisando la operación. "Los abogados encontraron vehículos legales para evitar que tengan que hacerse las OPA. Hay que revisar la regulación y estamos mirando el tema porque nos preocupa", advierte la fuente. De hecho, en la segunda semana de marzo, abogados y minoritarios se reunieron con Gerardo Hernández, superintendente Financiero, para analizar el tema.

Las preocupaciones

Varias son las preocupaciones que deja el proceso. La primera, según algunos, es que sería el fin de las OPA y del modelo de puja. Para José Elías Melo, presidente de Corficolombiana, el proceso de Promigas no encaja en una venta tradicional, pues se trataba de una estrategia de salida del fondo Ashmore. "Fue una movida excepcional. Con seguridad, si lo hubieran hecho por otro camino, el valor hubiera sido mayor", explica.

Uno de los temas sensibles es el valor de la OPA. Según expertos en el tema regulatorio, la norma no establece bajo qué parámetros se puede fijar el precio de la OPA en una operación en la que hubo preacuerdo ni a qué valor debe hacerse -si al histórico, al patrimonial o al último del mercado-, solo señala que el precio no podrá ser inferior al mayor pagado. Así, los minoritarios quedan expuestos solo al valor que fije el accionista mayoritario, que está de salida, bajo el preacuerdo con los compradores. "Cuando se ofrece una OPA posterior, al mismo precio que pagaron por la primera operación, en parte se cuidan los derechos de los minoritarios y se les permite un mecanismo de salida. Sin embargo, lo veo más como un premio de consolación para ellos", advierte un analista.

De otra parte, el abogado Juan Pablo Pinzón -quien acompañó a Ashmore-, considera que en general hay un vacío en la regulación frente a la protección y desarrollo de las pujas.

El segundo gran punto de preocupación es el concepto de beneficiario real. La regulación establece que si alguno de los compradores de las acciones supera el 25%, tiene que hacerse una OPA. "Este concepto debe ser entendido de manera amplia y progresiva, tal como sucede en los mercados financieros desarrollados. La profundidad del mercado de valores y la confianza inversionista están ampliamente relacionadas con la aplicación de normas que fomenten la competencia abierta en operaciones de mercado", dice Andrés Crump, gerente legal para la Región Andina de Brookfield.

Un abogado especialista en este tema considera que a través de la interpretación literal del concepto de beneficiario real -según la cual no solo se debe tener la capacidad de decidir cómo se vota una acción, sino también cuándo se vende-, se podrían cometer abusos.

Uno de los aspectos que más llama la atención en la operación de Promigas es lo que algunos llaman "la estrategia concertada" de quienes se quedaron con el 52% de esta empresa. Según algunos analistas, el grupo de compradores se puso de acuerdo para "actuar en concierto" -como se denomina esta figura en la regulación de otros países- y que se convertirían en un mismo beneficiario real.

Para Melo, de Corficolombiana, el hecho de que haya unidad de propósito no significa que el beneficiario real sea el mismo. "Las empresas son distintas y los accionistas tienen representación en la junta. Además, la OPA obligatoria se genera solo cuando alguien va por el control", advierte.

En este punto, la gran pregunta es saber quiénes estaban detrás de los fondos de capital privado que participaron en la operación y que administran Correval y Corredores Asociados. A la fecha, nadie ha querido decir para quién estaban comprando estos fondos y ese hermetismo ha generado un manto de duda.

Según Melo, de Corficolombiana, los fondos de capital privado son un vehículo de inversión cuya administración actúa con independencia de quienes invierten allí. Esto, a juicio de algunos abogados consultados por Dinero, rompería la relación de beneficiario real. Para ellos, faltaría una norma regulatoria que obligue a rastrear de dónde provienen los dineros para poder determinar si existe o no un mismo beneficiario real. "Cuando se hizo la última reforma al régimen de las OPA, apenas empezaban a aparecer estos vehículos en el mercado y hoy tienen una dinámica propia", dice un experto.

Otro tema a revisar, como explica el abogado Pinzón, es lo relacionado con las ventas indirectas, que la regulación solo considera vía fusión. "El no poder hacer compras indirectas es una limitante en la medida en que las operaciones internacionales son cada vez más frecuentes", dice.

La pelota, claramente, queda en la cancha del Gobierno. El Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera tienen la obligación con el país de revisar las normas para evitar que este modelo tome vuelo. De su pronto accionar depende la credibilidad en el mercado.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?