| 4/15/2014 11:27:00 AM

Camiones fantasma

Lavado de activos o financiación de terrorismo explicarían parte de la existencia de empresas de transporte de carga que aparecen en el papel, pero no en las vías.

Algo extraño y oscuro está sucediendo en el sector del transporte de carga del país. El número de empresas que se registran ante las cámaras de comercio o que están homologadas ante el Ministerio de Transporte no corresponde con el número de compañías que en la práctica se dedican al negocio.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia del Transporte, en los registros de las cámaras de comercio del país hay unas 29.600 empresas de transporte de carga, pero habilitadas en el Ministerio de Transporte solo aparecen 2.650. De estas últimas, únicamente estarían entregando información económica cerca de 500. ¿Qué pasa con las demás? ¿Qué negocios hay detrás de esas otras miles de compañías? Esas y otras preguntas se hacen por estos días empresarios, Gobierno y gremios del sector.

Dinero conoció que ante estos hechos, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) tiene los ojos puestos en este tipo de actividades pues podrían hallarse todo tipo de delitos, incluido el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

“Según los datos que recaudamos, solo 6,4% de las empresas o personas naturales registradas en las cámaras de comercio con actividad económica principal en transporte de carga por carretera están habilitadas por el Ministerio de Transporte. Esto indica que hay más movimiento en el sector de lo que las autoridades de supervisión pueden ver y, por lo tanto, hay más posibilidades de que operaciones de lavado de activos o de financiamiento de terrorismo ocurran sin ser detectadas y mucho menos prevenidas”, concluye un reporte de la Uiaf.

Modus operandi

La investigación de la Uiaf detectó algunas de las trampas que se estarían usando para actividades ilícitas. Por ejemplo, en algunas de estas empresas se realizan cambios de último minuto en el destino final en la carga a transportar, también se encontraron operaciones en las que la persona que está solicitando el servicio actúa a nombre de un tercero y que sugieren el deseo de anonimato del real propietario de los bienes o la mercancía.

De forma muy extraña se documentaron servicios efectuados a favor de menores de edad por personas que no poseen un vínculo cercano con estos y hasta solicitud de transporte de mercancías a sitios donde existe una producción excesiva de dichos productos. ¿Papas a Boyacá y Nariño? ¿Azúcar al Valle del Cauca?

La informalidad y falta de control de las empresas sobre el parque automotor con el que se opera también es caldo de cultivo para los delincuentes. En ese sentido es clave resaltar que 32% de las empresas de transporte no cuenta con vehículos propios y 68% que sí los tiene registra en promedio menos de cinco unidades. Así mismo, solo 22 empresas tienen más de 200 vehículos y solo una compañía tiene más de 600. Esto quiere decir que la mayoría de empresas contratan con terceros y, en conjunto, las empresas de transporte solo son propietarias de 6% de la flota.

Otro aspecto que llama la atención de las autoridades sobre el sector es la liberación en el cobro de los fletes por parte del transportador, producto de la mayor competencia. Para la Uiaf, esta situación afecta de forma importante a los transportadores previamente establecidos, ya que pueden ingresar organizaciones de carácter ilegal a las empresas, ofreciendo servicios a menores precios que sus competidores.

El presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez explicó que se debe prestar especial atención a este tipo de situaciones, pues podría afectar la imagen y el negocio de las empresas legales que sí cumplen con la Ley y entregan reportes al Ministerio de Transporte.

Rodríguez asegura que la implementación del manifiesto de carga electrónico de manera obligatoria y universal podría blindar el transporte de carga legal de los delitos detectados. La idea con el manifiesto de carga electrónico es dejar atrás el papel y pasar a un sistema en línea, que incluya toda la información de cada viaje como el tipo de carga, los destinos y nombres de los propietarios de los bienes.

El problema es que el Ministerio de Transporte ha aplazado la entrada en vigencia del sistema argumentando que ‘no está lista la logística’ para ponerlo a rodar. Se prevé que a mediados de abril sea obligatorio este sistema en línea.

Por su parte, la Superintendencia de Transporte hace lo que puede. Como no está dentro de sus responsabilidades investigar a las empresas que no están homologadas por el Ministerio, optó por desarrollar una estrategia para evitar que el lavado de activos permee las empresas legales. “Desarrollamos un sistema pionero en el mundo que permite detectar indicios de lavado de activos. En esencia, capacitamos a personal de confianza de las empresas para que informen cualquier actividad sospechosa y la reporten”, explicó el superintendente Juan Miguel Durán.

Aunque no todas las empresas que no reportan actividad económica o manifiestos de carga están vinculadas con hechos ilícitos, es claro que el sistema es permeable y que existen indicios para seguir investigando y castigando a los responsables. El transporte de carga por carretera enfrenta serios problemas estructurales que van desde la escasa y deteriorada red vial hasta el costo de los combustibles, peajes y ataques de los grupos armados. Es hora de poner la casa en orden.
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