Emcali: ¿lío para el próximo gobierno?

| 2/22/2002 12:00:00 AM

Emcali: ¿lío para el próximo gobierno?

El acuerdo entre el gobierno y el alcalde de Cali parece ser otro pañito de agua tibia para no tener que enfrentar el drama de esta empresa de servicios públicos.

Todo indica que el monumental enredo en que se encuentra Emcali, la empresa que provee los servicios de agua, luz y teléfono en la tercera ciudad de Colombia, ya no va a encontrar solución en lo que queda de este gobierno. El convenio firmado entre el gobierno nacional y la alcaldía de Cali el pasado 14 de enero, que permitió levantar la toma de las instalaciones de las Empresas Municipales por parte de sus trabajadores, no plantea una solución de fondo que garantice la viabilidad del que fue el activo más valioso de la capital vallecaucana. Lo más probable es que el convenio solo sirva como una fórmula para esperar y pasarle el problema de Emcali al nuevo Presidente de Colombia que asumirá el próximo 7 de agosto.



El convenio no implica, en la práctica, cambios fundamentales en las posiciones del alcalde y el sindicato en este dilema. A lo largo de los tres años anteriores, el sindicato logró reversar la privatización de Emcali y también su liquidación. La Superintendencia de Servicios Públicos ha tenido intervenida la entidad durante casi dos años, pero no ha podido sanear la compañía ni obtener el apoyo del alcalde Jhon Maro Rodríguez para una solución definitiva, pues filosóficamente está más cerca del sindicato que del gobierno central. El gobierno nacional, por su parte, no pudo privatizar la empresa.



Tras el convenio, el sindicato es tanto o más fuerte que antes, mientras que el gobierno dio un giro de 180 grados frente a la posición que esgrimía hace un año. Pasó de proponer la separación de las empresas de agua, energía y teléfono con el fin de iniciar un proceso de capitalización y liquidar Emcali, a condicionar su acción a la aprobación de una lista de decisiones a ser realizadas antes del 4 de abril, las mismas que no se han podido llevar a cabo en dos años. Los observadores son escépticos. "Si no se han dado la pela en dos años, no lo van a hacer en los últimos meses de gobierno", afirmó un banquero allegado al tema consultado por Dinero. Si esa fecha pasa sin consecuencias, se confirmarán los peores temores: el convenio solo está ahí para dilatar las cosas mientras llega un nuevo gobierno.



El convenio



El 14 de enero, gobierno y alcaldía firmaron una manifestación conjunta, ratificada en un acuerdo el pasado 29 de enero con el sindicato, en la que se establecen las condiciones para no liquidar ni privatizar la empresa.



En este convenio se le entregan al alcalde las mayores responsabilidades: reestructurar tanto las deudas con proveedores y sector financiero como el contrato de compra de energía a largo plazo (PPA) con Termoemcali. Así mismo, debe ajustar el pasivo pensional, revisar la convención colectiva y reestructurar la empresa. Solo si cumple estos requisitos, el gobierno consideraría asumir el 80% del crédito por US$165 millones que la empresa tiene con la banca japonesa para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar), y evitaría la liquidación de Emcali.



El Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación creen que fue una negociación exitosa, porque lograron entregarle la papa caliente que representa Emcali al alcalde de la ciudad. Desde abril del 2000, el costo político de la situación lo ha cargado el gobierno nacional, porque no ha logrado mejorar la gestión de la compañía ni solucionar sus problemas estructurales, a pesar de tenerla intervenida. Ahora, el responsable de que la empresa no se privatice ni se liquide es el alcalde Jhon Maro Rodríguez, quien, según el convenio, debe llevar a cabo la tarea acordada y entregarla antes del 4 de abril, fecha en que se cumplen dos años de intervención, y que por ley, es el plazo máximo antes de liquidarla si a esa fecha la empresa continúa siendo inviable.



Sin embargo, el ultimátum no es tan estricto como parece a simple vista. Diego Humberto Caicedo, superintendente de Servicios Públicos, afirma que se abstendrá de liquidar la empresa si --llegado el 4 de abril-- el alcalde está avanzando en las negociaciones aunque no haya cumplido los requisitos. Funcionarios del Ministerio de Hacienda, por su parte, afirman que no le van a dar más tiempo a la empresa. Pero reconocen que la decisión de liquidar "es potestad del Super".



Por su lado, el alcalde Jhon Maro Rodríguez está trabajando para hacer la tarea, pero ya sospecha que no logrará terminar para el 4 de abril. Ya refinanció los $140.000 millones de deuda que tenía con los generadores de energía y obtuvo una reducción de $39.000 millones en los intereses. Sin embargo, le queda algo más difícil: negociar con los bancos una deuda que, sumados intereses, llega a los $400.000 millones.



En un sondeo que hizo Dinero en el sector financiero se nota resistencia a una renegociación, debido a que la situación de flujo de caja de Emcali es insostenible. De acuerdo con cifras concertadas entre la empresa, Cali y el gobierno, si no hay una solución de fondo, el déficit en caja oscilará entre $416.000 millones y $609.000 millones, valores mínimo y máximo en los próximos 7 años (ver gráfico). Un banquero lo resume así: "no vamos a reestructurar para estar en unos años en las mismas".



En cuanto al tema de la convención colectiva, Rodríguez es cauto. Explica que va a renegociar los acuerdos para jubilación, pero no hace claridad sobre los demás puntos de la convención. En lo que sí es enfático es en la lucha contra la corrupción y los negociados en la empresa.



De otra parte, el tema de la terminación del contrato de energía a largo plazo con Termoemcali también es complicado, porque este avala una emisión de bonos por US$165 millones que hizo la compañía. La mejor carta a favor del alcalde es que los tenedores también perderían si la empresa se liquida. Para ellos sería preferible una negociación.



Rodríguez deja ver que el logro de una solución antes del 4 de abril es poco probable. Considera que, antes de decidir qué hacer con la empresa, "hay que esperar unos cinco meses a que se haga el cierre financiero de Emcali, para que haya claridad sobre las verdaderas cifras de la compañía". Si este punto de vista prevalece, aparecería un nuevo cronograma para la negociación.



El problema es que cada mes que pasa sin tomar cartas en el asunto, es un mes más que se deja de invertir en el mantenimiento y mejoramiento de los servicios públicos en Cali, con el consiguiente deterioro en la prestación de agua, luz y teléfono para la ciudad.



El problema es gigantesco, pues el patrimonio es negativo en $1,2 billón, y el flujo deficitario llega a $339.000 millones tan solo en el 2002. Hay que encontrar una solución. Las alternativas son conseguir recursos, ya sea privatizando algunas de las unidades de negocio de la empresa o abriendo las puertas a aliados estratégicos, así no se venda el control. Aun así, esto solo será posible cuando se corrijan de raíz los problemas estructurales de la compañía y se sanee la empresa.



El 4 de abril se clarificará o se oscurecerá aún más el panorama de Emcali, y se medirán nuevamente las fuerzas entre alcalde, sindicato, Superintendencia de Servicios Públicos y Ministerio de Hacienda. Las apuestas indican que la agonía se prolongará sin encontrar un remedio. Los grandes perdedores son los caleños, quienes asisten impotentes al continuado deterioro de la capacidad competitiva de su ciudad.





La intervención

Emcali, la empresa que presta los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado y telecomunicaciones en Cali, Yumbo y sus alrededores, fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos en abril de 2000, porque estaba a punto de no poder cancelar sus obligaciones con los generadores de energía, lo que habría ocasionado la suspensión del servicio para la capital vallecaucana.



La figura de la intervención le ha permitido congelar los pagos a sus proveedores y al sector financiero, lo que ha sido definitivo para que pueda seguir operando, pero no ha sido suficiente para mejorar sus indicadores financieros y de gestión.



Gracias a que está intervenida, ninguno de sus acreedores la ha podido embargar. Por eso, si la intervención se levanta sin que haya una solución de fondo a su problema de patrimonio negativo y de déficit en el flujo de caja, la compañía quedaría expuesta a la acción de sus acreedores.



No hay acuerdo sobre el tamaño del hueco patrimonial en Emcali, pero sí se sabe que es considerable. Para la banca de inversión Unión Temporal Siglo XXI, el patrimonio negativo asciende a $1,2 billones, mientras que para Empresas Públicas de Medellín (EPM), que hizo una valoración cuando se debatía el tema de una alianza estratégica entre las dos compañías, el hueco de Emcali es menor: unos $586.000 millones. La diferencia en las cifras, de acuerdo con la Superservicios, se debe a que EPM valora el portafolio y el pasivo pensional por su valor en libros, mientras que la banca lo hace a precios de mercado en el primer caso, y con base en un cálculo actuarial en el segundo. Las cifras todavía pueden variar, porque se está haciendo un nuevo cálculo sobre el pasivo pensional con el Instituto de Seguros Sociales. Pero no hay duda sobre la inviabilidad de Emcali tal como está en este momento.
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