| 3/1/1994 12:00:00 AM

El veedor y Colfuturo

"No hay peor ciego que el veedor que no quiere ver".

Los colombianos tenemos la costumbre de poner en duda la buena fe de casi todas las iniciativas que buscan, de una u otra forma, prestarle un servicio a la comunidad. Y esa suspicacia se manifiesta con más entusiasmo si se trata de unir esfuerzos del sector público con el privado, porque como hemos visto tantos casos de uso indebido de fondos públicos, nuestra natural inclinación es suponer dolo. Y si, al calor de una contienda electoral, esa suspicacia le aporta beneficios políticos a alguno de los grupos contendores, ¡con mayor razón!

Pero lo más colombiano de este fenómeno, y también lo más trágico, es que esa presunción de indelicadeza y el correspondiente y drástico control, se aplican con entusiasmo a las iniciativas que mayor transparencia y claridad tienen y jamás a los casos donde es de público conocimiento la malversación de fondos públicos o su uso para beneficio personal o electoral. Claro. Es mucho más fácil gritar que alguien se va a robar la plata que castigar a los que ya se la robaron. Hasta la fecha casi ninguno de los responsables de los peculados que publican diariamente está en la cárcel y los beneficiarios individuales, durante décadas, de auxilios parlamentarios, ocupan altas posiciones y a nadie se le ocurre investigar cómo se usó toda la plata que le ordeñaron al Estado.

Este cuento ilustra nuestra manía de obstaculizar lo legítimo, buscando vanamente evitar ilegalidades: un amigo, que tramitaba asuntos ante una entidad pública, relataba que llegó un día a esa oficina con un maletín lleno de los formularios, anexos y papeles que le exigían para despachar su asunto y le impidieron entrar con el maletín. Le explicaron que unos días antes alguien había intentado entrar con una bomba, y naturalmente, en lugar de poner preso al terrorista, prohibieron la entrada de maletines.

Y esta desgraciada costumbre se ha aplicado al caso de Colfuturo con todo rigor, con el beneplácito de ingenuos mal informados, de políticos oportunistas y de funcionarios con deseos de publicidad. ¿Cuál es la verdad de Colfuturo?: Que un grupo de empresarios conscientes de la impostergable necesidad de capacitar profesionales colombianos decidió meterse la mano al bolsillo y financiar, junto con el Estado -que, de paso, debería ser el responsable de ofrecer esas oportunidades-, un patrimonio intocable para iniciar, en forma muy tímida, un programa de créditos educativos para estudiar en el exterior. Y digo tímida, porque aunque cuesta mucho enviar entre cincuenta y cien estudiantes por año a las mejores universidades del mundo, con ese esfuerzo sólo se raspa la superficie del problema. Los ex becarios del programa Mariscal de Ayacucho en Venezuela sobrepasan 50.000 y, para no hablar de los europeos o los japoneses, Malasia, que tiene más o menos el doble de la población de Colombia, mantiene en el exterior 300.000 estudiantes. No hay que tener dos dedos de frente para entender la urgentísima necesidad de que los mejores colombianos, los de mayor nivel académico y demostrada trayectoria universitaria, se capaciten en el exterior. Si no lo logramos, ¿de dónde van a salir los profesores para mejorar el nivel de nuestra educación? y ¿quién va a ser capaz de negociar ventajosamente en el extranjero, en estas épocas de GATT, G-3 y NAFTA, si no ha salido de los confines, físicos y mentales, de su región?

Y en cuanto al otro aspecto de Colfuturo, el trabajo conjunto del sector público con el privado, ¿será malo para el país que las cabezas de los más importantes grupos económicos, algunos de ellos distanciados entre sí en los negocios, se sienten juntos una vez al mes con el único propósito de contribuir desinteresadamente a solucionar uno de los problemas más importantes en el campo de la educación?

El veedor del Tesoro, desde su intocable tribuna y basado en dudosas atribuciones, ha decidido exigir la devolución de los dineros que ha aportado el Estado a Colfuturo, con la peregrina teoría de que en esta época preelectoral es necesario impedir que se utilicen para las campañas. Naturalmente hizo caso omiso de los resultados finales -y el fallo correspondiente- de la minuciosa investigación de la Contraloría, que declaró el aporte estatal a Colfuturo completamente ajustado a la ley y que toda la operación de esa fundación ha sido de una transparencia total: el manejo de los fondos, la selección de los estudiantes y la adjudicación de los créditos.

Me he devanado los sesos tratando de imaginar cómo un fondo patrimonial estatutariamente intocable, constituido en partes más o menos iguales por recursos públicos y privados, vigilado personalmente por los aportantes y cuyos rendimientos están comprometidos para sostener cerca de 150 muchachos en el exterior, puede usarse en la próxima campaña. Y lo único que se me ocurre es que esos estudiantes, en vez de estudiar, se dediquen a hacer proselitismo político en el "campus" de su universidad. Si el veedor les quita los recursos se quedarán colgados de la brocha y ¿a dónde se irá esa plata?

Los colombianos nadamos en un mar de babas y gastamos tinta a chorros -y también gastamos la honra de muchos ciudadanos- buscando indelicadezas y peculados donde está demostrado que no los hay. Y mientras tanto los verdaderos ladrones, algunos de ellos también dueños de la moral, andan sueltos por ahí. Los países que compiten con nosotros por los puestos en las mejores universidades deben de morirse de la risa.

Ya es hora de que los ciudadanos exijamos a los funcionarios encargados del control meter en cintura a los pícaros y encarcelar a los dolosos y les impidamos que, por malintencionados motivos políticos, ataquen las iniciativas transparentes como Colfuturo. Que persigan a los bandidos en vez de prohibir los maletines.
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