| 12/3/1999 12:00:00 AM

El valor de la competencia

Por realizar prácticas que afectan la competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio alista fallos que afectan a más de 20 empresas.

La igualdad de precios en productos como la leche, el azúcar, los huevos y las gaseosas ha sido tan evidente y común durante los últimos años, que al consumidor ni siquiera le parece raro que los productos cuesten lo mismo sin importar su marca. Sin embargo, esta costumbre, que ha sido muy beneficiosa para los productores al garantizar cierta normalidad en el mercado, podría tener sus días contados.

La Superintendencia de Industria y Comercio está á punto de imponer multas millonarias a por lo menos 20 empresas que habrían establecido acuerdos ilegales para fijar precios o para repartirse el mercado. Las averiguaciones preliminares realizadas por la entidad apenaron elementos suficientes para abrir las investigaciones formales, que en algunos a adelantan desde hace más de 12 meses.

Entre 1998 y 1999 se abrieron mas 100 procesos por la realización de acuerdos o actos contrarios a la libre competencia, cuando el promedio anual era 12 y nunca llegaban ala imposición de sanciones. La razón era simple, una vez las empresas acusadas se enteraban del caso ofrecían desmontar la práctica u modificarla a cambio de garantías económicas, como pólizas o hipotecas, con fe cual el proceso quedaba suspendido.

Fácil para la grandes

Sin embargo, esa alternativa por lo general benefició a los grupos empresariales con capacidad para ofrecer garantías lo suficientemente grandes, lo cual no siempre resulta fácil para empresas menores. Esta es una de las razones por las cuales los primeros fallos se relacionarán con empresas medianas y pequeñas.

En la actualidad, se examina el valor de la garantía ofrecida para determinar si en caso de incurrir en la misma falla cubriría apropiadamente las sanciones que se deriven. Las multas máximas son de 300 salarios mínimos mensuales para los administradores, más de $70 millones, y 2.000 smm para la empresa, cerca de $500 millones.

Pero las garantías también pueden aplicar cuando una empresa no está dispuesta a modificar su conducta en tanto culmina la investigación de la Superindustria. Así se ha aplicado en el proceso que se adelanta contra Comcel por la realización de competencia desleal al ofrecer servicio de larga distancia internacional. La compañía constituyó una póliza por $1.000 millones para continuar prestando el servicio, mientras se conoce la decisión definitiva.

El cartel de los precios

En nuestro país, la igualdad de precios en productos de diferentes marcas es una herencia de los años en que la economía se mantuvo cerrada. Este mecanismo se utiliza para mantener la estabilidad en los ingresos de los productores y evitar alteraciones en el mercado. Pero también podrían imponer barreras de entrada a nuevos competidores.

Uno de los casos más evidentes es el de la leche. La investigación se inició por un aviso publicado en la prensa por la Asociación de Procesadores Independientes en enero de 1997 en el que anunciaba que el precio de la bolsa de leche de un litro quedaba fijado en $600. Los miembros de la asociación son Delay Ltda., Industria Pasteurizadora y Lechera El Pomar, Pasteurizadora Algarra, Pasteurizadora La Alquería, Derilac Ltda., Inversiones Shangri La, La Pradera S.A. y Doña Leche Alimentos.

Las primeras averiguaciones realizadas por la entidad concluyeron que como esta asociación estaba conformada por agentes económicos independientes, la fijación de un precio único de venta al público sí era una conducta restrictiva de la competencia. La resolución que ordenó la investigación fue emitida en febrero de 1997 y en abril la Asociación de Procesadores Independientes interpuso un recurso para revocarla orden.

Un año después, la Superindustria no solo ratificó la necesidad de investigar, sino que vinculó al caso a las pasteurizadores El jardín, Colanta, Parmalat Colombia y Ceuco de Colombia, porque también vendían sus productos al mismo precio. De acuerdo con la Superintendencia, el desarrollo de los procesos ha sido largo y dispendioso debido a la necesidad de contar con múltiples testimonios y realizar visitas a las compañías involucradas para obtener documentos que certifiquen si hubo o no acuerdos de precios.

Genaro Pérez, gerente de Colanta, declaró que, en vez de participar en acuerdos de precios, su empresa ha tenido que luchar muy fuertemente para entrar al mercado bogotano por las políticas que los pasteurizadores regionales manejan para cerrar el paso a la competencia.

"En ningún momento hemos firmado pactos para fijar precios con la Asociación de Pasteuriza

dores porque, en primer lugar, yo soy el presidente de Fedecoleche y el manejo de los precios en la ciudad depende de los incentivos que se le den al tendero", explicó el directivo. De acuerdo con Genaro Pérez, Colanta sí maneja un solo precio nacional porque tiene plantas en las regiones, pero en los municipios pequeños son las autoridades locales las que, de común acuerdo con los tenderos, fijan el precio de la leche.

Un fallo para todos

El fallo que se emita respecto a los pasteurizadores de leche sentará jurisprudencia sobre la legalidad o ilegalidad de fijar precios al público. El argumento de la Superintendencia en contra de esta práctica es que por ley se consideran contrarios a la libre competencia los acuerdos para fijar directa o indirectamente precios, pues el perjudicado con esa política siempre es el consumidor que no tiene la libertad de escoger ni encuentra diferenciación en los productos en términos de valor.

Las empresas, mientras tanto, amparan con esas medidas sus problemas internos para manejar con eficiencia la producción, innovar y generar valor agregado a su comprador final.

También se adelantan investigaciones por el mismo motivo contra compañías como Panamco Indega, Bavaria y Postobón, que ya ofrecieron garantías económicas para desmontar la práctica de fijar un mismo precio para todos sus productos. Al mismo tiempo, se recibirán los informes motivados sobre las investigaciones que se le siguen desde agosto del 98 a Fenavi, a las 37 empresas que pertenecen al Comité Nacional del Huevo y al Comité Nacional de la Incubación de esa federación por promover de manera ilegal acuerdos de producción y precios.

De acuerdo con las actas recolectadas por los investigadores, los asociados de Fenavi se pusieron de acuerdo para regular la oferta de huevo y evitar futura sobreoferta, mediante programas de intercambio de información. Además, firmaron un acta en la que se comprometieron a reducir la oferta de pollitas a cambio de subir el precio de venta de las mismas y establecieron el volumen de venta de cada incubador. Todas estas medidas buscaban además evitar la entrada al mercado de nuevas empresas incubadoras que no cumplieran lo pactado.

Porcentajes generales

Casos similares se resolverán respecto a los porcentajes que por la prestación de servicios cobran las compañías de vigilancia, las lonjas de propiedad raíz y, hasta hace poco, las agencias de publicidad.

Sin embargo, los argumentos que defienden este tipo de prácticas se basan en que el Gobierno ha establecido precios mínimos en el valor de servicios, como la vigilancia privada, o bien en que la ley no define nada con respecto a las tarifas que deben regir para el cobro de servicios inmobiliarios por parte de las agencias de finca raíz.

De acuerdo con Sergio Mutis, presidente de la Lonja de Bogotá, es claro que ante la ausencia de normatividad se impone la costumbre mercantil. Pero la Superintendencia considera que es necesario definir si un gremio puede, ante la ausencia de leyes, decidir el valor de los servicios teniendo en cuenta que esto impide la libre competencia en precios entre todos los agentes del mercado.

Las decisiones de la Superintendencia también abrirán nuevos caminos en la competencia dentro la industria aérea nacional pues hasta ahoye el Gobierno ha establecido precios mínimos para los tiquetes aéreos, con base en un cálculo sobre el ingreso por tiquete que requiere una aerolínea para garantizar las principales normas de seguridad

Con los tallos sobre la mesa, se ,sentado, nuevas bases en el país para darle al consentidor final la posibilidad de obtener el máximo beneficio de su dinero y Portar un verdadero ambiente de competencia entre las empresas.
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