El teléfono roto

| 5/26/2000 12:00:00 AM

El teléfono roto

Las diferencias en la interpretación en la prestación de servicios de valor agregado en telecomunicaciones distancia al gobierno y al sector privado. Mientras tanto, las medidas de aseguramiento y las multas millonarias están a la orden del día.

Según la Fiscalía General de la Nación, hasta la tercera semana de mayo se habían adelantado 24 investigaciones que involucran a cerca de 50 empresas por prestar servicios ilegales de larga distancia en Colombia. Se han dictado 20 medidas de aseguramiento y hay ya dos procesos más que están en etapa de juicio con cinco personas involucradas y contra quienes hay resolución de acusación.

Lo que se inició como una diferencia en las interpretaciones de las normas que desde comienzos de la década de los 90 rigen el sector de telecomunicaciones, se ha convertido hoy en un problema de baranda judicial.



En la actualidad, avanzan los procesos preliminares contra otras 50 empresas de este sector. Estos resultados los entregó el ente acusatorio solo 7 meses después de que la Unidad de delitos contra derechos de autor y al acceso o prestación ilegal del servicio de telecomunicaciones entró en operación. En estos procesos hay empresas clandestinas que prestan el servicio en pequeñas oficinas de tres metros cuadrados, pero también hay otras que, reconocidas y habilitadas por el Ministerio de Comunicaciones para prestar servicios de valor agregado, enfrentan hoy diligencias judiciales. El miércoles 24 de mayo, Peter Burrowes, presidente de Comcel, se alistaba para continuar una indagatoria que la Fiscalía había iniciado dos semanas atrás. Esta empresa celular es investigada porque, en la interpretación del Ministerio, estaba prestando servicio de larga distancia de voz sobre el protocolo de internet (IP, por sus siglas en inglés), que ha generado diversas interpretaciones jurídicas.



El 8 de mayo de este año, el mismo Ministerio les ratificó a Comcel, Occel y Rey Moreno las sanciones que por prestar servicios de voz sobre IP les había impuesto en la resolución 70 de febrero de 2000, ante el recurso de reposición interpuesto por las empresas. Cada una de ellas deberá cancelar una multa de 900 salarios mínimos legales (cerca de $234 millones).



Mientras tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta procesos individuales contra las mismas empresas por competencia desleal frente a Telecom, Orbitel y ETB. El primer caso que analiza es el de Comcel, cuyo fallo se debe conocer antes del 12 de junio. De hallarse pruebas que comprometan a la empresa, las operadoras de larga distancia 15 días después pueden solicitar resarcimiento de perjuicios, para lo cual Comcel tiene una póliza de garantía de $1.000 millones.



"En este tema hay muchas zonas grises. Y es natural que existan por la dinámica misma del segmento de las telecomunicaciones. Cuando Comcel introdujo el servicio de voz sobre IP, en diciembre de 1998, varias firmas de abogados en el país coincidieron en que nuestra decisión estaba amparada por las normas colombianas. Los argumentos que tuve en ese momento están vigentes hoy, más otros que por reserva del sumario no puedo comentar", asegura Burrowes.



Además, cuatro representantes legales de compañías de valor agregado están en detención domiciliaria. En los últimos días, el rumor más fuerte en el sector ha sido el de la medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación contra Ernesto Rey Moreno, accionista de Telefónica Data, empresa que esta revista consultó pero no quiso pronunciarse al respecto.



¿Por qué se llegó hasta esta instancia? La puerta se abrió, según algunos analistas, por el artículo 6 de la Ley 422 de 1998, presentada por el entonces ministro Saulo Arboleda, que pretendía proteger los recursos que habían sido pagados por los operadores celulares para hacer telecomunicación social. Sin embargo, allí se originó un cambio profundo en la legislación: lo que en el pasado era una contravención de tipo administrativo, se elevó a delito. Primero, con la decisión de castigar la clonación en las empresas de telefonía celular y, como 'respuesta' a esta medida, con la insistencia de los operadores de larga distancia de penalizar la prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones.



Tono ocupado



El acercamiento entre las partes no parece fácil. Las posiciones e interpretaciones son diametralmente opuestas.



Según Sergio Michelsen, abogado de Brigard Urrutia, la complejidad introducida por este artículo tiene a la mayoría de los 180 licenciatarios de servicios de valor agregado confundidos, atemorizados y desconcertados, porque "además de la incoherencia en las políticas estatales en esta materia, están ahora las consecuencias que afectan la libertad de las personas que prestan estos servicios".



Y es que la regulación parece inflexible en un mercado que cambia rápidamente. Atender los derechos de los operadores de larga distancia se hace, de acuerdo con expertos en el tema, con el costo de colocar en peligro la adopción de muchas innovaciones.



"Es una percepción equivocada", señala Ciro Mendoza, el viceministro de Comunicaciones, para quien la estructura del decreto Ley 1900 de 1990, en el que se definen los parámetros para la regulación de telecomunicaciones, está basada en servicios y no en tecnologías. "Aquí se dice que Colombia no permite el ingreso de nuevas tecnologías y eso es falso. La tecnología no tiene mucho que ver, lo que tiene que ver es la prestación del servicio", asegura. Y es que, según funcionarios oficiales, el tráfico en los operadores de larga distancia se había disminuido. Por ejemplo, en 1998 cuando Telecom aún era monopolio, se registraron pérdidas por larga distancia ilegal, por cerca de US$70 millones, calculados solo sobre el 65% del tráfico entre Colombia y Estados Unidos. Para el año anterior y con los dos nuevos operadores ­ETB y Orbitel­ la cifra ascendió a US$84 millones, sobre la misma base.



Para algunas empresas que prestan servicios de valor agregado, la razón para que el gobierno haga esta interpretación de las leyes es la de proteger la inversión que por US$300 millones hicieron Orbitel y ETB para hacerse a las licencias de telefonía pública básica conmutada de larga distancia. "Mucho dinero, si se tiene en cuenta que el costo de este servicio, por ejemplo por internet, se reduce a grandes velocidades", agrega un analista. Para el gobierno, por su parte, es la ley y su interpretación se acoge a ella, como lo indica el viceministro Mendoza.



¿Hay salida?



"Tenemos que modificar el artículo 6 de la Ley 422. Establecer límites y tipificar qué acciones o conductas deben ser objeto de sanción penal", dice Sergio Martínez, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones.



Para este gremio, el objetivo es presentar el proyecto modificatorio antes de terminar esta legislatura para darle trámite, en la que se inicia el 20 de julio, bien sea por iniciativa del gobierno de común acuerdo con ellos o de lo contrario que fuera presentada por iniciativa parlamentaria. Sin embargo, el ambiente político no es el más apropiado para adelantar este tipo de reformas y el proceso puede ser muy demorado.



En un sector de tanto potencial y de rápido cambio tecnológico, la precisión en las normas resulta esencial para el mercado. Estas condiciones parecen estar fallando en general. Y ante la deficiencia en la legislación, las empresas han optado por tener a la Fiscalía como juez de sus conflictos empresariales. Si la inestabilidad jurídica se acompaña con los carcelazos para los representantes legales que entran a este mercado, la competencia será cada vez más difícil y el desarrollo de este estratégico sector tendrá más complicaciones. Este es un llamado de alerta para modernizar, más temprano que tarde los marcos legales y administrativos con los que se rige la conectividad en Colombia con el mundo.





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El problema




La Fiscalía dirimiendo conflictos empresariales.



Las causas



La protección de la inversión que por US$300 millones hicieron operadores de larga distancia como Orbitel y ETB.



El artículo 6 de la Ley 422 de 1998 que elevó una contravención de tipo administrativo, a delito. Primero, al castigar la clonación de celulares y, segundo, al penalizar la prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones.



Las consecuencias



20 medidas de aseguramiento que cobijan desde representantes legales de firmas que prestan servicios de valor agregado, hasta personas que operan realmente con servicios.





¿En qué consiste la ilegalidad?




Investigadores de la Fiscalía se trasladaron a Estados Unidos para recabar las pruebas que sirvieron para dar curso a los procesos penales. Allí, por intermedio de un abonado oficial y utilizando tarjetas prepago compradas en ese país, verificaron que las llamadas al país no ingresaban por los operadores ETB, Telecom u Orbitel, sino que eran enrutadas (o hacían un by pass) hacia otros números telefónicos. Es decir, el cargo de acceso que hay de operador de larga distancia a uno local y que tiene un valor de $48,5 por minuto, se convierte en una llamada local cuyo cargo es de $16,6 el impulso, que equivale a tres minutos. Además, explican operadores locales, estas acciones no pagan IVA.



"Es un tema con muchas zonas grises. Y es natural que exista porque lo interesante es la dinámica del sector": Peter Burrowes, Comcel"Aquí se dice que Colombia no permite el ingreso de nuevas tecnologías y eso es falso": Ciro Mendoza, viceministro de Comunicaciones.D



¿Qué pasa con las empresas?




La penalidad para quienes se les dicta medida de aseguramiento ­los representantes legales de las compañías­ podría ser de 4 a 10 años. Se puede conceder la detención domiciliaria.



En el caso de las empresas que prestan servicios de valor agregado y que tienen autorización del Ministerio de Comunicaciones y son vinculadas a estos procesos, la Fiscalía procede a la incautación de los equipos y elementos que son materia de ilegalidad, pero continúan prestando los otros servicios para los que fueron autorizados.



¿Se podría vincular a los representantes legales de las compañías que, por ejemplo, venden las tarjetas prepago en el exterior?



No. En el caso de Estados Unidos tienen libertad en las comunicaciones. No se puede judicializar a ninguna persona en el exterior porque no es delito allí. No opera la extraterritorialidad que es el principio de la doble imputación: que sea delito en Colombia y en ese otro país.
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