| 1/19/2007 12:00:00 AM

El nuevo salvavidas para las empresas

La Ley de Insolvencia o de Reorganización, que reemplazará la 550, brinda más oportunidades a los empresarios para reorganizar sus estados financieros. Pero así mismo, las exigencias son mayores.

En unos seis meses entra en vigencia el nuevo régimen de Insolvencia o Ley de Reorganización, que fue aprobado a mediados de diciembre pasado en el Congreso para reemplazar la Ley 550.

A diferencia de mecanismos anteriores, como el Decreto 350 de 1989, el Concordato y la Ley 550 de 1990, que se crearon de manera transitoria, la Ley de Reorganización se estableció en forma definitiva y su objetivo, además de ofrecerles un salvavidas a las empresas, es sanearlas para que en el futuro disminuyan las liquidaciones.

La meta del gobierno para los próximos años es que las sociedades que soliciten la insolvencia resuelvan su situación en un lapso de 4 meses, prorrogables a 6 como máximo.

De esta forma se les pone punto final a los pleitos eternos, con lo que se supone que no se volverán a presentar casos como el de Acerías Paz del Río, que fue aceptada en la Ley 550 el 4 de septiembre de 2000, pero firmó acuerdo 3 años después.

A partir de este año, en caso de que las empresas en Reorganización necesiten utilizar la prórroga deben hacerlo por escrito y si pasado el límite de tiempo no hay acuerdo, la Supersociedades puede decretar la liquidación obligatoria (ver recuadro).

Pero si bien la modificación en el tiempo se plantea como un beneficio, hay muchas críticas alrededor del tema e incluso hay quienes temen que resulte peor el remedio que la enfermedad.

Para Luis Fernando Alvarado, ex superintendente de Sociedades, seis meses es muy poco tiempo para que se logren los acuerdos. "La experiencia ha demostrado que se requiere negociar con calma. Muestra de ello es que, además de Paz del Río, Avianca —que se acogió a la Ley de Quiebras de Estados Unidos— duró más de dos años negociando", dice.

Soluciones inmediatas

Sergio Díaz-Granados, viceministro de Desarrollo Empresarial, está convencido de que "cualquier régimen de insolvencia debe tener como propósito la agilidad". Afirmación con la que está de acuerdo Francisco Noguera, superintendente de Sociedades (e), quien considera que en el futuro esto permitirá una mayor transparencia.

La decisión busca también crear una nueva cultura para realizar acuerdos extrajudiciales antes de solicitar la insolvencia. "Estos convenios serán tenidos en cuenta dentro del proceso", sostiene Díaz-Granados, lo que quiere decir que los 6 meses no se convertirán en una camisa de fuerza.

En términos generales, y aunque la Ley recoge experiencias anteriores, el mecanismo le apunta a disciplinar a las empresas para que el país mejore en tres objetivos: hacer más ágiles los procesos, ser cuidadoso con el dinero que se les descuenta a terceras personas y detectar a tiempo las dificultades para lograr arreglos previos antes de llegar a la insolvencia.

¿Qué cambió?

Las exigencias para las empresas que quieren acogerse al nuevo régimen de insolvencia serán mucho más severas. Con esto se quiere evitar que la ley sea vista como un escudo.

Hasta la fecha, para ingresar a la Ley 550 bastaba con presentar la solicitud ante la Supersociedades con los respectivos estados financieros para estudiar el caso. Si la empresa era aceptada, le asignaban promotor.

A partir de la Reorganización, la solicitud deberá presentarse acompañada de los documentos que acrediten, además de la incapacidad de pago inminente, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Código de Comercio, paz y salvo del pago de las mesadas pensionales, si aplica, y paz y salvo de las obligaciones con la Dian y con el sistema de salud.

En este aspecto, Francisco Noguera, superintendente de Sociedades (e), es enfático en que "si una empresa no está al día con estos pagos ya está en causal de liquidación".

Aunque la Supersociedades no discrimina actualmente la deuda que las empresas tienen con la Dian y no se tienen estadísticas precisas sobre qué porcentaje de las empresas admitidas en el régimen de insolvencia estaban financiándose con el dinero de terceros, conocedores del tema aseguran que más de 80% de las 1.169 sociedades aceptadas en la Ley 550 hasta el 30 de noviembre del año pasado sumaban este tipo de deuda a los procesos.

Otro de los cambios radicales de la reorganización es el tema transfronterizo que les permite a las empresas proteger los bienes que tengan en otro país. Así las cosas, las empresas no tendrán que acogerse a las leyes de otros países, como lo hizo Avianca en Estados Unidos. Esto es positivo, porque las empresas tendrán mejores mecanismos de protección en Colombia.

Aunque el tema transfronterizo solo opera entre países que tengan vigente el Régimen de Insolvencia Transfronteriza, visionarios del tema lo califican como un avance a la luz de los tratados de libre comercio.

Los argumentos son claves

La solicitud para acogerse al régimen de insolvencia debe presentar un plan de pagos para lograr acuerdos.

En el caso de haberse realizado acuerdos previos se debe presentar la copia escrita de ellos y la planeación financiera de la empresa para darles cumplimiento en el tiempo establecido. En los antiguos mecanismos no existía esta posibilidad.

Uno de los puntos más aplaudidos de la Ley es que las empresas que están en liquidación pueden frenar el proceso y reorganizarse para continuar siendo viables.

Por ejemplo, sociedades como Hilacol o Friesland que están en plan de liquidación pero tienen funcionando sus unidades productivas son —a juicio de los abogados— candidatas para acogerse a la reorganización debido a los ingresos que reportan en sus estados financieros. Si estas empresas quisieran dar marcha atrás a la liquidación deberán presentar una carta de solicitud de reorganización y cumplir los mismos requisitos de quienes la solicitan por primera vez.

¿Más liquidaciones?

La reducción en el tiempo para lograr los acuerdos y la exigencia del paz y salvo con la Dian por concepto de la retención a terceros fueron los dos temas de mayor controversia en el Congreso. Hay quienes sostienen que esto les cierra la oportunidad a muchas empresas de recuperarse.

En opinión de Darío Laguado, ex superintendente de Sociedades, "parece que la Ley tuviera sus propias necesidades para imponerse, porque los privilegios que reclama la Dian no se conceden en ninguna otra parte del mundo".

Laguado está de acuerdo con Díaz-Granados en que ninguna empresa debe financiarse con el dinero de los empleados, pero considera que la Ley carece de alternativas para que las sociedades en crisis se salven.

Voceros de la Superintendencia de Sociedades argumentan que las empresas pueden acceder a préstamos bancarios para ponerse al día con estos pagos, hecho que pone en duda Luis Fernando Alvarado, por considerar que lo primero que tiene en cuenta el sector financiero son las deudas con la Dian y en este sentido ve prácticamente imposible que los bancos presten para este fin.

Juan José Rodríguez, abogado y profesor de la Universidad Externado de Colombia, prevé que la falta de mecanismos para respaldar a las empresas para que se pongan al día con la Dian hará que en los próximos meses se presente una avalancha de solicitudes para acogerse a la Ley 550, que continúa vigente hasta que la de reorganización empiece a operar.

Otro hecho que preocupa a los críticos es que se puedan encarecer ciertas operaciones para los empresarios, precisamente porque con la nueva Ley se podría solicitar la cancelación previa de algunos contratos y la renegociación de otros, según las condiciones de la empresa que sea aceptada en la reorganización.

La decisión de aceptar patrimonios autónomos en la reorganización también genera inquietud porque los deudores pueden transferir algunos de sus bienes a un título de fiducia mercantil, con lo cual dichos bienes quedan protegidos y no entran en los acuerdos. Luis Fernando Alvarado cree que con el tiempo este puede ser un mecanismo mal utilizado, porque facilitaría la creación de sociedades independientes y se prestaría para hacerle trampas a la Ley.
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