| 7/31/1998 12:00:00 AM

El interés oculto en Corelca

La historia que hay detrás de los obstáculos para la capitalización de Corelca comenzó hace dos años. Quiénes son sus protagonistas y qué tratan de proteger.

El escándalo que obligó a aplazar la capitalización de Corelca es apenas el episodio más visible en una cadena de corrupción y malos manejos que comenzó hace más de dos años y que confirma la importancia de las electrificadoras de la Costa como fortín burocrático y "vaca lechera" de los políticos de esa región del país. No en vano la cartera vencida y los desembolsos efectivos de la Nación a las electrificadoras en los últimos ocho meses superan el billón de pesos.

En tan solo una semana, el contrato de suministro de energía le habría dejado a TermoRío una utilidad de $1.848 millones.

El episodio demostró una vez más que la capitalización y la entrada de inversionistas privados al sector sí está levantando una ampolla muy grande entre los beneficiarios de la corrupción. Las presiones para detener la capitalización de Corelca no sólo son cada vez más numerosas, sino también más audaces.


La historia

Los hechos recientes son conocidos: faltaban sólo dos días para que se realizara la capitalización de las distribuidoras de Corelca, cuando el Superintendente de Servicios Públicos José Ricardo Tafur presentó su renuncia al cargo y anunció que no firmaría el traspaso de los activos de Corelca a las nuevas compañías que surgirían del proceso. Con esto, bloqueó el avance de la capitalización.

Aunque en un primer momento el Superservicios logró aparecer como un héroe que no se dejaba presionar por un gobierno en el que todo levanta sospecha, más tarde empezaron a aparecer serias dudas respecto a las verdaderas motivaciones de su acción, que serían parte de un proyecto orientado a detener el proceso. Si bien toda la atención pública se ha centrado en los acontecimientos más recientes, la bomba que estalló llevaba dos años gestándose.

El primer antecedente se dio el 16 de mayo de 1996, cuando Antonio Holguín, gerente de la Electrificadora del Atlántico (Electranta) y William Tarud Saieh, representante legal de Coenergía, firmaron un contrato de gestión que autorizaba una desmembración de la electrificadora. Este contrato de gestión, que contó con el aval de Rodrigo Villamizar, el entonces ministro de Minas, le entregaba los clientes comerciales y los de los estratos 4, 5 y 6 ­los más rentables­ de Electranta a un tercero, y daba paso a la creación de una empresa generadora de energía que en su momento se llamó RíoGen, y que hoy se conoce como TermoRío.

Cada vez que el Gobierno trataba de mantener el dominio de la situación, se descubría una nueva jugada.*

A partir de ese momento inició una historia de tira y afloja, en la que cada vez que el Gobierno trataba de recuperar el dominio de la situación, aparecía una nueva jugada que se lo arrebataba. No en vano hay de por medio un negocio que, en caso de haber estado en plena ejecución, le habría representado utilidades a TermoRío por $1.848 millones solamente en la semana comprendida entre el 15 y el 21 de julio de este año, debido a la diferencia de precios entre la tarifa pactada en el contrato y la que registró la bolsa de energía en ese período (ver cuadro).


Primera escena

La primera parte de la historia nace con un contrato de gestión en mayo de 1996 y las modificaciones que se le hicieron el primero de agosto siguiente. Los actores principales son Coenergía y Electranta. Estas firmas crearon una empresa comercializadora y una generadora de energía. La primera, que denominaron Electricom, recibía el manejo de los ingresos de Electranta. La segunda, TermoRío, se encargaría de la generación de energía. El capital pagado de cada una de ellas apenas llegaba a los $10 millones. El socio mayoritario de las dos empresas era Coenergía, con el 51%, mientras que Electranta se quedó con el 49%.

El contrato decía claramente: "Electricom será responsable por la comercialización de energía a los clientes cedidos a Electricom por Electranta, así como a los suyos propios. Electricom asumirá todos los clientes (regulados y no regulados) de Electranta, al igual que los contratos de compra de energía de Electranta asociados con dichos clientes".

¿Qué recibe Electranta por entregar sus clientes? El mismo contrato lo explica: una "adecuada compensación" por los servicios suministrados a Electricom. En ninguna parte se estableció una suma específica. En estas condiciones, Electranta estaba prácticamente regalando su mercado de clientes, que es el activo más valioso de una electrificadora. Algunos calculan que, según estándares internacionales, podría valer más de US$200 millones.

En lo que se refiere a TermoRío, se acordó celebrar un contrato de leasing con Lease Co. Power por 20 años para la construcción de una generadora y se establecieron condiciones para garantizar la financiación de este proyecto. La principal era la creación de un fideicomiso cuya prioridad debía ser pagarle a Electricom para que ésta, a su vez, pudiera cubrir los costos por compra de energía y amortizar las mejoras técnicas del sistema de distribución.


El botín

El 20 de junio de 1997, casi un año después de la "privatización" de Electranta, entra en escena el negocio que atoró la capitalización de todo el sector eléctrico de la Costa.

En esa fecha Electranta adjudicó a TermoRío el contrato de suministro de energía por 20 años, luego de descalificar ­por lo que muchos consideran un tecnicismo­ a Electroenergía, que ocupó el primer puesto en esa licitación.

El contrato estableció un precio promedio de 4,1 centavos de dólar por kilovatio hora, cuando las proyecciones indicaban que a mediano plazo el precio de ninguna manera superará los 3 centavos de dólar.

Orlando Cabrales, el Ministro de Minas, ordenó echar para atrás el desmantelamiento que se hizo de Electranta.

Si se tiene en cuenta que el consumo mínimo contratado con TermoRío es de 266.000 kilovatios hora, las ganancias de esta compañía en el primer año de operación estarían cercanas a los $36.000 millones, incluso si no construye la planta.

El contrato debería entrar en vigencia el 15 de julio de 1998. Sin embargo, su inicio se frenó porque el Sistema de Intercambios Comerciales no lo registró, pues no cumplía los requisitos mínimos para poder ser liquidado en la bolsa de energía. Por su parte, la Comisión de Regulación de Energía y Gas encontró que no se ajustaba a las normas regulatorias del sector.

El 28 de agosto de 1997 Orlando Cabrales entró a reemplazar a Rodrigo Villamizar en el Ministerio de Minas, luego del lío del "miti-miti".

Al poco tiempo de posesionado, y por considerar que la operación era nociva para los intereses de Electranta, le ordenó al gerente de esta compañía, Antonio Holguín, echar para atrás el desmantelamiento de la electrificadora. Es así como Coenergía y Electranta cancelaron el contrato de gestión celebrado con Electricom. Coenergía accedió.

Pero el gobierno no supo que, a cambio, Coenergía pidió que se modificara el contrato de suministro de energía y se celebrara un contrato de fiducia, para garantizarle a TermoRío los flujos necesarios para construir y financiar la generadora.

A estas alturas, TermoRío seguía sin montar la infraestructura de generación.

Las modificaciones sólo se hicieron cuando se conoció la decisión del gobierno de capitalizar las 10 empresas que conforman el grupo Corelca. A mediados de diciembre pasado, cuando se contrató a Inverlink y a Credit Suisse First Boston para que manejaran el proceso, se dio por sentado que la privatización era en serio.

El 15 de enero de 1998 Antonio Holguín, gerente de Electranta, y Rodolfo Plata, representante legal de TermoRío, firmaron el famoso otrosí al contrato, que ha sido tan divulgado por la prensa, y que en su tercer punto consigna que "el comprador (Electranta) no podrá traspasar, vender, arrendar, transferir o disponer de cualquier manera, en una transacción o serie de transacciones, de toda o una porción sustancial de sus activos o negocios... sin el consentimiento expreso y previo del vendedor (TermoRío)".

Pero Holguín no tenía permiso de la junta directiva para establecer este compromiso. Esto contribuye a reforzar la idea de que se quería asegurar la continuación del contrato ante cualquier eventualidad.

Electranta iba a cederle a Electricom su mercado de clientes, que podría valer más de US$200 millones.


Las sospechas

Un mes más tarde, en febrero, ocurrió otra extraña cadena de hechos. En vista de que no era posible contactar a Holguín por ninguna parte, el 13 de febrero el Ministerio de Minas envió una comisión a Barranquilla para averiguar lo que pasaba con TermoRío. Allí se descubrió el otrosí y la intención de firmar un contrato de fiducia que manejaría los recursos de Electranta.

Aunque la asamblea general de Electranta había aprobado esta figura para la aplicación de todos los activos exigibles al pago de la compra de energía, los términos del contrato de fiducia eran distintos a lo aprobado. El contrato garantizaba que nunca se iban a incumplir los pagos a TermoRío.
 
En la lista de prioridades de pago figura de primero, e inclusive se establece que cuando no haya recursos en la cuenta destinada para el pago de estas obligaciones, la fiduciaria deberá acudir a "todas las sumas recibidas y transferir dichas sumas diariamente a la cuenta del beneficiario (TermoRío) hasta cuando la suma deficiente se haya pagado".

El contrato jamás tuvo en cuenta qué pasaría si los dineros recaudados sólo alcanzaban para pagar a TermoRío, y no quedaran recursos para otras obligaciones.

Al conocer esto, el Ministro de Minas le envió a Holguín una carta el 19 de febrero, cuando se realizaba la reunión de la junta directiva, en la que le exigía que no firmara el contrato de fiducia. Como durante esa reunión Holguín comentó que la licitación estaba adjudicada a Fiduanglo, mas no firmada aún, el asunto se calmó.

Sin embargo, días después apareció el contrato de fiducia firmado con fecha 12 de febrero. Esto, unido a otros indicios, ha hecho presumir a los asesores del gobierno que se prefechó. Una opinión contraria tiene Santiago Jaramillo, presidente de Fiduanglo.
 
Según él, puede presentar pruebas de que Iván Darío Romero, suplente del representante legal, viajó a Barranquilla a firmar el contrato en la fecha fijada. Es muy claro con respecto a la falta de atribuciones de Holguín para firmar el contrato: "Cuando uno participa en una licitación, no le corresponde verificar las calidades del contratante. Se parte de la buena fe".

En todo caso, es claro que Fiduanglo participó en una licitación cuyos términos de referencia eran públicos y que las condiciones que se presentaron en la licitación fueron las mismas que se estipularon en el contrato de fideicomiso. En otras palabras, que se respetó lo pactado públicamente.

Además, se supo que en los primeros días de junio en una reunión entre representantes del gobierno y de Fiduanglo, la fiduciaria se comprometió a no convertirse en un obstáculo si se demandaba la terminación del contrato. Hasta el momento nadie ha adelantado ninguna acción legal al respecto.

Electranta firmó un contrato fiduciario para garantizar el flujo de recuros a TermoRío, por encima de sus demás obligaciones.

Independientemente de la suerte que corra la capitalización de Corelca, el saliente Ministro de Minas está decidido a no dejar que los problemas con TermoRío se trasladen a la nueva sociedad que resulte de la privatización de Electranta.

La última palabra en este lío la tiene la justicia y los argumentos que tiene Minminas son sólidos. Pero aun en el peor escenario, en el que TermoRío gane una demanda contra Electranta por no trasladar el contrato de venta de energía a la nueva sociedad, los US$250 millones que tendría que desembolsar la Nación representan un costo mucho menor que el de no vender las electrificadoras de la Costa.

En cualquier caso, lo que ocurrió en estas últimas semanas impide que el gobierno Samper pueda llevar adelante este proceso en su totalidad. El 4 de agosto va a intentar colocar las acciones de la primera tanda de distribuidoras, dejando para después la transmisión y la generación.
 
A estas alturas no sólo es altamente improbable que el gobierno de Pastrana mueva un solo dedo para avalar este procedimiento antes del 7 de agosto, sino que también resulta inconveniente fraccionar la responsabilidad del proceso y hacerlo a última hora.
 La pérdida de credibilidad ante los inversionistas podría conducir a limitar la competencia y a reducir innecesariamente los precios de venta.


Camilo Villaveces, de Inverlink, maneja la capitalización.


La mejor alternativa es que en sus primeros 30 días, el gobierno de Pastrana lleve a cabo los ajustes necesarios en las condiciones del proceso licitatorio, coloque la totalidad de las acciones entre inversionistas privados, e inmediatamente ponga las denuncias penales del caso para que la corrupción que se ha destapado en las electrificadoras de la Costa no vuelva a quedar otra vez debajo de las alfombras ni del Congreso ni de la Procuraduría ni de la Presidencia de la República.
 
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