El dilema del gas

| 7/6/2001 12:00:00 AM

El dilema del gas

Frente al estancamiento de la exploración y a la necesidad de garantizar el suministro futuro, el gobierno se alista a tomar decisiones.

Hace un par de semanas a la Casa de Nariño llegaron John Bethancourt, presidente mundial de operaciones de Texaco, y Alex Archila, presidente de la petrolera en Colombia. El tema de la reunión con el mandatario Andrés Pastrana no era el futuro de este sector ni de los problemas de seguridad. El encuentro giró en torno al gas.

Durante casi una hora, los altos ejecutivos le expusieron las dificultades legales, regulatorias y tributarias, entre otras, para la exploración y explotación del gas en Colombia, y cómo el país se está quedando rezagado frente al tema. De hecho, 3 de las 4 grandes compañías del mundo en exploración de gas (BP, Shell, Total) devolvieron sus zonas de exploración y se fueron a buscar el combustible a otro país.



Los argumentos de Texaco no fueron nuevos para el presidente Pastrana ni para los funcionarios encargados, pero como en la cadena del gas hay otros actores importantes e intereses enormes, el gobierno se ha visto enfrentado a un dilema: si libera el precio del gas en boca de pozo, el negocio se haría más rentable y empresas como BP dejarían de reinyectarlo en Cusiana para sacar petróleo y lo pondrían en la red. Pero el peligro es que al liberar el precio en manos de muy pocos productores, podría poner en peligro el precio final que pagan los 8 millones de beneficiarios del servicio y el 99,1% de las empresas de la Costa que hoy dependen del gas.



Además de buscar un punto intermedio entre los enormes intereses, el gobierno debe empezar a solucionar un problema estructural y es que las reservas probadas de gas, de acuerdo con una consultoría de Gaffney, Cline & Associates, alcanzarían para satisfacer la demanda hasta el 2008 o el 2013, dependiendo del crecimiento del consumo interno y de la aparición de nuevas reservas de gas. Pero si se tiene en cuenta que el promedio internacional muestra que desde que se inician las exploraciones hasta que se obtiene un yacimiento y se logra ponerlo a producir pueden pasar 8 años, el país estaría poniendo en riesgo su futuro energético en materia de gas.



Nuevo aire



Después de los pasados enfrentamientos del anterior ministro de Minas con la Creg y de un fallido intento de ley para liberar el precio del gas, que enfrentó a todos los actores, el gobierno, con el nuevo ministro Ramiro Valencia y la renovada Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) han decidido darle un nuevo aire al tema del gas. En las próximas semanas, se abrirá nuevamente un proceso de revisión de precios regulados para el gas producido en los campos de Cusiana y Cupiagua que, como admite un comisionado, buscará crear un esquema de bandas, pero sobre todo motivar que el gas del piedemonte llanero entre al sistema de transporte con un incremento sustancial de los niveles de producción actuales, para garantizar el suministro futuro. Así mismo, la Creg elaborará propuestas regulatorias para estimular la aparición de nuevos comercializadores en búsqueda de condiciones que contribuyan a la creación de un mercado de gas.



Además, en los próximos meses, el Conpes y el Ministerio expedirán un documento que fijará las nuevas políticas para el desarrollo del negocio del gas en el futuro. Esto, aspira el Gobierno, va a darle la estabilidad que piden los inversionistas y a dinamizar al sector con una posible revisión de la actividad de comercialización del gas en manos de Ecopetrol, que maneja el 60% de la demanda nacional.



Problemas de transporte



Pero a la falta de inversión y de exploración se suma otro problema: la limitada capacidad que tiene la red de transporte en algunos gasoductos. En este momento, los gasoductos troncales de Ecogas, cuya capacidad es de 200 millones de pies cúbicos, si bien están siendo usados en un 85%, tienen varios cuellos de botella que podrían reventar en un momento de hidrologías secas. Uno de los problemas, dice Juan Carlos Duarte, presidente (e) de Ecogas, es que Ecopetrol tiene contratos firmados, especialmente con las termoeléctricas, por 230 millones de pies cúbicos, que podrían ser demandados en caso de presentarse un fuerte Fenómeno del Niño en el 2002-03 y poner en peligro el suministro de energía en varias regiones. Además, si se logra que el gas de Cusiana entre al sistema de transporte, aún hay que habilitar algunos tramos de la red, algo que tardaría más de dos años.



Por eso, el gobierno debe pensar en la ampliación de algunos gasoductos y en la entrada de más gas, en especial del piedemonte llanero y, segundo, garantizar las crecientes necesidades del país, sobre todo de Bogotá y el sur occidente del país, que pueden superar los 120 millones de pies cúbicos por día.



En este momento, los proyectos de Ecogas superan los US$160 millones, pero no tiene recursos para hacerlo. Cuando la entidad fue creada en 1997, sus activos fueron entregados por Ecopetrol, a cambio de una deuda de US$$653 millones, que debe pagar en 30 años con lo que recoge del transporte.



Pero con el actual esquema, la entidad dejará de ser viable en el 2010 y lo preocupante es que no tiene recursos para la expansión. Frente a la situación económica del Estado y de la empresa, la única forma de financiar el plan de expansión es una modificación del esquema de pagos entre Ecopetrol y Ecogas, que debe definirse con el liderazgo del gobierno nacional.



Por ahora, el tema volvió al ámbito regulatorio, discusión que no debió salir de la Creg. Los ajustes necesarios para reanimar el sector son pocos, dicen los expertos, y se deben hacer, pero pensando en los 8 millones de colombianos que reciben el gas y los 10 millones o más que aún lo requieren.
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