| 5/1/1995 12:00:00 AM

El contrato de Botero

Una empresa establecida en Suiza, con acciones al portador, asesora al Mindefensa en las compras militares y se gana el 4% de comisión. ¿Para quién va esa plata?

El Ministerio de Defensa se ha ideado un ingenioso esquema, donde una firma extranjera, con accionistas desconocidos, recibe el 4% de todas las compras que realice el ministerio y sus 250 entidades ejecutoras de gasto. La suma puede llegar a US$80 millones en tres años. El ministro Fernando Botero aduce que el gobierno colombiano no incurre en ningún gasto adicional con este esquema, y que por el contrario, se generarán ahorros en las compras militares. Por cada compra superior a $119.000, los proveedores deben pagarle el 4% del valor a una firma llamada "Swipco", por concepto de "asesoría". Pero, ¿acaso los contratistas no le van a cargar al precio final el 4% adicional? ¿Acaso no se encarecerán todas las compras efectuadas por las Fuerzas Armadas en un 4%, incluido el avión presidencial? Este es un caso nunca antes visto en Colombia, donde unos particulares extranjeros desconocidos, gracias a un aval otorgado por el gobierno colombiano reciben unos ingresos millonarios, que finalmente no se sabe en manos de quién van a quedar. Es el paraíso, porque Swipco no tiene que someterse a que el gobierno le pague: lo hacen los

proveedores. Tampoco está sujeto a control fiscal, porque no recibe recursos del presupuesto nacional. Pero eso sí, todos los contribuyentes tendrán que financiar el 4% adicional que costarán las compras de las Fuerzas Armadas.

Hace algunos días, con gran despliegue en la prensa, el Ministerio de Defensa anunció un nuevo esquema en las compras de las Fuerzas Armadas, que eliminaría la corrupción. Al respecto el ministro, Fernando Botero, aseguró: "Vamos a quitarnos un dolor de cabeza y garantizaremos transparencia en la contratación".

La manera de evitar la corrupción es mediante la firma de un contrato de asesoría en las compras con una firma especializada en asuntos militares. Este tipo de firmas se denominan "procurement consultancy" y se encargan de evaluar el proceso de las compras desde la preparación de las licitaciones, evaluación de las propuestas y recomendación de compras.

Estos contratos son muy usuales en los países desarrollados. El éxito en el funcionamiento de este sistema depende de la capacidad del asesor en su tema. Las compañías más conocidas en el rubro de compras generales son la agencia "C.3.D" de Francia y "Crown Agents" de Inglaterra. En lo que a compras militares se refiere, están °D.R.A.-Defense Research Agency", que pertenece al Ministerio de Defensa británico y "F.M.S -Found Military System", del gobierno norteamericano, con quien el gobierno colombiano ya ha tenido alguna experiencia.

En diciembre del año pasado, el Ministerio de Defensa formuló una invitación a seis empresas para que presentaran propuestas para contratar con. ellas el servicio de asesoría en compras militares. Dos compañías presentaron propuestas: Swipco, una compañía con sede en Suiza, y la inglesa D.R.A.

El ministerio solicitó servicios de asesoría para la compra de todos los bienes que durante tres años el ministerio requiriera. Sólo se puso como condición que el contrato de asesoría cubriría únicamente las compras superiores a US$500.000. Adicionalmente, se solicitó la creación de una base de datos, en la cual se inscribirían todas las compras realizadas por el ministerio, independientemente de su valor. La firma Swipco se ganó el contrato.

De acuerdo con los documentos que reposan en la propuesta, Swipco es un firma comercial con sede en Lausanne, Suiza, cuyo representante es el señor Antonio Enrique Mario Segura, de nacionalidad Argentina. La compañía fue constituida el 2 de julio de 1992, con un capital de 150.000 francos suizos (US$106.000) dividido en 150 acciones al portador, como se puede verificar en el registro de la Cámara de Comercio de Lausanne que aquí se reproduce. Una firma con capital inferior a 100 millones de pesos asesorará al gobierno colombiano en compras por US$2.000 millones (2.5 billones de pesos) en los próximos tres años, tal como lo anunció hace quince días el presidente Samper en una rueda de prensa en el Ministerio de Defensa.

En su propuesta, Swipco presentó copias de tres contratos que tiene vigentes actualmente: uno celebrado con el gobierno de Kenya para "control de comercio exterior" por US$500 millones firmado el 4 de noviembre de 1993 y dos en Argentina, firmados en 1994, para implementación de los juegos Panamericanos y para verificación de precios de compras estatales con la Contraloría de ese país.

Ninguno de estos contratos se refiere a compras militares. No es de extrañar. El objeto social de Swipco es "proporcionar consejos, realizar estudios y prestar servicios a los gobiernos, sociedades públicas y empresas privadas... en gestión de compras de bienes y servicios y de proyectos de inversiones". ¿Dónde está la experiencia en compras militares?

La otra propuesta fue presentada por la D.R.A., entidad adscrita al Ministerio de Defensa británico que tiene por encargo proveer asesoría técnica para las adquisiciones del Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía, la Marina y la Fuerza Aérea del Reino Unido. Dice ser especialista en los campos de contraterrorismo y de antinarcóticos. Su presupuesto anual es de £1.157 millones y cuenta con cerca de 200 años de creación. Según comunicación firmada por el ministro Botero, D.R.A. fue descalificada porque "su doble condición de especialista en adquisiciones y fondo de comercialización..." le impedía celebrar el contrato. En el listado de contratos de Swipco suministrado por el viceministro Luis Guillermo Vélez a DINERO se destacan asesorías para la construcción de fábricas de tintas, lavado de cubas, "desarrollo de la ciencia", todos celebrados entre 1980 y 1991, cuando la firma no existía. Presentan un sinnúmero de contratos en Bolivia, también anteriores a 1992. Lo curioso es que una alta fuente del gobierno boliviano consultada por DINERO manifestó que Swipco no ha tenido contratos en ese país. En la lista sólo existen dos contratos celebrados con posterioridad al 2 de julio de 1992. Ya en la minucia del contrato hay elementos que también despiertan dudas.



LAS DIFERENCIAS CON LOS PLIEGOS



La invitación formulada a Swipco, según los documentos entregados por el Ministerio de Defensa, sólo hacía referencia a las compras que realizaría el Ministerio de Defensa. Sin embargo, en el contrato suscrito con Swipco el ministerio se obliga a "expedir dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, una instrucción ministerial ... (en que)... se ordene a todas las unidades y las juntas directivas de los organismos adscritos o vinculados al ministerio..." para que a partir de esa fecha todas las contrataciones se realicen a través de la asesoría con Swipco. Entre estas entidades están el Hospital Militar, Club Militar, Fondo de Vivienda de la Policía, Indumil, Satena, Fondos Rotatorios, Hotel Tequendama y todos los batallones y brigadas que tienen funciones decisorias y ejecutoras de gasto. En total suman más de 250 entidades, desperdigadas por todo el país.

Según los pliegos de la invitación, la asesoría se realizaría únicamente sobre las compras superiores a los US$500.000, lo que en pesos colombianos equivale a cerca de 425 millones. En el contrato ya firmado, la asesoría se extendió a todas las compras, nacionales o internacionales, que superen los mil salarios mínimos mensuales, lo que equivale a compras superiores a $119 millones aproximadamente (US$140.000).

En cuanto al plazo del contrato, en los pliegos se determinó: "El plazo del contrato... será de tres años..." sin mencionar la posibilidad de renovación. En el contrato se establece una renovación automática hasta por tres años más, y su terminación sólo puede darse por mutuo acuerdo entre las partes.

Estas diferencias entre los términos de la invitación y el contrato firmado generan algunas inquietudes, diferentes a la posibilidad legal

de modificar las condiciones de una licitación cerrada. ¿Cuánto más valen las compras de las 250 entidades ejecutoras de gasto incorporadas al proceso? ¿Cuánto más valen las comisiones que Swipco recibirá, al disminuir la cuantía a partir de la cual hay que pedirle asesoría a Swipco de US$500.000 a US$140.000? ¿Podía variarse el término del contrato para convertirlo en automáticamente renovable? Desde el punto de vista legal, estos cambios son un problema para el Ministerio de Defensa, pues hay diferencias entre los términos de la invitación y los del contrato. Ante una eventual demanda, el contrato puede ser declarado nulo y el ministerio condenado a pagar una cuantiosa indemnización.



LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO



Una de las mayores inquietudes se genera por la obligación que adquiere el ministerio de someter todas sus compras al proceso de supervisión por parte de Swipco, cuando éstas superen los $119 millones, y al proceso de sistematización (inclusión en la mencionada base de datos), cuando superen los $8.5 millones. La sistematización de cada entrada a la base de datos le genera a Swipco un ingreso de US$250.

Por lo general, en el resto del mundo, este tipo de contratos no se

realizan para asesoría indiscriminada en las compras, pues no es lo mismo comprar buques de guerra que aviones presidenciales o botas de campaña para la selva tropical. Lo usual es contratar asesores para cada tipo de compra, -' según la especialidad de cada uno de ellos. Un contrato cuyo objeto es tan amplio como el colombiano fue firmado por Swipco únicamente con el gobierno de Kenya, considerado ,, como uno de los más corruptos del mundo.

Lo más grave de este asunto es que Swipco recibe una comisión del 4% sobre el valor de las compras en la que la firma intervenga, o sea las superiores a $119 millones. El 4% es alto. En estos momentos se está preparando la compra del avión presidencial y una firma ofreció sus servicios de asesoría, por solicitud del ministro Botero, con una comisión del 1.5%. El avión presidencial puede valer US$50 millones. La comisión de Swipco será de US$2 millones. La nación incurrirá en un sobre costo de US$1.25 millones, a sabiendas de que se puede evitar.

Para que Swipco no tenga problemas, el ministerio le garantiza compras por lo menos de US$150 millones al año, y si por algún motivo no se alcanza este monto, el ministerio le paga un 2% sobre la suma faltante para alcanzar los US$150 millones. Adicionalmente, si en algún proceso de compra ésta finalmente no se realiza, el ministerio se compromete a cancelar los gastos en que haya incurrido Swipco, los cuales pueden llegar hasta un 3% del valor del eventual contrato. Si el valor de los contratos se reajusta, Swipco recibe el 4% equivalente.

Preocupa sobremanera que la firma asesora del Ministerio de Defensa para todas sus compras, incluidos los equipos de comunicaciones e inteligencia, sea una empresa con acciones al portador. Esto significa que cualquier persona, sin más trámite que la entrega física de las acciones, puede presentarse ante el gobierno colombiano como socio de Swipco. Cualquier persona puede adquirir las acciones, pues no existe ningún derecho de preferencia que evite la entrada de socios no deseados. Esto está establecido así en los estatutos que reposan en la propuesta de Swipco y en el registro de la Cámara de Comercio de Lausanne.

Cualquier persona puede adquirir la totalidad de las acciones sin que nadie se entere de la operación. Incluso, siendo extremistas, no existe impedimento alguno para que agentes del narcotráfico adquieran las acciones legalmente y acaben siendo ellos los asesores del Ministerio de Defensa. La calidad de socio de la empresa sólo se puede probar con la presentación física de las acciones y, hasta donde DINERO conoce, el Ministerio de Defensa nunca exigió este procedimiento.

U no de los documentos presentados por la compañía contiene todas la direcciones y teléfonos de sus oficinas en el mundo. DINERO llamó a algunas de ellas. De siete llamadas, sólo en España, Guatemala y Argentina el teléfono correspondía a la firma. En Perú contestan de una agencia de viajes, en Bolivia es una casa de familia y en Venezuela y Ecuador no responden.

Por otro lado, tanto en el documento de constitución de la empresa como en el certificado de la Cámara de Comercio de Lausanne, la compañía sólo tiene un capital de 150.000 francos suizos (US$106.000). Sin embargo, para demostrar la solvencia de la compañía, presentaron al ministerio certificaciones acerca de la capacidad financiera de otra sociedad denominada Sicpa Holding S.A. en donde consta que tiene ventas por más de US$500 millones. Así mismo presentan una comunicación del grupo Sicpa en la que dicho grupo ofrece poner a disposición todos los recursos económicos necesarios para la ejecución del contrato. Sicpa aduce que es la matriz de Swipco, pero con acciones al portador la relación es totalmente volátil. Además el documento no tiene validez legal como garantía ni aval. Para rematar, la comunicación de Sicpa está fechada el 20 de diciembre de 1994, pero según las copias entregadas por el ministerio a DINERO, aparece remitida por fax el 5 de abril de 1995 a las 15:22.

Adicionalmente, en su carta de presentación de la oferta, la compañía anunciaba la intención de subcontratar las labores encomendadas, y el ministerio no objetó. Ya lo está haciendo en el caso del avión presidencial con Stephen P. Hall, presidente de Hallmark Aviation Limited. ¿Dónde está entonces la capacidad técnica de Swipco?

odo esto deja un mal sabor. Sobre todo estando en juego la seguridad nacional. En un contrato de asesoría, es el asesorado (Mindefensa) quien debe pagar a su asesor (Swipco). En este caso la empresa favorecida, el proveedor, le paga al asesor. ¿Quién vigila los posibles negociados entre proveedores y la empresa asesora? ¿Se están encareciendo todas las compras del Ministerio de Defensa en un 4%? ¿Quién es el propietario en estos momentos de las acciones al portador? ¿Quién se va a quedar con los US$80 millones de comisiones?
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