| 4/9/1999 12:00:00 AM

¿Corto circuito?

El esfuerzo final de privatización eléctrica se está complicando por presiones políticas y por la falta de claridad sobre los alcances de las entidades fiscalizadoras.

Los grandes avances en la depuración del sector eléctrico colombiano que se obtuvieron durante la década de los 90 están entrando en una etapa de alto riesgo. Después de logros impensables hace apenas ocho años, como haber puesto fin a los fortines burocráticos de Corelca, Betania y la misma Empresa de Energía de Bogotá, la politiquería está volviendo a mostrar su fuerza y se ha propuesto frenar el proceso.



El saneamiento del sector ha avanzado tanto que, a veces, se olvida lo difícil que fue llegar adonde estamos ahora. Se necesitó el apagón de 1992, que puso en riesgo la estabilidad de la economía, para que fuera posible reunir la decisión política para hacer un cambio radical y sentar las bases para el proceso de privatización.



¿Pasos hacia atrás?



Los mayores logros están en el campo de la generación. Hoy Chivor, Betania, Tasajero, Cartagena, Epsa y la Empresa de Energía de Bogotá ya están operando en manos del sector privado. Por su parte, el principal avance en distribución lo constituye la venta a Houston Energy Industries y Electricidad de Caracas de lo que hoy se conoce como Electro Costa y Electro Caribe, dos empresas que se crearon con la agrupación de las electrificadoras de Sucre, Córdoba, Bolívar y Magangué, en el primer caso, y Guajira, Cesar, Atlántico y Magdalena, en el segundo.



La próxima fase en vinculación de capital privado la constituye la capitalización de Gendelca y la venta de ISA e Isagen (por estas dos últimas se espera recibir US$450 millones y US$600 millones, respectivamente).



Pero sobre estos procesos pesan dos amenazas grandes. Si no reciben atención oportuna, pueden retrasarlos o, incluso, dejarlos sin oferentes.



El proceso de limpieza del sector eléctrico tuvo logros dramáticos en los 90.

Pero falta el esfuerzo final.





La primera tiene que ver con la definición de la autoridad que van a tener las Contralorías, la Superintendencia de Servicios Públicos y, en general, las entidades de control del Estado, sobre las empresas eléctricas en las cuales ha ingresado capital privado.



Lo sucedido tras la capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá tiene en estado de alerta a los potenciales compradores que participarían en la siguiente fase. Los inversionistas extranjeros no han podido reducir el capital de la empresa, después de intentarlo durante más de un año. Incluso hoy, a pesar de que la Superintendencia de Sociedades ha dado su aprobación para la operación, el proceso sigue frenado en el Ministerio de Trabajo.



Por otro lado, la autoridad que se atribuyó la Contraloría Distrital (en contra del dictamen de la Contraloría General de la República) para vigilar la operación de Emgesa, la generadora de energía de Bogotá, ha hecho que despierte de entre los muertos la amenaza de la politización de las empresas de energía, cuando se pensaba que por la operación del capital privado estarían totalmente protegidas contra este riesgo. Si no se define rápido y en forma inequívoca hasta dónde pueden llegar en su labor de vigilancia las entidades supervisoras del Estado y cuál va a ser el margen de maniobra de los futuros accionistas, será difícil atraer capital privado para las próximas capitalizaciones.



Las presiones políticas constituyen la otra gran amenaza, sobre todo porque las 14 distribuidoras que están en fila para pasar a manos del sector privado presentan grandes problemas de corrupción y clientelismo. De hecho, ya se han empezado a sentir presiones en el Congreso para evitar el ingreso de capital privado. En la discusión del Plan de Desarrollo, por ejemplo, algunos han tratado de meter micos para bloquear el proceso. Las distribuidoras son el último fortín del clientelismo y estas fuerzas no dejarán perder su refugio sin dar una batalla campal, usando todos los recursos que han manejado tradicionalmente.



Donde se anticipan mayores problemas de este tipo es en la venta de las distribuidoras de Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Caldas, Quindío, Meta, Chocó, Eade (Antioquia) y Caquetá. Aunque todavía no se ha definido el mecanismo de venta o capitalización ni se ha hecho una valoración, está presupuestado que el Estado recibirá US$50 millones en 1999 con cargo a la fase inicial de este proceso.



La venta de estas empresas, que se agruparían en bloques bajo el esquema de "todo o nada" (hay que comprar todo el paquete), se realizará en el 2000. El período de espera podría ser demasiado largo, pues da margen suficiente para que se agrupen las fuerzas que se oponen a la transformación.



Fue necesario el apagón del 92 para que Colombia asumiera la decisión política de transformar el sector eléctrico. Ahora, las presiones de los intereses particulares vuelven al ataque.



Las otras dos grandes privatizaciones, que se realizarán este año si se cumplen los cronogramas, se han visto afectadas por otros problemas particulares, aparte de los factores mencionados.



La venta de Gendelca se debía haber realizado hace siete meses, pero se ha demorado por el cambio de Gobierno y porque no hay acuerdo con Ecopetrol sobre las condiciones de suministro de gas. Sólo cuando haya humo blanco será posible salir a oferta pública.



Isagen enfrenta otro tipo de problema. Por un lado, los precios de la energía están en su punto histórico más bajo. Por otro, EPM entabló una demanda por $600.000 millones que busca que se le venda la represa de San Carlos, aduciendo razones históricas. Para impedir que este proceso interfiera con la privatización, el Gobierno está preparando un Conpes en el que se establecen las garantías para evitar que este riesgo contingente aleje a los posibles inversionistas.



En el caso de Isa, el proceso marcha sin ningún problema. Ya se adjudicó la banca de inversión a Fleming-Corfinsura y el contrato será firmado en los próximos días. Se espera que la venta se realice en el segundo semestre de este año.



Después de los enormes avances en la modernización del sector eléctrico que se alcanzaron a lo largo de dos gobiernos, incluso bajo circunstancias abiertamente desfavorables, la Administración Pastrana no puede darse el lujo de dormirse sobre los laureles justo cuando sólo falta el empujón definitivo para culminar un proceso de dimensiones históricas. Los funcionarios, con el Ministro de Minas a la cabeza, deben liderar la acción y asegurarse de que se cierre el ciclo de la depuración del sector eléctrico colombiano.
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