| 1/19/2017 12:00:00 AM

¿Jaque a la guerra de los carteles?

La Secretaría General de la Comunidad Andina abrió investigación regional en el caso del cartel del papel higiénico, cuya sanción ya se dio en Colombia. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión? ¿Pone en riesgo la estrategia de delación?

Las investigaciones que inició la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en Colombia sobre cartelización de algunos productos de consumo masivo siguen teniendo eco en la región. Primero fue en Chile –en el caso de pañales–, luego en Perú y Ecuador y ahora la Comunidad Andina (CAN) con el caso de papel higiénico.

En octubre pasado, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado del Ecuador (SCPM) solicitó a la Secretaría General de la Comunidad Andina la apertura de una investigación regional en el caso del cartel del papel higiénico que fue aceptada por ese organismo en el mes de noviembre.

La apertura de investigación involucra a Colombiana Kimberly Colpapel, Productos Familia, Productos Familia Sancela del Ecuador y Kimberly Clark del Ecuador. Pero el proceso no termina allí y de oficio también vincula a Kimberly Clark Corporation.

Dinero consultó a las partes involucradas en el caso y Kimberly-Clark señaló que colaborará, como lo hizo en las investigaciones en Colombia que adelantó la SIC, pero no hizo comentarios adicionales. Familia, al cierre de esta edición, no se había pronunciado.

La decisión, que abre un nuevo capítulo en estos casos, puede generar efectos colaterales en los procesos y en las políticas que se han venido adelantando en Colombia para denunciar y desmantelar estos carteles y están relacionadas básicamente con tres hechos: el primero, la competencia de los organismos regionales en las investigaciones, más aún cuando ya se han tramitado y finalizado los casos en los países; el segundo, que se extienda a otros casos, como pañales o, incluso, azúcar y, el tercero, el impacto en la figura de la delación, pues las empresas que se acogen a ella buscan rebajas en las multas en el mercado local, para que terminen los procesos, pero afuera no los cubre y pueden ser mucho más altas.

La historia y el debate

En Colombia, en mayo del año pasado, la SIC, tras la investigación al cartel del papel higiénico, sancionó a 4 compañías –Kimberly, Productos Familia, Papeles Nacionales y Cartones y Papeles de Risaralda– y a 21 personas naturales por un valor de $185.417 millones. Kimberly y Familia tuvieron las multas más altas, por $68.945 millones, pero por haber participado en los procesos de delación se beneficiaron con una reducción en los pagos de las multas: en el caso de Kimberly de 100%, y en Familia solo de 10% porque, según la SIC, ocultó información. Para Papeles Nacionales la sanción fue de $48.261 millones, y para Cartones y Papeles de Risaralda la multa fue de $4.136 millones, con una reducción de 30% por haber colaborado con la delación.

Cuando se esperaba que el capítulo estuviera cerrado, a la Secretaría General de la CAN llegó una solicitud para iniciar investigación contra Kimberly Clark, Familia Sancela y CMPC –empresa chilena de papel– por supuestas prácticas anticompetitivas, que fue declarada inadmisible por ese organismo. Sin embargo, la nueva solicitud que presentó la entidad de vigilancia ecuatoriana, según la resolución, se refiere a una práctica restrictiva en relación con ese mercado, que incluye las filiales de Kimberly y Familia en Colombia y Ecuador, y además del papel higiénico involucra una gama adicional de papeles suaves.

Noticias de antecedentes: 

“La solicitud presentada acompaña indicios razonables de la presencia de dos factores de conexión requeridos por el artículo 5 de la decisión 608, pues aporta información relativa a una presunta cartelización entre empresas que operan en Ecuador y Colombia (Colombiana Kimberly Colpapel S.A., Productos familia S.A., Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. y Kimberly Clark del Ecuador S.A.) que habría afectado o estaría afectando los mercados de Colombia y Ecuador, situación que configura la competencia de esta Secretaría General para conocer del presente caso”, dice el informe de apertura.

Foto: Walker San Miguel Rodríguez Secretario General de la CAN.

Al parecer, el raciocinio de la CAN es que, si la empresa exportó a un país miembro de esta zona comercial, habría tenido efectos globales en ella. Es decir, el cartel –así haya sido en Colombia y con empresas radicadas en esta jurisdicción–, podría tener efectos en la CAN si se realizaron exportaciones a países miembros de la Comunidad; es allí donde la CAN tiene competencia para iniciar la investigación.

La situación empieza a abrir nuevos debates. Uno, la vinculación –por oficio– de una casa matriz, lo que no se había dado en las investigaciones de la SIC. Agrega el documento de la Secretaría General de la CAN en su parte resolutiva que la apertura de investigación a Kimberly Clark Corporation se da por su calidad de “persona vinculada”; es decir, “agente económico que ostenta una participación accionaria mayoritaria o que ejerce una influencia decisiva sobre las actividades de otro agente económico…”.

Otra discusión es sobre la competencia de los organismos internacionales en este tipo de procesos. Según abogados consultados por Dinero, normalmente las actuaciones de las autoridades de competencia son locales en los países, salvo excepciones como Europa. Por eso en la CAN esto es algo “relativamente novedoso”, dice uno de ellos.

Argumenta el experto que lo que se sancionó en Colombia fue un acuerdo en el país y no regional o con efectos regionales. “Uno no puede confundir cuatro carteles, uno en Colombia, uno en Ecuador, otro en Perú y otro en Chile como un cartel regional”, agrega la fuente. Además, considera que la CAN no tiene competencia, porque una vez una autoridad de un país tramita y termina un caso, inhibe la posibilidad de una investigación comunitaria y, a su juicio, habría caducidad en la acción de la CAN.

Sin embargo, para otros abogados este es apenas el inicio de lo que estaría por venir en materia de investigaciones. “Hay que ver qué pasa con el cartel del azúcar. Podría ser el que sigue, porque en este cartel todas las pruebas eran de bloqueo de importaciones de Bolivia a Colombia. Pañales podría ser otro caso, porque la autoridad ecuatoriana puso la queja. Lo interesante de esta situación es que la Comunidad Andina por lo menos ya se activó en temas de competencia”, añade otro experto en esta materia.

Pero tal vez el mayor impacto está relacionado con la política de delación. ¿Por qué? Cuando una empresa entra a participar en este tipo de procesos busca, primordialmente, que aunque haya una sanción, quede exonerado del pago de la multa. En Colombia, la máxima multa se acerca a los $70.000 millones y este ha sido uno de los temas de debate. Incluso se llevó al Congreso un proyecto de ley para hacer más drásticas las sanciones, expresándolas como porcentajes de ingresos o utilidades. Esta iniciativa ha tenido un trámite muy lento en el Legislativo.

Uno de los principios fundamentales de la delación es que haya sanciones altas, porque de lo contrario no hay un incentivo para que las empresas delaten. Pero también, como afirma un abogado, otro principio básico es el de seguridad jurídica: “Cualquier situación que ponga en riesgo esa seguridad jurídica es una amenaza contra el programa de delación”, dice.

Precisamente ese es el tema que más preocupa, pues –según algunos expertos– las sanciones en la CAN corresponden a 10% de los ingresos de las empresas, si llegan a darse, una cifra muy superior a la que lograron exonerar en Colombia por la delación. “La delación, que parecía ser un gran mecanismo para detectar carteles, hoy no la recomendaría un abogado de competencia”, señala un analista, porque además de las investigaciones internacionales que tendrían implicaciones en el mediano plazo; en el país, alrededor del tema de los carteles se ha venido desarrollando una serie actividades jurídicas –como acciones populares, acciones de grupo y acciones penales por agiotaje– que podrían ascender a cifras billonarias.

Se abre el debate para analizar una de las políticas más relevantes en materia de competencia de los últimos años.

Lea también: Fin de investigación del “Cartel del papel higiénico” y los ‘sapos‘

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