| 4/30/2004 12:00:00 AM

Camiones, en alerta

La congelación del parque automotor del servicio público de transporte terrestre de carga, a partir del primero de mayo, causa revuelo en el sector y divide opiniones sobre su conveniencia.

El número de camiones circulantes para servicio público, de 3,5 toneladas en adelante, acaba de ser congelado. Una resolución del Ministerio de Transporte determinó que a partir de mayo el ingreso de vehículos a ese mercado únicamente se podrá hacer por reposición y previa chatarrización de uno viejo. Es decir, en adelante, la carga movilizada por tierra en el país quedará en manos de 165.000 camiones (número de matrículas al 30 de abril).

La medida, que surgió para poner fin al paro adelantado por un gremio camionero en diciembre pasado, se convirtió desde ese momento en el foco de una polémica que aún no termina. Lo curioso es que enfrenta dos posiciones diametralmente opuestas, pero que coinciden en su argumento de fondo: el sector necesita con urgencia ser más competitivo.

Mientras el Ministerio considera la congelación del parque automotor de vehículos de carga como la garantía para que haya reposición y, por tanto, modernización de los camiones; empresas de transporte, generadores de carga -representados por la Andi y Fenalco-, ensambladores, importadoras e, incluso, algunos gremios de camioneros coinciden en decir que logrará todo lo contrario.



Intervención

Andrés Uriel Gallego, ministro de Transporte, ha sido claro al sostener que si el libre mercado no ha podido hacer más eficiente el sector, el camino entonces es intervenirlo en beneficio de los más débiles. En su opinión, la ineficiencia del sistema -que no opera a su máxima capacidad- produce una aparente sobreoferta de camiones y, por tanto, una tendencia en el negocio a funcionar sobre tarifas inferiores a la tabla de fletes establecida por las autoridades. Es decir, hace ver muy alto el costo del flete para los contratantes del servicio y muy bajo el pago final para los contratados.

Esta situación, según el Ministerio, ha deteriorado los ingresos de los camioneros y les ha quitado capacidad para mantener adecuadamente sus vehículos y renovarlos periódicamente. Por eso, la cartera ha buscado proteger a los transportadores pequeños y, mediante un pacto con toda la cadena, hacer respetar rigurosamente los fletes que establece desde hace varios años. Además, aumentar eficiencias para reducir costos de operación e incrementar la utilización de cada vehículo, lo que debería conducir en el largo plazo hacia una reducción de fletes para el generador de la carga, y a un aumento -por volumen- en el ingreso de los camioneros. "Las empresas de transporte, que están en el medio, no pueden seguir siendo las que cobran un porcentaje por llenar una planilla, tienen que darle valores agregados a la cadena", agrega Luis Fernando Aristizábal, asesor del Ministerio de Trabajo.



Libre mercado

En la otra orilla están los que predicen una pérdida irreparable de competitividad en el sector, la cual sería muy nociva para el país sobre todo ahora, en tiempos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Acuerdo Comunidad Andina de Naciones - Mercosur. "Los generadores de carga no podemos pagar la ineficiencia. Congelar el parque es una medida restrictiva que va en contra de los dictámenes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y privilegia a los vehículos viejos, pues la edad promedio de los camiones en Colombia es de 22 años", dice Augusto Zuluaga, vicepresidente del sector automotor de Fenalco.

"Tenemos problemas que debemos abordar, pero para ello no era necesario acabar con la producción de vehículos de carga en el país", agrega Juliana Rico, directora de la cámara automotriz de la Andi. De hecho, ensambladores e importadoras de camiones tuvieron un fuerte incremento en sus ventas durante los últimos cinco meses, pero prevén caídas igualmente drásticas en adelante.

"La norma atenta contra principios constitucionales como la libre iniciativa privada", considera Guillermo Gómez, presidente de la Asociación de Concesionarios Chevrolet. "Nuestras ventas tienen una alta relación con el comportamiento del PIB y por eso vienen creciendo; sin embargo, el congelamiento frenará de inmediato la demanda", complementa Octavio Morales, gerente de vehículos comerciales de Volkswagen. "Además, habrá un aumento desmedido de precios", concluye Carlos Manrique, gerente de Motorysa.

Hay consenso en que la restricción en la oferta generará un mercado negro de cupos similar al de los taxis, que valorizará artificialmente los vehículos viejos. "Por eso, nuestra lucha sigue siendo lograr una política integral de reposición, pero en un mercado libre", asegura Jaime Sorzano, presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar.

La pregunta ahora es en cuánto se incrementará el valor de los camiones si, por ejemplo, el cupo para comprar un taxi en Bogotá está en $12 millones; en Cali, en $14, y en Manizales, en $22. El Ministerio dice que el beneficio futuro amerita el riesgo, pues la medida es transitoria y solo se levantará una vez haya acuerdos en la cadena que garanticen su óptimo funcionamiento, un proyecto de reposición viable y participación justa para todos en las ganancias del negocio.

La expectativa del gobierno es que eso se logre pronto, para poder descongelar el parque este mismo año y liberar la tabla de fletes en 2005. Pero todo depende de la conciliación de intereses entre las partes. El riesgo es grande y por eso la urgencia por saber quién tiene la razón en este debate, donde lo que está en juego es la competitividad del país.
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