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Aunque, a juicio de Sandra Fonseca, presidente de la EEB, las líneas de transmisión que hoy desarrolla la empresa están en tiempos, “sí se han venido complicando los procesos”.

| 5/30/2013 11:00:00 AM

Cables cruzados

Aunque Colombia ha invertido millones de dólares en hidroeléctricas, las líneas de transmisión presentan retrasos con su estructuración. El rezago nos puede salir caro.

Nueva Esperanza, así se llama una de las líneas de transmisión más importantes hoy en el país: son casi 200 kilómetros de redes, con una inversión que supera los $220.000 millones, y que debe darle soporte y confiabilidad al servicio de energía en Bogotá.

Sin embargo, la situación que hoy atraviesa la pone lejos de lo que representa su nombre. La obra, que ya debería estar en operación, tiene 13 meses de atraso. Eso ha encendido las alarmas pues la capital podría tener problemas en el suministro de energía a finales de 2014. Su entrada en funcionamiento es crítica para atender a la ciudad ante eventos y contingencias, de tal manera que pueda traer energía adicional o de otras plantas. Hoy, no es claro cuándo entrará a operar.

La situación es tal que la Comisión de Regulación de Energía y Gas autorizó a la Empresa de Energía de Bogotá para que con una técnica basada en la instalación de condensadores en las subestaciones pueda enfrentar esta dificultad. Una inversión que supera los US$30 millones.

Pero la preocupación en la transmisión de energía en el país no solo está concentrada en esta línea. Otras, asociadas a proyectos de generación que están en construcción, también presentan retrasos. Por ejemplo, el proyecto de las líneas de transmisión de la central Sogamoso –central de generación hidroeléctrica que está en construcción en Santander– que debería estar listo a finales de junio de este año, podría estarlo solo a finales del primer semestre de 2014, según fuentes de ISA, firma que está realizando la obra.

La EEB, por su parte, tiene en su agenda tres líneas –Armenia, Tesalia y Alférez, estas dos últimas relacionadas con el proyecto de generación Quimbo, cuyo valor total asciende a US$130 millones-. A juicio de Sandra Fonseca, presidente de la compañía, al día de hoy, los tres están en cronograma. “Y esperamos que sigan así. Sin embargo, el tema se ha venido complicando cada vez más”, agrega.

¿Cuáles son esas dificultades? Todo indica que hay serios problemas institucionales y de planeación, ambientales y de consultas previas, a las que se suman otras de orden público y quién tiene que asumir los riesgos en estos proyectos.

En lo institucional, según expertos consultados por Dinero, hay demoras en las definiciones de las compensaciones, las convocatorias y las adjudicaciones. “Antes, un proyecto de transmisión de energía, dependiendo de su complejidad, podría durar entre 24 y 36 meses en su desarrollo. Hoy algunos, como Nueva Esperanza lleva 5 años y aún no se sabe cuándo entrará”, asegura un analista del sector.

A su juicio, si bien los proyectos de transmisión duran mucho menos que los de generación en su ejecución, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) se ha tardado en los procesos. Las líneas de transmisión de Quimbo y Sogamoso fueron adjudicadas casi tres años después de que los proyectos de generación hubieran sido asignados en la subasta. “La fase de planeamiento, en especial en lo relacionado a conexión de generación, tiene una duración mayor”, asegura.

“Sí, se han demorado un poco en salir y también en adjudicar y eso exige más a las empresas porque el tiempo de ejecución se estrecha”, confirma Fonseca, de la EEB.

A esto se suma la demora en las licencias ambientales. Según un cálculo de Andesco –gremio que agrupa las empresas de servicios públicos–, los plazos en estas licencias, según las normas, iban entre 398 a 478 días, pero en la práctica hay proyectos de transmisión que llevan cerca de 1.300; es decir, los periodos de licenciamiento son tres veces lo previsto en la normativa.

En el caso de la obra que adelanta ISA para el proyecto de generación Sogamoso, ha tenido demoras en las licencias ambientales, las cuales estaban programadas para ser aprobadas en mayo de 2012, para el caso de la subestación, y septiembre de 2012, en el tema de líneas. Sin embargo, solo hasta abril de 2013 se obtuvo la licencia para la subestación y aún no se cuenta con licencia para la línea de transmisión, la cual se espera obtener a principios de agosto de este año. “Dentro de las causas del retraso de la licencia se encuentran las demoras por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para dar los conceptos relacionados con el análisis de alternativas de ruta y la revisión de los estudios de impacto ambiental”, asegura una fuente de ISA.

A su vez, la línea Nueva Esperanza, además de los líos ambientales, tiene dificultades sociales. “Hemos hecho más de 200 reuniones con las comunidades pero no hemos convencido a todos los líderes de la importancia del proyecto”, dice Juan Esteban Calle, gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), compañía que está haciendo la obra. De hecho, líderes de los municipios de la Calera y Sopó, cercanos a Bogotá, han manifestado sus diferencias con el proyecto.

Para Calle, de EPM, hay una asimetría en la asignación de riesgos en las convocatorias de la Upme. “Les están dejando todo el riesgo de licenciamiento ambiental a las empresas del sector y lo que está demostrado claramente es que los trámites de licenciamiento ambiental son muy complejos en el país y en líneas de transmisión sí que estamos teniendo líos. No vamos a poder hacer la expansión de las redes de transmisión eléctrica del país porque no va a haber actores dispuestos a asumir los riesgos que nos están dejando descubiertos”, advierte.

Alejandro Castañeda, director de Andeg –gremio que agrupa a los generadores térmicos– señala que para las generadoras pueden presentarse dificultades adicionales. “Si los proyectos están listos, pero no las conexiones, el problema es de las empresas. Deben estar muy bien ponderados los riesgos de quién asume qué –dice Castañeda–. Es decir, que las empresas asuman un castigo o que les ejecuten una garantía porque el proyecto está listo pero no estuvo la línea para hacer las pruebas, es un contrasentido. El Gobierno debe revisar tiempos de convocatorias en generación y transmisión”.

Estas situaciones empiezan a amenazar a uno de los sectores que en los últimos años ha tenido una transformación favorable. En 2006, en generación, Colombia tenía instalados 13.200 megavatios. Hoy está por encima de 14.300 y para 2018 debe superar 17.000 megavatios, sin contar aún con la entrada de Ituango, prevista para finales de esta década.

Además, las dificultades que hoy tienen en jaque al sector de transmisión podrían poner en dificultades inversiones por cerca de US$600 millones para el desarrollo de líneas en los próximos cinco años.

La garantía del suministro de energía en el país hacia el futuro vive un momento de definiciones. Si bien es cierto que estos desarrollos no deben ser a cualquier precio, es necesario ajustar las políticas y actuaciones de las diferentes entidades, porque también es claro que el país no puede darse el lujo de poner en riesgo la seguridad energética.

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