Acero fundido

| 10/12/2001 12:00:00 AM

Acero fundido

Después de 4 años de esfuerzos, los inversionistas brasileños decidieron no ir más en el proyecto siderúrgico de la Costa Atlántica. ¿Qué pasó?

El 14 de septiembre, Colombia perdió un negocio que le representaría exportaciones de acero por US$418 millones anuales, una inversión directa superior a US$1.000 millones y la creación en la Costa Atlántica de un gran cluster metalmecánico.
 
Ese día, Dalton Nosé, director de Desarrollo de la Compañía Vale do Rio Doce (CVRD), la mayor siderúrgica de Brasil y una de las más importantes del mundo, le respondió una carta a Juan Carlos Echeverri, director de Planeación Nacional. En ella, la firma brasileña, impulsora vital de este proyecto, declina su participación "por cuanto las condiciones comerciales no fueron alcanzadas".

El proyecto aspiraba a crear una siderúrgica de gran tamaño para la exportación de planchón de acero. La iniciativa comenzó con enormes esperanzas. Sin embargo, las dificultades para conciliar y la falta de acceso a insumos como energía y gas impidieron su puesta en marcha. Colombia debe aprender las lecciones de este proceso si aspira a atraer proyectos de inversión de gran tamaño.

Un proyecto ambicioso

El planchón de acero es la base de toda la cadena metalmecánica. Se utiliza desde la industria automotriz hasta la producción de electrodomésticos, pasando por tubos e insumos para la construcción.

Colombia y Brasil serían aliados ideales para producir planchón. Brasil produce mineral de hierro, insumo básico en su fabricación, pero Colombia no lo tiene. El proceso consume gas en abundancia, que Colombia tiene y Brasil no. Colombia cuenta con una excelente posición geográfica para exportar hacia Estados Unidos y, además, presenta una importante demanda interna, pues importa US$316 millones al año en productos siderúrgicos. Además, los barcos que llegaran a Colombia trayendo mineral de hierro de Brasil podrían devolverse a ese país cargados de carbón.

Brasil se acercó a Colombia en 1998 proponiendo el proyecto y encontró acogida en el gobierno y en empresas como Acesco. El sector público y el privado trabajaron como pocas veces se había visto.

Los inversionistas extranjeros requerían 4 condiciones fundamentales: suministro de gas, suministro de energía --en ambos casos, de 20 años y con precios estables--, la aprobación de una zona franca y la construcción de un puerto. Las dos últimas condiciones no tenían mayores dificultades. La aprobación de la zona franca no tendría traumatismos. En cuanto al puerto, la dimensión del proyecto permitía anticipar que habría ofertas de inversionistas internacionales deseosos de llevarlo a cabo. Pero el suministro de gas y energía se convirtió en el talón de Aquiles de toda la iniciativa.

La frustración

Por medio del documento Conpes 3062 de diciembre 23 del 99, el gobierno avala su realización. "Teniendo en cuenta que el proyecto conllevaría un desarrollo importante de la industria siderúrgica colombiana, generaría divisas al país por concepto de exportaciones e inversión extranjera, impulsaría la industria del transporte y la explotación de recursos naturales, incrementaría los niveles de empleo e implicaría un importante desarrollo empresarial en la región Caribe colombiana, el Gobierno Nacional manifiesta su interés en impulsar esta iniciativa y en adelantar todas las acciones tendientes a lograr el desarrollo de este proyecto", dice el texto.

El documento Conpes, sin embargo, no cuantificaba las necesidades ni las ofertas en gas. En marzo de 2001, es decir, 15 meses después, Ecopetrol culminó un análisis técnico según el cual las reservas de gas para un contrato firme y con precio conocido no podrían ir más allá del año 2010. Ante esto, Oscar Iván Zuluaga, presidente de Acesco, viajó a Brasil a finales de ese mes con una tarea: lograr que CVRD bajara la escala del proyecto a la mitad, de 2,4 millones de toneladas anuales de planchón a 1,2 millones.
 
Esto reduciría el consumo de gas a 42 millones de pies cúbicos diarios (mpcdg). La aspiración era duplicar el período en el cual el precio del gas podría estar garantizado. La idea fue acogida en Brasil. Luego, en mayo, durante la visita del presidente Andrés Pastrana a Alemania, representantes de SMS Demag, uno de los mayores proveedores de tecnología y comercializadores de acero del mundo, manifestaron su interés en participar como inversionistas hasta con el 20% del proyecto, poniendo a Colombia como su prioridad de inversión. El presidente Pastrana les informó que la decisión final se tomaría en los meses siguientes.

Pero un nuevo análisis de Ecopetrol encontró que en este escenario solo se podría garantizar el precio del gas por un año más, es decir, hasta el 2011. La razón es que frente a riesgos climáticos como la aparición de un nuevo fenómeno de El Niño, las térmicas colombianas entrarían a suplir la demanda que no cubrirían las generadoras hidroeléctricas y demandarían gas en abundancia.

En agosto pasado, el gobierno colombiano informó esta situación a los inversionistas nacionales. Además, en el caso del suministro de energía apenas había un proveedor que podía fijar un precio hasta el sexto año del proyecto. En esas condiciones, la siderúrgica perdió su viabilidad técnica.

Los motivos

"¿De qué nos sirve tener el gas enterrado y el país renunciando a todas las posibilidades de desarrollo?", se pregunta Zuluaga, de Acesco. Afirma que al disminuir el tamaño del proyecto se reducía también el riesgo para el gobierno. "El país debe cambiar la forma de pensar y estar consciente de que si no tiene grandes proyectos industriales le va a costar mucho trabajo generar un proceso de desarrollo importante", sostiene.

Algunos analistas opinan que el gobierno ha debido asumir el riesgo y dar luz verde al proyecto, pues este contribuiría a dinamizar la exploración de gas. "Este tipo de proyectos rompe el círculo vicioso de que no se explora ni se saca el gas, porque no hay demanda, y si no hay demanda, para qué se saca el gas", dice uno de ellos.

Sin embargo, el gobierno se defiende. Para Alberto Calderón, presidente de Ecopetrol, el punto fundamental es que no se conoce el costo marginal de la extracción de gas. "No tengo duda de que somos un país competitivo en gas, pero no se pueden comprometer las reservas ni los precios futuros a tan largo plazo", explica. Los argumentos de la estatal petrolera son concretos: los análisis realizados establecen que es probable descubrir yacimientos con reservas del orden del 1TPC (terapies cúbicos) con costos de producción del rango de US$1,7 MBTU (millones de unidades térmicas británicas), frente a la propuesta de la empresa brasileña de cerca de US$1.
 
En caso de que la exploración que se adelanta costa afuera no tuviera éxito y no se encontraran reservas adicionales, en el 2011 el país tendría que importar gas licuado y el costo mínimo sería de US$3,5 MBTU colocado en la Costa Atlántica. En caso de realizar un contrato atado a los costos de producción actuales (US$1,7), la Nación estaría incurriendo en costos de US$18 millones anuales para consumos de 84MPCD.

Para Calderón, no es tan claro que la demanda generaría una oferta en el tiempo exigido. "Debe existir cierta simultaneidad. Habría que desarrollar la sísmica, perforar los pozos y encontrar estructuras de gas que aclaren la decisión de hasta dónde se puede comprometer el país y correr el riesgo", agrega.

Las lecciones

La experiencia internacional demuestra que para llevar megaproyectos de inversión a un país se necesita tomar la decisión al más alto nivel. También es indispensable lograr una excelente coordinación entre las distintas agencias del gobierno y entre el gobierno y el sector privado.

En este caso, los principales errores son la indefinición de la política de gas y la ligereza del gobierno al comprometerse con el proyecto, cuando aún faltaba información vital sobre las verdaderas posibilidades de hacerlo.

Ha quedado claro que la falta de reglas claras en el tema de exploración de gas hace que se pierdan grandes oportunidades para el desarrollo industrial. Por eso, la exploración está detenida. Además, el tema de la revisión de precios regulados para el gas de Cusiana y la eventual amenaza de un desabastecimiento del centro del país en el mediano plazo, si no entra en operación la planta de este pozo, son prioridades.

La mejor definición de lo que pasa la hace un experto: "Este es el resultado de no haber tomado las decisiones sobre el tema del gas hace unos años. Se necesitan determinaciones claras por parte de la Creg en el tema de precios y es el mensaje que esperan los inversionistas, por ejemplo, para extraer el gas de Cusiana".

Para Tomás González, subdirector de Planeación Nacional, Colombia dio pasos gigantescos en el tema del gas como sustituto energético para el mercado doméstico. Pero también es cierto que está dejando pasar las oportunidades para convertirlo en una ventaja competitiva y colocarlo en los mercados internacionales. El Ministerio de Minas y Planeación Nacional adelantan un documento sobre las políticas de gas hacia el futuro, el cual debe estar listo antes de finalizar el año.

Por otro lado, la revisión de lo ocurrido muestra que el Gobierno no ha debido asumir un compromiso público con el proyecto antes de contar con un concepto claro de Ecopetrol. Los resultados de sus estudios mostraron finalmente que el gobierno habría asumido un gran riesgo al llevarlo a cabo en las actuales circunstancias. La credibilidad internacional del presidente de la República, que es vital para el éxito de cualquier iniciativa similar en el futuro, se vio perjudicada por la forma y la oportunidad como ocurrieron las cosas.

Lo más paradójico es que, como lo menciona Alberto Calderón, en dos años el país podría estar nadando en gas. La falta de decisión y coordinación a tiempo nos han hecho perder una oportunidad sin par.

Lo que se perdió

El proyecto tendría 4 fases. En las dos primeras, la producción alcanzaría 5,8 millones de toneladas métricas por año y la inversión en este punto habría sido de US$1.826 millones. La construcción de la primera fase se debía iniciar en el 2001 y la de la última en el 2009.

Para la primera etapa, la producción sería de 2,4 millones de toneladas de planchón al año, al mercado interno irían 400.000 toneladas y los 2 millones restantes se exportarían, lo que representaría ingresos equivalentes a US$418 millones. En caso de que la producción fuera de 1,2 millones de toneladas al año, las exportaciones serían de US$167,2 millones.

Según el documento Conpes 3062, en el proyecto total se crearían 5.000 empleos directos durante los 10 años de construcción y más de 8.700 indirectos durante su funcionamiento.

Para el suministro de gas, las empresas productoras y transportadoras deberían realizar inversiones cercanas a US$160 millones en instalación de compresores y aumento de producción.

De acuerdo con un informe de Naturgas, solo en el área de gas, su dinamismo permitiría la creación de 2.000 nuevos empleos, aumentaría la inversión extranjera en cerca de US$400 millones y generaría divisas del orden de US$70 a US$100 millones por año.

La principal materia prima, mineral de hierro, sería importada de Brasil y los buques regresarían con una carga aproximada de 2 millones de toneladas de carbón térmico con destino al mercado carioca.

Publicidad

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.