Acerías: al rojo vivo

| 3/8/2002 12:00:00 AM

Acerías: al rojo vivo

Los procedimientos de la Ley 550 han sido usados para alargar la agonía de Acerías Paz del Río y ahondar la politización de la empresa. Nadie parece querer resolver la situación.

Aunque el país parece haberse olvidado de Acerías Paz del Río, la empresa aún existe y cada día se mete en mayores líos. En esa extraña condición que le permite ser al tiempo eje económico de un departamento y empresa quebrada, Paz del Río prosigue su proceso de destrucción de valor. Las medidas que se tomaron hace un año para ayudarla no han impedido que continúen la politización de la firma, el incremento de las deudas y las necesidades de efectivo.



En septiembre de 2000, Acerías Paz del Río se acogió a la Ley 550, en teoría para llegar a un saneamiento de las cuentas con sus acreedores o a una liquidación. Pero este proceso que definirá su viabilidad no tiene plazo, a medida que los acreedores presentan objeciones que deben ser atendidas. Las principales objeciones, curiosamente, han sido interpuestas por acreedores que pertenecen al Estado, como el Instituto de Seguros Sociales y Minercol. Por otro lado, el gobierno no reglamentó ni ha facilitado la creación del Fondo del Pasivo Pensional del que habla la ley. Todo indica que la voluntad del gobierno nacional se inclina hacia no resolver nada y dejarle el problema al próximo Presidente de la República.



La politización de una empresa



Acerías Paz del Río ha afrontado dificultades por décadas, pero las más complejas se empezaron a ver a principios de los años 90. La apertura económica llevó a la empresa a una aguda crisis, pues no estaba preparada para enfrentar la competencia externa. Su modelo, que para economía cerrada era suficiente, perdió vigencia en un esquema globalizado.



Para el Grupo Empresarial Antioqueño, su principal accionista privado, Acerías Paz del Río se convirtió en un dolor de cabeza, pues en 1996 había perdido $54.000 millones y en 1997 las pérdidas eran de $26.000 millones. Finalmente, el grupo logró deshacerse del problema en 1998, al entregar como donación al departamento de Boyacá sus acciones, cerca del 32% del total, y salir del negocio del acero. Ese año, las pérdidas superaron los $85.000 millones.



"El departamento pensó que se trataba del mejor negocio de su vida, al recibir la empresa más grande de la región, con miles de puestos de trabajo. Pero no hizo ningún análisis empresarial para recibir esa donación. La recibió con todas sus dificultades y hoy es responsable de su deterioro", afirma un conocedor del mercado del acero en Colombia. El Grupo Empresarial Antioqueño logró salir de un activo que producía pérdidas, y el departamento de Boyacá se quedó con un activo político. "Para un gobernador de Boyacá, tener una nómina, además de la oficial, de más de 2.500 personas es una tentación irresistible", afirma el analista. Los gobernadores suelen limitarse a ver las ganancias políticas de corto plazo sin considerar los costos económicos para el futuro de la región. Solo en el último año, Boyacá ha tenido tres gobernadores y Acerías ha tenido cuatro presidentes.



Para enderezar el gobierno corporativo de la empresa, en septiembre del año pasado, Gabriel Taboada, superintendente de Valores, presentó a la junta directiva de Acerías unos principios del Código de Buen Gobierno y los invitó a acogerse a esta medida. El promotor del acuerdo de reestructuración bajo la Ley 550, Gilberto Gómez, fijó en un documento unos parámetros para la escogencia del presidente de la compañía. El candidato al cargo debería tener, entre otras cosas, una experiencia empresarial de mínimo 3 años como presidente, vicepresidente o gerente de siderúrgicas o como presidente de empresas manufactureras o financieras con activos superiores a US$25 millones.



Esta era la mejor oportunidad para demostrar la voluntad de transformar a Paz del Río en una entidad manejada con un criterio técnico. Sin embargo, el gobernador (e) Oscar Riaño sorprendió a los integrantes de la junta directiva el pasado 13 de febrero, al llegar a la reunión con un cambio en el orden del día y la propuesta de nombrar como nuevo presidente a Enrique Tobo, catedrático y consultor. Aunque el nombramiento fue conforme a la ley, la forma de escogerlo dejó un sabor amargo entre los participantes en la reestructuración. La imposición del nuevo presidente no contribuye a fortalecer la confianza en la empresa sino que, por el contrario, la deteriora.



La quema de la plata



La deuda de Acerías Paz del Río es gigantesca. A septiembre del 2000, cuando se acogió a la Ley 550, sus acreencias con los bancos, la Dian y los proveedores sumaban $140.000 millones. Desde esa fecha, ha acumulado nuevos compromisos por $40.000 millones más.



El pasivo pensional asciende a $203.000 millones y el pago anual en este renglón se acerca a $26.000 millones. Hacia agosto del 2001, la empresa se quedó sin recursos para atender el pago de las pensiones. Por eso, decidió vender un paquete accionario que tenía en Cementos Paz del Río por $16.000 millones. Con ese dinero ha pagado a los pensionados, pero según el presidente de la compañía, Enrique Tobo, los recursos se agotarán en abril de este año. Ahora evalúa movimientos como la venta de activos productivos pero no operativos --minas y predios--, para enfrentar la coyuntura y cubrir esa necesidad hasta final de año. Además, necesita recursos para su plan de reconversión industrial (ver recuadro).



Por otro lado, las necesidades de capital de trabajo que en mayo de 2001 eran de $94.000 millones, hoy son de $139.000 millones para los próximos dos años. ¿Dónde conseguir el dinero si la empresa no es sujeto de crédito por los bancos y provoca una desconfianza general en el mercado financiero?



Los dueños no tienen recursos. Según el gobernador Riaño, el departamento --que tiene el 32% de la compañía-- no tiene la capacidad para inyectarle dinero a la empresa. El IFI, con 14% de participación, por su condición de banca de segundo piso, no puede hacer nuevos créditos directos a nadie, ni puede asumir inversiones mayores en empresas. Además, en el acuerdo que se firmó luego del paro cívico de hace dos semanas, quedó claro que el IFI solo hará los trámites para conseguir recursos y respaldos oficiales cuando se demuestre la viabilidad de la empresa. Y los trabajadores y pensionados --el otro 14%-- tienen su salario como único capital. El 40% restante es de más de 400.000 colombianos que desde hace décadas compraron acciones de la acería para evitar el pago del impuesto de renta.



Incertidumbre



Paradójicamente, la empresa ha tenido algo de buena suerte. En los últimos 3 años, el margen bruto (la utilidad antes de gastos administrativos e intereses) pasó de -29% a +11%. En el 2001, alcanzó una utilidad bruta de $16.000 millones, gracias a un leve aumento en la productividad y en los precios que le permitieron obtener estos resultados. Esto, sin embargo, no es suficiente. "La empresa ha venido mejorando y puede mejorar un poco más, pero eso no basta para cubrir su gran deuda, estabilizarse y cubrir los gastos. La viabilidad de la empresa depende de aumentar su producción modernizando la tecnología con una reconversión industrial", dice Gilberto Gómez, promotor del acuerdo.



La empresa tendría que asumir una transformación a fondo para enfrentar el cambiante mercado en que se mueve, en el cual la eficiencia y la competitividad son factores cada vez más críticos. Las principales empresas colombianas de acero (con excepción de Paz del Río) han emprendido un proceso de reacomodo. El Grupo Mayagüez (Aceros Diaco) formó una moderna estructura con Simesa, Sideboyacá, Sidelpa, Sidecaribe y Sidemuña, para competir con Sidor de Venezuela y exportar parte de su producción. Se trata de especializar sus plantas y lograr mayor eficiencia. Así, se convierte en el mayor jugador del sector. A su vez, Acesco, tras el fracaso del proyecto siderúrgico de la Costa Atlántica, busca estrategias de integración de la producción que aumenten su competitividad.



En el mundo, el mercado también se está transformando. Estados Unidos, el mayor importador, con 34,4 millones de toneladas anuales, anunció a finales del año pasado que iba a cerrar las importaciones de acero para proteger su mercado, pues hay una sobreoferta mundial de 70 millones de toneladas, debido en parte a que Ucrania y Rusia, que producían acero con destino a la industria militar de la antigua Unión Soviética, tuvieron que volcarse a la industria civil. Solo estos dos países producen más de 90 millones de toneladas al año. Al cierre de esta edición se esperaba la decisión del gobierno estadounidense y la definición de la forma en que va a adoptar la medida. Esto significaría un retorno al proteccionismo en muchos otros países que han anunciado medidas para reducir el impacto sobre sus industrias. Para Colombia, el impacto aún es incierto. Por un lado, si el país se suma a la tendencia proteccionista y aplica sobrearanceles, sus productores de acero se beneficiarían. Habría razones para unas medidas así, si los países exportadores intentan inundar el mercado colombiano para deshacerse del producto que no podrán colocar en otros mercados, una vez impuesta la protección. Por otro, no es claro cómo se haría el cierre de importaciones sin caer en efectos negativos, pues el consumo nacional de acero es de 1'200.000 toneladas anuales, de las cuales Colombia solo produce 500.000. La diferencia hay que importarla. Este nivel de incertidumbre exige de las empresas del sector una alta competitividad y flexibilidad en la respuesta, unas capacidades que Paz del Río está lejos de tener.



Hoy, la empresa espera que se resuelvan las objeciones del Instituto de Seguros Sociales y Minercol sobre sus acreencias. La ley establece que solo cuando la Supersociedades las decida, empezarán a correr los cuatro meses para definir su viabilidad. Todo indica que las objeciones han sido planteadas para generar demoras. "Se solicitan pruebas, se argumentan excusas para no cumplir las citas y, de esa manera, se alarga el proceso", explica un funcionario. Esto revela el trasfondo político del problema. Nadie quiere dejar morir una empresa de la cual dependen más de 600.000 personas de 27 municipios de Boyacá. Pero tampoco hay recursos para sacarla adelante. Es, como otras cosas en la historia de Paz del Río, un círculo vicioso sin ruptura. Ningún gobierno querría pasar a la historia como el sepulturero de la industria que le da vida a la región. ¿Será este otro lío sin resolver que deja la administración Pastrana? Todo parece indicar que sí.



La designación del nuevo presidente de la empresa fue una movida en falso del gobernador (e) de Boyacá Oscar Riaño.



Acerías Paz del Río, ¿viable?

Según el promotor Gilberto Gómez, se necesitan 4 instancias para sacar adelante a Acerías:



Un aumento en la producción mejorando la tecnología con un proceso de reconversión industrial. El objetivo es aumentar la capacidad de producción en 50.000 toneladas anuales.

Esta reconversión industrial conlleva la inversión en equipos, el mantenimiento de los que tiene y la consecución de capital de trabajo. Según sus cálculos, para el período 2002-2003, los recursos requeridos son de $139.000 millones, y para el 2004-2006 de $50.000 millones.

Se requiere un manejo estrictamente empresarial y no político y adoptar el Código de Buen Gobierno. En este momento, la gobernación de Boyacá, el mayor accionista, es un ente político y no empresarial.

Lograr un acuerdo para pagar las acreencias que están en ley 550 por cerca de $140.000 millones, más otros $40.000 millones con compromisos que se han generado después del acuerdo y que no se han pagado. Para Gómez, hay que buscar un acuerdo con los acreedores. "Pero para eso hay que tener resuelta la consecución de recursos frescos, porque ¿cómo voy a hacer propuestas de pago, si sé que la empresa no va a generar los ingresos necesarios para cumplirlas".

Gilberto Gómez, promotor del acuerdo.*
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