Los abogados tendrán que informarle al revisor fiscal sobre cualquier situación que pueda afectar los estados financieros de la compañía, sin excepción.

| 8/9/2002 12:00:00 AM

Abogados, a hablar

Las relaciones entre abogados y revisores fiscales tendrán que replantearse con la eliminación parcial del secreto profesional para abogados.

Imagine esta situación. El presidente de una empresa se acaba de enterar de que puede ser demandado por su comprador en el exterior, porque es muy probable que no cumpla las condiciones del pedido que firmó. Es noviembre y llama a una firma de abogados externos para pedirle consejo sobre qué hacer. La posibilidad de la demanda es real, pero también es factible mitigar el impacto e, inclusive, evitarlo. Después de que el abogado estudia la situación, recomienda empezar negociaciones para llegar a una transacción y evitar el pleito. En enero, en medio de las negociaciones, recibe la carta usual del revisor fiscal de la compañía pidiéndole que diga si sabe de alguna contingencia que pueda afectar los estados financieros de la empresa. ¿Qué hace el abogado?



Lo normal era que apelara al secreto profesional y no informara sobre el incidente, ya que la contingencia aún no se habría materializado. Pero ahora, tendrá que revelar lo que sabe al revisor fiscal, porque las superintendencias de Sociedades y de Valores acaban de emitir un pronunciamiento en el que señalan que el secreto profesional de abogados internos y externos no se aplica cuando se trata de informaciones que permitan determinar la existencia de una responsabilidad o contingencia para la compañía, que pueda afectar sus estados financieros. Para los supervisores, los abogados tienen la lealtad con la compañía y los accionistas, y no con los administradores y miembros de junta directiva.



Los alcances



El pronunciamiento sobre el secreto profesional ha generado diversas reacciones en el mercado. Abogados y empresarios están desconcertados, porque consideran que hay oportunidades en que se hacen consultas de carácter legal sobre hechos graves que pueden suceder, pero que todavía no son una realidad, y que si se divulgan podrían generar un perjuicio innecesario a la compañía, aunque se puedan resolver satisfactoriamente.



"El abogado contratado por la sociedad, es de la sociedad y, por tanto, está obligado a los accionistas . Caso muy distinto al de cuando el abogado es contratado por el presidente, con su dinero. Ahí él conserva el secreto profesional", explica Jorge Pinzón, superintendente de Sociedades.



Para Pinzón, el pronunciamiento no debe generar perjuicios para la compañía. Cuando hay un riesgo potencial, debe primar el buen criterio del revisor fiscal, quien debe tener conocimiento de todos los hechos que puedan afectar el negocio y, por ende, los intereses de los accionistas, pero debe tener buen juicio para saber qué hace público y qué no.



Como explica Oscar Darío Morales, presidente de Andersen Consulting, "en términos de auditoría, las contingencias se dividen en poco, mediana y altamente probables. Dependiendo de en qué lugar se cataloguen, se emite una opinión al respecto".



La reacción de los abogados asesores de empresas es que las dos superintendencias están desconociendo la intención de fondo del secreto profesional establecido en la Constitución, al fundarse en una interpretación de la Corte Constitucional con base en el secreto profesional de los contadores, y extrapolarla equivocadamente al secreto profesional de los abogados que debería asemejarse más al de los confesores.



Separación de cobijas



Las superintendencias también hicieron precisiones que afectan a las compañías multidisciplinarias. Los organismos de control afirman que las personas jurídicas no podrán prestar simultáneamente servicios de asesoría legal y de revisoría fiscal, porque se generan conflictos de interés que podrían ir en detrimento de las labores de fiscalización y de consultoría.



De acuerdo con Supersociedades, "resulta incompatible la prestación simultánea de estos dos servicios, directa o indirectamente, a un mismo cliente".



Para David Aguirre, socio de KPMG, lo que las entidades de control afirman corresponde a lo que se está haciendo en Colombia desde hace un tiempo. En el caso de KPMG, hace tres años, y siguiendo el lineamiento mundial, las actividades se separaron. "Utilizamos el mismo logo, pero somos firmas diferentes, con licencia y socios distintos: KPMG Ltda., que presta auditoría externa y revisoría fiscal, y KPMG Impuestos y Servicios Legales".



En general, el concepto de las superintendencias va en la línea de las reglamentaciones que se están dando en Estados Unidos para devolverles la confianza a los inversionistas sobre la transparencia de las operaciones empresariales. El Senado y la Cámara de Representantes de ese país aprobaron la última semana de julio una reglamentación que prohibe a las firmas de auditoría prestar servicios de contaduría, servicios legales, implementar o diseñar sistemas de información financiera y prestar servicios de banca de inversión, entre otros.



El levantamiento del secreto profesional para los abogados y la separación de cobijas entre la revisoría fiscal y los servicios legales buscan darle mayor transparencia a la actuación de las administraciones. Pero sin duda generarán una gran polémica entre los afectados, que tendrán que replantear sus relaciones bajo las nuevas reglas de juego.



En la práctica

"La mayoría de las firmas en Colombia han independizado la revisoría fiscal de la prestación de servicios legales. KPMG lo hizo hace tres años". David Aguirre, socio KPMG.



Poder de decisión

"Las contingencias se miden como poco, mediana y altamente probables. Según eso, el revisor decide si ponerlas en su informe o no".Oscar Darío Morales, presidente de Andersen Consulting.



Buen juicio

"Cuando se presente un riesgo potencial, el buen criterio del revisor fiscal debe primar sobre la conveniencia de hacerlo público". Jorge Pinzón, superintendente de Sociedades.
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