| 12/14/1998 12:00:00 AM

¡A unificar las normas!

En Colombia es un viacrucis averiguar si una norma tiene vigencia o está derogada. Deberíamos tener leyes generales que unifiquen la normatividad en todas las áreas.

Uno de los problemas más grandes para hacer negocios en Colombia es la inflación normativa. Desde los particulares hasta los jueces se pierden en una maraña ininteligible de leyes, decretos y resoluciones que con frecuencia se contradicen entre sí. Identificar la norma vigente sobre cualquier tema es una tarea de titanes, que implica elevados costos y mantiene toda decisión bajo un alto riesgo de incertidumbre jurídica. Es común incluso que se citen en fallos judiciales, decretos y conceptos de particulares, normas que se encontraban derogadas.



En buena medida, el origen del problema está en una cómoda cultura jurídica que escogió la derogación tácita como expediente para ocultar la improvisación y la falta de conocimiento de los temas que se pretende regular. Como simplemente no se sabe qué puede ser contrario a una ley, decreto o resolución que se piensa expedir, se introduce una frase en virtud de la cual "la disposición expedida deroga todas las disposiciones que le sean contrarias", trasladando irresponsablemente el problema a jueces, autoridades y particulares.



Esta forma de legislar termina manifestándose en corrupción administrativa, procesos judiciales e incertidumbre empresarial. Pero hay soluciones.



La Presidencia de la República podría expedir una directiva que exija lo siguiente:



* Toda disposición que se pretenda tramitar por cualquier ministerio frente a la Presidencia de la República debe establecer en forma expresa las disposiciones que se derogan. Igualmente, el proyecto de decreto debe estar acompañado por el estudio correspondiente de vigencia.



* Cualquier proyecto de ley que surja por iniciativa del gobierno o que requiera su apoyo debe contar con estudio de vigencia y utilizar el sistema de derogación expresa.



* Puesto que existe un poder de expedir en forma autónoma actos administrativos de carácter general en autoridades como los ministerios o las superintendencias, los mismos requisitos deben ser cumplidos por ellas en el proceso de producción legal.



Pero lo anterior, aunque sería un paso importante, sólo aclararía la maraña legal en forma muy lenta. Para superar la crisis de manera definitiva, habría que proceder como lo hizo el sector financiero. Se deben tramitar leyes mediante las cuales toda la normatividad sea unificada, armonizada y sistematizada en un solo cuerpo, garantizando una correcta incorporación de las disposiciones futuras que lo modifiquen.



En cuanto a la reglamentación, se debe exigir que todos los ministerios presenten su proyecto de decreto único, mediante el cual definan cuáles disposiciones están vigentes a la fecha, dejando en claro que las disposiciones reglamentarias no incorporadas quedan derogadas. Este mismo ejercicio debe hacerse frente a las autoridades que expiden circulares y resoluciones con efectos generales. Los trabajos concluidos por entidades como la Superintendencia de Valores o la Superintendencia Bancaria dan un buen ejemplo.



Si avanzáramos en este camino estaríamos creando un terreno legal más limpio y eficaz, y menos fértil para la corrupción y la manipulación de las normas. La tarea tiene la mayor urgencia.
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