| 9/30/2005 12:00:00 AM

¿A tres bandas?

Las reglas que fijó el gobierno para adjudicar el servicio de banda ancha inalámbrica generan controversia. El gobierno se defiende.

Los vientos huracanados que están transformando el sector de telecomunicaciones, no se detienen. Tras la polvareda que levantó el memorando de entendimiento entre la mexicana Telmex y Colombia Telecomunicaciones -que está en discusión y al que la Contraloría General le ha hecho reparos financieros y jurídicos- y del interés de ETB y EPM por buscar socio estratégico, se generaron varias noticias que convulsionan aún más el panorama.

Entre ellas, por sus efectos, dos han generado controversia entre el gobierno y jugadores del sector: una, la decisión del gobierno de anticipar la liberalización del servicio de larga distancia, cuyas licencias para ETB, Orbitel y Telecom se vencían a finales de 2008 y quedaron libres a partir de mediados de 2007. Y otra, el documento Conpes 3371 que da los lineamientos para el uso de la banda ancha inalámbrica en la banda de 3,5 GHz, y las posteriores resoluciones que otorgan los permisos.

Estos requisitos solo los podrían cumplir operadores de larga distancia como ETB, Telecom y EPM que se beneficiarían del uso de esta banda en el país, con un arriendo anual de US$2 millones; en tanto que para las regiones se otorgarán permisos para otros jugadores y el arriendo será de US$400.000 anuales, mientras en otros países estas licencias se están entregando por varios millones de dólares. La banda de 3.5 GHz permite una transmisión de mayor calidad y más rapidez, frente a otras frecuencias del espectro que hoy son usadas libremente, según la regulación del gobierno del año pasado.

La política consignada en este Conpes establece que una forma eficiente de impulsar el desarrollo y mantener la continuidad y los niveles para la prestación de este servicio, "es la combinación de redes fijas con inalámbricas para aprovechar las ventajas de esas dos tecnologías. La convergencia de redes no solo hace referencia al hecho de prestar varios servicios por un solo canal, sino también al uso eficiente de las diferentes redes disponibles".

Las críticas no se han hecho esperar. Douglas Velásquez, presidente de Asonet, dice que se trata de instituir el monopolio de ETB, Telecom y EPM, que tienen el 99% de la red fija en Colombia. Ramiro Valencia, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, CCIT, dice que el Conpes es sesgado y restringe la competencia.

Por su parte, para Germán González, viceministro de Comunicaciones, se pretende masificar el servicio en el país y los operadores de telefonía pública son los jugadores más adecuados porque tienen la infraestructura montada y los recursos para adelantar las inversiones.

¿Cómo nació esta tormenta? Mientras la larga distancia se marchita, la telefonía fija no tendrá grandes crecimientos y la telefonía móvil llegará en el corto plazo a una penetración de más del 50%, la banda ancha y el acceso a internet son el negocio más apetecido y el que más crecerá, pues apenas supera el 8%. Y en ese negocio todos quieren estar. Como lo reconoció a Dinero en ediciones anteriores Juan Felipe Gaviria, gerente de EPM, en las reuniones de aproximación que han sostenido con representantes de Telmex y Telefónica, estos gigantes "han priorizado una alianza con la posibilidad de hacer negocios en la banda ancha, que parece ser el negocio del futuro".

Compensación o fomento

La decisión del gobierno dejó mal sabor entre las empresas del sector. Para algunos, como Ximena Barberena, vicepresidente jurídica de Avantel, es "una coincidencia exagerada" que se hayan conocido las determinaciones de anticipar la liberalización de la larga distancia y las resoluciones sobre quiénes podrían acceder a la banda de 3.5 Ghz.

La lectura de estas decisiones tiene tres aspectos: el primero es la eventual compensación para jugadores -ETB y Orbitel, cuyo socio es EPM- que pagaron por las licencias de larga distancia US$150 millones cada uno, pero el negocio viene en descenso: los móviles han mordido más de la mitad del mercado de la larga distancia local, mientras que otras tecnologías -voz sobre IP- han desplazado la larga distancia internacional, sumado a prácticas ilegales, como el fraude de llamadas.

Para Alejandro Ceballos, presidente de Orbitel, al consultársele sobre una eventual compensación, afirma que "puede tener algo de razón. Pagamos US$300 millones por unas licencias que no se han ejecutado en muchas cosas, con unos niveles de fraude muy altos y los espacios de mercado de los que ha dispuesto la larga distancia, no se compadecen con los que realmente ha garantizado el Estado".

El viceministro González rechaza que sea una compensación. "No se trata de una compensación. Hay una política clara del gobierno que busca impulsar la banda ancha en Colombia, donde solo en hogares hay una penetración de 2,5%, frente a 6% de Brasil y 5% en Venezuela. La decisión se basa en documentos del Ministerio de años anteriores y esas políticas se exteriorizan en momentos en que se requiere definición".



¿Monopolio?

El segundo aspecto es la supuesta posición monopólica en que quedarían ETB, EPM y Telecom, pues a sus redes fijas, agregan otro elemento. Para González, "el WiMax es solo una de las formas de prestar el servicio de banda ancha. Además, por concurso, en cada región se entregarán operaciones locales".

Este punto es de controversia. Según Jaime Alberto Peláez, presidente de ImpSat, "no se entiende cómo el gobierno de manera explícita privilegia a los operadores de larga distancia, porque debería haber libre competencia y libres oportunidades para los operadores".

González responde que el espectro es un bien público limitado. "No se les puede dar a todos los jugadores, cuando hay más de 25 empresas de telefonía y más de 600 de valor agregado. Si lo hacemos, la banda no sería ancha sino angosta. El Ministerio ha adoptado políticas internacionales pues se divide en porciones amplias para llegar a todos los rincones y a mayores velocidades", dice.

Una de las iniciativas para enfrentarlo es la reventa de servicios. Gabriel Jurado, director de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), plantea este modelo. "Lo estamos estudiando y ya está incluido en el decreto de larga distancia. Es una iniciativa que muchos reguladores de otros países hacen, como herramienta de competencia", afirma Jurado.

Para Peláez, de ImpSat, esto no es tan claro: "por un lado, nos dan 'caramelo' con la oportunidad de acceder a dos licencias por cada departamento con una capacidad inferior a la que se está otorgando en el nivel nacional. Y, por otro, frente a la reventa, ¿por qué no me dejan a mí revender servicios a los operadores de larga distancia?".



El valor de la licencia

Y el tercer punto corresponde al atractivo adicional que se les da a Colombia Telecomunicaciones, ETB y EPM, que buscan socio estratégico. "Cualquier cosa que le den a un operador, lo hace más atractivo", dice Barberena, de Avantel. En esto coincide con Wally Swain, de Yankee Group, quien en un reciente reporte señala que "el gobierno está dando algo que agrega valor y que aumenta la atracción estratégica por Telecom".

La última discusión es sobre el valor de la frecuencia. Para algunos analistas que prefirieron mantener la reserva, en Australia esta frecuencia se ha valorado en más de US$300 millones "que caerían muy bien para las finanzas públicas, mientras que los arrendamientos que se cobrarían son muy bajos". Pero no todos piensan lo mismo. Para algunos, no es pertinente que se cobren estas licencias porque su costo se trasladaría a los usuarios y se demoraría el ingreso de nuevas tecnologías. "¿Cuánto demoró para que llegara el PCS a Colombia? Más de 7 años", explica Barberena, de Avantel. Además, hay otras experiencias como la licencia de LMDS que no evolucionó y por la que se pagó mucho dinero. Según algunos analistas, se busca incentivar el acceso a banda ancha y sería ilógico, luego de las experiencias como la de larga distancia o LMDS, "que se cobre por el uso de un espectro que aún está en prueba y que por su costo, terminaría limitando la penetración", agrega la fuente.

Este episodio de las telecomunicaciones aún no termina. Se espera que los críticos del proceso interpongan recursos jurídicos contra la constitucionalidad del proceso. Los jugadores se irán moviendo hacia la convergencia y la apertura total de un mercado, en el que, como dice Peláez, de ImpSat, hoy el gobierno sigue siendo arte y parte del negocio.
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