A media luz

| 9/14/2001 12:00:00 AM

A media luz

Después de un año, el mercado de la Costa le mostró a Unión Fenosa una realidad diferente a la vivida con EPSA. Si no hay cambios importantes, la empresa se podría apagar.

Hace poco más de un mes, en medio del verano madrileño, los directivos de Unión Fenosa suspendieron sus vacaciones y se reunieron para tomar una decisión que podría poner en peligro el suministro de energía de la Costa Atlántica colombiana: no inyectarles más recursos a Electrocosta y Electricaribe, las dos distribuidoras y comercializadoras de energía de esos 7 departamentos y dejar que las empresas, adquiridas en septiembre del año pasado, sobrevivan con sus propios recursos.



La decisión no fue fácil, pero ni los inversionistas ni los bancos estaban dispuestos a seguir invirtiendo $40.000 millones mensuales, difíciles de recuperar, solo para mantener encendida la operación.



Los efectos de la suspensión de recursos ya se empezaron a ver. En agosto, las electrificadoras no tenían dinero para cancelar sus compras de energía y tuvieron que sentarse con los generadores para acordar mecanismos de financiación para cancelar sus facturas de mayo y junio. Esta situación, que parece un reflejo del problema económico que están sufriendo gran parte de las compañías en Colombia, tiene un elemento adicional que puede dejar en entredicho tanto la seriedad del gobierno como la de los inversionistas españoles, dependiendo del cristal con el que se mire el panorama.



El quid del asunto está en un compromiso verbal que hizo el gobierno cuando Unión Fenosa decidió adquirir las electrificadoras y que permitiría aliviar el peso que las conexiones fraudulentas tienen sobre la operación de la compañía. Lo que sucede es que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), órgano regulador del sector, con carácter independiente y que tiene la capacidad de hacer modificaciones en la regulación, no participó en ese compromiso.



Ahora, los directivos de la empresa en Colombia consideran que si el Gobierno, las autoridades departamentales y locales, por un lado; y los usuarios, por otro, no asumen sus responsabilidades, en cualquier momento puede ocurrir un apagón escalonado en la Costa.



¿El apagón es una amenaza de Unión Fenosa para lograr que el gobierno ceda a sus peticiones o es la consecuencia lógica de la situación de la compañía? Nuevamente, todo depende de cómo se mire el problema. Pero lo cierto es que esta empresa ingresó en un negocio que se ha vuelto más difícil con la situación del país, y en el que no es la única damnificada.



Primera luz



Cuando a finales del año pasado Unión Fenosa decidió quedarse con las dos distribuidoras, en poder de Reliant Energy y Electricidad de Caracas desde 1998, lo hizo motivada por los resultados que había obtenido con EPSA y porque, "el alto Gobierno se comprometió a hacer algunas modificaciones regulatorias y financieras que hacían más atractiva esta inversión", dice Carlos Eduardo Sinisterra, vicepresidente de las electrificadoras.



Lo que en el principio parecía ser un buen negocio, se fue convirtiendo en un desangre, pues la Costa les mostró una realidad muy diferente a la que tenían en el Valle. El alto número de población de bajos estratos, la presencia de enormes barrios informales y de poblaciones en conflicto, la elevada cartera y, sobre todo, la cultura del no pago modificaron en el terreno el plan de negocios que habían realizado antes de tomar las dos electrificadoras.



Hoy, Unión Fenosa tiene una cartera morosa de $350.000 millones, de los cuales, $58.000 millones son de entidades oficiales --alcaldías, gobernaciones, empresas de acueductos, colegios...--, las pérdidas anuales por fraude y no pago ascienden a $200.000 millones al año, y las utilidades se han reducido a un mínimo porcentaje, debido en parte a rezagos tarifarios y al no reconocimiento de activos. Si se toma en cuenta que los pagos por energía, peajes y otros les valen a las empresas $54.000 millones mensuales, el solo fraude y el no pago equivaldrían a casi 4 meses de compras de los insumos del negocio.



El día D



Frente a estos problemas de caja y a la negativa de los accionistas a inyectarles más recursos, Electrocosta y Electricaribe tuvieron que iniciar la renegociación de las deudas vencidas con los proveedores de energía. El primer paso fue el 18 de agosto, día en el que se debían iniciar las suspensiones de energía de los grandes proveedores. Las empresas lograron renegociar los $17.000 millones que le debían a Corelca.



Para ellos, los $14.500 millones que el Gobierno les pagó a las empresas de la Costa de los subsidios que debía en el 2001 son una simple bocanada de aire, pues cada mes la empresa ha tenido que aportar entre $40.000 y $45.000 millones nuevos para funcionar, y no se puede afirmar que se conjuró cualquier apagón. Solo de vigencias anteriores, el Gobierno les adeuda $29.000 millones.



Después vino el mismo proceso con la bolsa de energía, para que antes de que les empezaran a suspender los envíos de energía les refinanciaran los $20.000 millones que les adeudan.



Y si bien algunos funcionarios de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y del gobierno consideran que Unión Fenosa se ha excedido en las presiones a los usuarios, los cortes (que han ocasionado disturbios como los presentados en el barrio Nelson Mandela en Cartagena) y las amenazas de apagar a esta importante región del país forman parte de una estrategia de presión para que el gobierno ceda asus peticiones. Entre estas, dice Sinisterra, está que la Creg autorice instalar contadores comunitarios, y no por usuario, como lo obliga la ley, en áreas subnormales (barrios de invasión, piratas y poblados en conflicto) para empezar a obtener recursos y sembrar la cultura del pago. Estos contadores se instalan a la entrada de energía de los barrios, y la comunidad debe responder por el pago. Esto haría que ingresen a estrato 1 y que queden cobijados por un subsidio de 50% en la tarifa, con lo que la empresa garantizaría, como mínimo, unos recursos del Estado.



Sinisterra dice que "la otra opción es usar recursos del fondo de estabilización del petróleo para pagar los subsidios atrasados; que el gobierno avale créditos y financie a los municipios para que paguen sus obligaciones y que la Creg revise el esquema tarifario, ya que no le está reconociendo a la empresa todos sus activos, costos y gestiones".



Pero algunos funcionarios del Estado se han molestado con la forma como las electrificadoras han usado los medios de comunicación y las amenazas inciertas de apagones para presionar por unas soluciones prontas. "Cuando Unión Fenosa tomó estas empresas, sabía de su mala situación, de la poca gestión administrativa que habían hecho sus anteriores dueños y que se demorarían un buen tiempo antes de obtener utilidades. El problema es que ahora, en 6 meses, quieren recuperar lo invertido y quieren que el gobierno tome decisiones apresuradas en unos temas fundamentales para el sector", dice un integrante de la Creg.



Además, dice otro comisionado de la Creg, la posibilidad de que las electrificadoras suspendan el servicio no es tan clara ni inminente. "Ellos tienen suficiente capacidad de pago y de maniobra como para que dejen de pagar a sus proveedores de energía y se vean forzados a iniciar racionamientos escalonados".



Cuentas claras



De acuerdo con Abraham Korman, presidente de Asocodis, gremio que agrupa a los distribuidores de energía, hay un problema estructural que requiere soluciones de fondo, ya que todas las empresas están perdiendo dinero y están sentadas en una bomba de tiempo.



Para algunos miembros de la Creg, está claro que los problemas no se deben a mala gestión de Unión Fenosa. Desde cuando ellos tomaron EPSA, en 1996, lograron reducir pérdidas, mejoraron gestión y las ganancias han sido buenas. Hicieron lo mismo en la Costa, pero sin resultados



Aunque es un hecho que el anuncio de un inminente apagón en la Costa en pleno momento electoral y con la deteriorada situación del país es un fuerte mecanismo de presión que está tomando Unión Fenosa y que la compañía sabía en qué se estaba metiendo cuando adquirió las electrificadoras, también es cierto que el problema de conexiones fraudulentas y de cultura de no pago debe ser atacado.



Y también es cierto que la empresa asumió un riesgo cuando tomó las electrificadoras, y debe responder por él sin ampararse en promesas verbales del gobierno para justificar sus desaciertos. Lo más grave es que funcionarios del Estado las hayan hecho a inversionistas extranjeros y den pie a que en el futuro se venda una imagen equivocada del país en el exterior.



Este cúmulo de equivocaciones y malentendidos podría llevar a que el ahorro que logró el gobierno con la privatización (de acuerdo con Planeación Nacional habría tenido que inyectar como mínimo US$800 millones si hubiera continuado a cargo de las electrificadoras de la Costa) se vuelva en contra suya en nuevos procesos de privatización, si queda en el mercado internacional la sensación de un incumplimiento de Colombia. Ahora, el gobierno está metido en un dilema y ojalá pueda salir de él haciendo viables las inversiones privadas sin comprometer la calidad futura del servico para los usuarios.



Otros cortes

Electrocosta y Electricaribe son un ejemplo de los problemas estructurales que enfrenta el sector de distribución en el país. De no tomarse acciones correctivas urgentes, el problema se extenderá a otras regiones, como Caldas (CHEC), Boyacá (EBSA), Cundinamarca (EEC), Quindío (EDQ), Tolima (Electrolima), Santanderes (ESSA y CENS).



La regulación actual hace que las empresas pierdan una gran cantidad de recursos en capital de trabajo atrapado y costos financieros, que incrementan en forma importante los costos de producción, en desmedro tanto de la generación de caja como de la rentabilidad mínima de la inversión. Solamente por efecto de los rezagos, Electrocosta y Electricaribe estiman pérdidas del orden de $100.000 millones al año. Las de todo el sector pueden superar los $600.000 millones.



Si a la cuenta anterior se le adiciona el déficit de rentabilidad de la inversión, que de acuerdo con la ley 142 debe ser por lo menos equivalente a aquella obtenida en actividades similares con el mismo riesgo, el asunto se torna mucho más grave.
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