| 4/27/2017 12:01:00 AM

Golpe económico: Venezuela se está quedando sin oxígeno financiero

La falta de oxígeno financiero, provocada por el rechazo de la AN a la aprobación de nuevos créditos externos, está ahogando al gobierno de Maduro, que necesita efectivo para seguir funcionando.

Ni en la calle ni en los bancos le están saliendo bien las cosas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En la calle crecen las marchas organizadas por los partidos de oposición y motivadas por el inconformismo de los venezolanos, que recuerdan los episodios que vivió este país en 2014, cuando se contaron por centenares las protestas sociales. Y en los bancos, porque el país se está quedando sin oxígeno financiero, ante la negativa de varias entidades multilaterales a concederle préstamos.

Al igual que en 2014 –cuando tras las marchas fueron encarcelados varios líderes opositores, entre ellos Leopoldo López–, este año el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta una ‘tormenta social’ que ha incluido medidas de fuerza y amenazas de encarcelamiento a los principales líderes de la oposición para frenar las multitudinarias protestas.

Pero, contrario a lo que ocurrió en 2014, cuando el gobierno pudo enfrentar sin problemas la protesta social, pues el país vivía una bonanza producto de los elevados precios del petróleo, que alcanzaron los US$120 por barril, este año la crisis económica se ha convertido en el principal lastre y en otro ‘golpe’ para el gobierno.

Con una caída en el PIB que, según el Fondo Monetario Internacional, alcanzó 18% el año pasado y este año podría estar en -7,6%; una inflación que el gobierno reconoció oficialmente en 254,9%, pero algunos analistas calculan en 799%; unas reservas internacionales de apenas US$10.421 millones, según el Banco Central de Venezuela, y una deuda externa que ya alcanza 142% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con Ecoanalítica, el panorama es cada vez más sombrío para el vecino país.

Dos temas han agravado la situación: por un lado, los precios internacionales del petróleo no reaccionan al mismo ritmo de las necesidades del gobierno venezolano y, por el otro, el crédito internacional cada vez se estrecha más ante la incertidumbre institucional y de capacidad de pago. Solo en el caso de la institucionalidad, el constante cambio de funcionarios y los bandazos en materia de política económica han estresado a la banca internacional.

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A diferencia de los episodios ocurridos en 2014, cuando el gobierno mantenía una billetera boyante, este año el precio del petróleo apenas alcanza un promedio de US$44,7 por barril que, aunque evidentemente está por encima del registrado en 2016, cuando el promedio llegó a US$35,74, según datos del Ministerio del Petróleo de Venezuela, no es suficiente para cubrir los gastos internos y el pago de la deuda externa. Solo las deudas con el gobierno chino se estiman en más de US$60.000 millones, y recientemente Venezuela logró renegociar para que los pagos por un par de años solo sean de intereses y no de capital.

También este año el país enfrenta una notable reducción en la producción de crudo. En esta materia sigue la disparidad entre las cifras reportadas oficialmente por el gobierno de Maduro y las que maneja la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). En 2015 la producción venezolana fue reportada oficialmente en 2,7 millones de barriles por día –la Opep calculó 2,4 millones de barriles por día– pero en el primer trimestre de este año el reporte oficial hablaba de 2,24 millones de barriles diarios frente a 1,97 millones reportados por la Opep.

El otro golpe

A la banca internacional ni el precio ni la producción petrolera le generarían mayor incertidumbre si no fuera por la que se ha formado alrededor del gobierno venezolano, cuya institucionalidad y capacidad de pago estarían en este momento en entredicho.

Algunos analistas venezolanos han señalado que ya tres entidades multilaterales le han ‘cerrado las puertas’ al gobierno de Maduro, pues han perdido la confianza en la capacidad de gestión y, sobre todo, en el pago de las acreencias.

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Uno de ellos es el Fondo Latinoamericano de Reservas (Flar), que a mediados del año pasado le aprobó al gobierno venezolano un crédito por US$1.400 millones por balanza de pagos y luego de girar en septiembre el primer desembolso, por unos US$400 millones, decidió frenar los nuevos giros a la espera de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional venezolana. En el caso de la Flar, los préstamos se hacen sobre los ahorros que realicen los países, y se estima que el primer desembolso corresponde al ahorro que tiene Venezuela allí.

La razón de frenar nuevos desembolsos por parte de la Flar es de tipo constitucional: para que futuros gobiernos se comprometan a pagar créditos contraídos con anterioridad, la Asamblea Nacional venezolana –de mayoría opositora– debe darle su aval y esta se ha negado hasta el momento a hacerlo.

De hecho, en algunos altos círculos del vecino país se especula que la razón de fondo para que se le diera el ‘golpe de Estado’ a la Asamblea Nacional, a través del Tribunal Supremo de Justicia, es que buscaba quitarle algunas competencias sobre endeudamiento, rompiendo el hilo Constitucional, como lo denunció la fiscal Luisa Ortega. El gobierno necesitaba la aprobación de los empréstitos internacionales para sobrellevar la dura crisis financiera que enfrenta en estos momentos el país. Y esa era la mejor forma de lograrlo.

El golpe del Tribunal Supremo a la Asamblea Nacional no fue bien recibido ni dentro ni fuera del país, y esto generó una mayor incertidumbre, que llevó a entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF, así como al gobierno de China –con los que el gobierno venía gestionando nuevos empréstitos– a frenar cualquier tipo de negociación.

Ante la nueva situación, el gobierno está utilizando ‘zanahoria y garrote’ para salvar la partida. Por un lado, mantiene las amenazas sobre los líderes opositores y, por el otro, ha comenzado a tender nuevos puentes de negociación, porque es claro que solo con la aprobación de la Asamblea Nacional podría contratar nuevo crédito que alivie la difícil situación financiera que enfrenta.

Para algunos expertos, nuevos créditos no serán posibles mientras no se recupere la confianza en la gestión económica, política y social del gobierno y haya un compromiso serio de ajustar las finanzas. Un asunto en el que Maduro todavía tiene una larga tarea por desarrollar.

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