| 3/19/2015 6:00:00 AM

El eje del escándalo

Una seguidilla de sanciones y acusaciones por corrupción, incumplimientos y violación de derechos humanos tiene bajo la lupa a un grupo de altos dirigentes del gobierno venezolano.

Los escándalos se han convertido en el pan de cada día para el gobierno venezolano. Mientras la economía sigue en un proceso de recesión estructural, con una inflación que este año alcanzará 120%, desabastecimiento de productos básicos cercano a 30% y una caída en su PIB estimada en 6%, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha tenido que redoblar esfuerzos para defenderse de las denuncias e investigaciones internacionales contra altos funcionarios de su gobierno.

Casos de corrupción, abusos de la fuerza pública contra los civiles y violación de los derechos humanos, así como incumplimiento de contratos, hacen parte de este peligroso coctel, cuyas repercusiones ya se sienten por la vía de sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos e investigaciones por parte de organismos internacionales. Estos son los casos más sonados de este año y los funcionarios venezolanos involucrados.

Conexión suiza

En junio de 2013, el presidente Maduro había anticipado que la corrupción “se va a tragar la patria” si no se la combate de manera fuerte. Aunque inició una campaña para luchar contra el flagelo que terminó en diciembre de 2014 con la promulgación de una nueva ley contra la corrupción, los escándalos no han cesado.

La situación se ha exacerbado al punto que ya los presuntos casos de corrupción por parte de altos dirigentes del gobierno chavista están bajo la lupa de autoridades internacionales. Uno de los más sonados tiene que ver con el manejo de cuentas en el exterior.

A comienzos de febrero, el dedo acusador apuntó sobre un grupo de funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano que aparecieron relacionados en la llamada ‘Lista Falciani’, haciendo operaciones con cuentas abiertas en la oficina suiza del banco HSBC. Las cuentas abiertas por los altos cargos venezolanos alcanzaron los US$14.800 millones y las autoridades investigan si se trata de operaciones que buscaban evadir controles tributarios o de otra índole en los países de origen.

Bajo la lupa están Alfredo Andrade, quien fue tesorero general durante el gobierno de Hugo Chávez y ocupó la presidencia del Banco de Desarrollo Económico y Social; él fue el encargado de hacer depósitos en la cuenta del HSBC en Suiza. También el actual ministro de Finanzas y vicepresidente del Área Económica del gobierno, Rodolfo Marco Torres, aparece abriendo cuentas en esta oficina.

Paella para 30

Desde el pasado 15 de marzo la prensa española sacó a la luz una investigación que involucra a un grupo de dirigentes chavistas con el posible blanqueo de pagos de comisiones por la asignación de negocios a particulares, en uno de los casos de corrupción que más afecta la imagen internacional de Venezuela.

El diario El Mundo de Madrid dijo que al menos US$4.200 millones, procedentes del presunto pago de sobornos a funcionarios del gobierno del presidente Hugo Chávez por la adjudicación de negocios a determinados empresarios, habrían sido ‘blanqueados’ por el Banco de Madrid, intervenido hace una semana por las autoridades españolas, tras conocer los resultados de una investigación de la Unidad Antiblanqueo de ese país, Sepblac.

El escándalo involucra a tres ex viceministros del gobierno venezolano –de energía, Nervis Gerardo Villalobos y de desarrollo eléctrico Javier Alvarado Ochoa, y el de seguridad Francisco Rafael Jiménez Villarreal–, el exjefe de inteligencia, Luis Aguilera Borjas; el exejecutivo de la estatal petrolera Pdvsa, Francisco Rafael Jiménez Villarreal y el empresario Omar Farías, reconocido por su gran cercanía con Hugo Chávez. Todos ellos son investigados por las cuentas que tendrían en el Banco de Madrid, filial de Banca Privat d’Andorra (BPA), en donde los organismos de investigación encontraron movimientos sospechosos que podrían estar relacionados con blanqueo.

De acuerdo con El Mundo, la investigación de Sepblac va más allá de la difundida por la unidad antiblanqueo de Estados Unidos, FinCen, pues detalla nombres de un grupo de funcionarios que hacían parte de la cúpula del régimen bolivariano y “aprovechaban su posición de poder para hacer negocios propios a espaldas de su pueblo”.

Ataques a la oposición

Alboroto regional provocó el anuncio hecho por Estados Unidos el pasado 9 de marzo de imponer sanciones a siete funcionarios venezolanos por corrupción, violación a los derechos humanos y democráticos. Estas sanciones incluyen congelamiento de bienes y negación de visas.

Los involucrados son Antonio José Benavides Torres, comandante para Defensa Integral de la Fuerza Armada Bolivariana; Gustavo Enrique González, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin; Katherine Nayarith Haringhton Padron, fiscal de la Oficina del Ministerio Público de Venezuela; Manuel Eduardo Pérez, director de la Policía Bolivariana; Manuel Gregorio Bernal, jefe de la brigada 31 del Ejército; Manuel Alcides Vivas Londoño, inspector general de la Fuerza Armada y Justo José Noguera Pietri, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana.

El gobierno venezolano se ha victimizado y logró que la Asamblea Nacional le otorgara el pasado domingo 15 de marzo una ley habilitante que le permite a Maduro expedir todo tipo de leyes o decretos para defender la seguridad nacional. También el gobierno ha salido a buscar respaldo internacional para defenderse de las “sanciones imperialistas”. La oposición ha celebrado la intervención del gobierno norteamericano para salvaguardar los derechos democráticos de los civiles en Venezuela.

A los tribunales

En lo corrido de este año han sido confirmadas tres sanciones de tribunales internacionales falladas en contra de los intereses venezolanos por incumplir contratos pactados con multinacionales. El 4 de marzo, un tribunal de Estados Unidos confirmó la multa que por US$1.600 millones tendrá que pagar Venezuela luego de la nacionalización de campos petroleros de la multinacional ExxonMobil.

Una semana después el Ciadi, centro de arreglo de diferencias relativo a inversiones, condenó a Venezuela a pagar US$455 millones a Owens Illinois por una expropiación de su planta, y le dio la razón a la empresa de servicios petroleros, Tidewater, por una demanda impuesta contra Pdvsa, ordenándole al gobierno chavista a pagarle US$46 millones por incumplimiento de contratos.
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