| 5/2/2014 7:00:00 AM

La cara oculta

Bajo la lupa están las millonarias contrataciones de las petroleras estatales en México, Brasil y Argentina, lo que tiene en problemas a sus gobiernos. 

Además de explorar, producir y exportar petróleo, las compañías estatales petroleras generan a sus gobiernos millonarios recursos tributarios, empleos y, de vez en cuando, escándalos como los que enfrentan en estos momentos Brasil, México y Argentina. 

Denuncias que han salido a la luz pública recientemente sobre presuntas contrataciones ilegales, actos de corrupción, sobornos y hasta negociaciones irregulares tienen hoy bajo la lupa de los organismos de control a estas compañías y de paso, han puesto a sus gobiernos contra las cuerdas.  Los cuestionamientos se centran en decisiones adoptadas en el pasado por directivos de Petrobras de Brasil y Pemex de México, así como por un reciente acuerdo aprobado por YPF de Argentina. ¿Qué está sucediendo? 

La campaña de reelección en Brasil, las polémicas reformas económicas en México y la fuerte oposición en Argentina han generado la coyuntura ideal para que los escándalos de las petroleras salgan a flote y tengan mayor protagonismo. En los tres casos las denuncias de corrupción tienen un fuerte componente político pero han alcanzado tal difusión mediática que, de comprobarse los delitos, sus causantes seguramente no quedarán en la impunidad.

En Brasil el pasado miércoles 21 de abril la Corte Suprema aceptó una petición presentada por los partidos de oposición para que se investigue en el Congreso un presunto acto de corrupción en Petroleo Brasilerio, Petrobras. La decisión recogió los reclamos que desde meses atrás habían hecho los opositores al gobierno de la presidente, Dilma Rousseff, por la controvertida compra de una refinería en Texas por la cual se habría pagado un sobreprecio.

Los cuestionamientos salpican a la presidente Rousseff pues la aprobación de esta compra se dio en 2006, en momentos en que fungía como ministra del gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva y presidía la junta directiva de Petrobras. Aunque Rousseff ha salido al paso de las críticas asegurando que en el momento de aprobarse la compra no se tenía la información completa, lo cierto es que muchos creen que este escándalo podría pasarle la cuenta de cobro a su aspiración reeleccionista y a su imagen de gerente eficiente podría salir golpeada. A pocos meses de las elecciones –previstas para el 5 de octubre–, los duros cuestionamientos a Rousseff se convierten en una gran amenaza para su segundo periodo. 

Pero, como si esta investigación no fuera suficiente, otras denuncias que estudia el Congreso podrían salpicar altos funcionarios de Petrobras e incluso del gobierno pues están relacionados con el pago de sobornos a funcionarios de Petrobras por parte de SBM Offshore –un proveedor de buques petroleros–, y una estafa y lavado de dinero que provocó la detención de un exdirector de Petrobras. 

Huellas de corrupción


México tampoco ha escapado a los escándalos. La pugna en la política interna y la fuerte oposición de algunos sectores a las reformas adoptadas por el presidente Enrique Peña Nieto han sacado a flote denuncias por supuestos casos de corrupción que se habrían cometido desde 2006, con dineros de la petrolera estatal Pemex.

El tema ha escalado a tal nivel que el Congreso aprobó el 10 de abril crear una comisión que investigará a fondo el tema. Esta es presidida por Luis Espinosa Cházaro, un diputado del opositor partido PRD, quien advirtió que no hará cacería de brujas pero tampoco será “tapadera de nadie”. Para el dirigente político, “no puede pensarse una Pemex competitiva con tanto grado de corrupción”, por eso se jugará a fondo para destapar las irregularidades. 

Los escándalos se conocieron luego de que el banco Banamex denunciara hace unas semanas un fraude en un contrato con la firma Oceanografía, que habría presentado documentos apócrifos de Pemex. Tras esta denuncia se sumaron investigaciones por irregularidades en contratos firmados con Hewlett Packard por US$30 millones y con la holandesa Eyva, con la que Pemex habría contratado en la última década unos US$300 millones. 

Algunos congresistas han anticipado que altos dirigentes de los partidos políticos, así como los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, tendrán que comparecer ante los organismos de control para explicar la legalidad de los contratos y el alcance de su participación en los mismos. 

Pero, si en estos dos países llueve, en Argentina no escampa. Allí el pasado 21 de abril el senador opositor Fernando ‘Pino’ Solanas denunció al ministro de Economía, Axel Kicilloff, por los compromisos que negoció en febrero pasado con la petrolera española Repsol, para los daños provocados tras la expropiación del 51% de las acciones que tenía en YPF. La expropiación, que hizo el gobierno argentino en mayo de 2012, ha provocado una fuerte controversia internacional que ahora busca zanjar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien se enfrenta ahora a las fuertes denuncias de la oposición. 

Solanas demandó penalmente al ministro Kicillof –uno de los funcionarios más cercanos a la presidente– por “fraude a la administración pública” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” pues en su opinión habría cometido ‘groseras anomalías’ al momento de tasar el valor de las acciones de YPF expropiadas a Repsol. En febrero pasado el gobierno argentino anunció que pagaría a Repsol cerca de US$5.000 millones de aquí al año 2033 en bonos públicos, por la expropiación de las acciones que tenía en la petrolera argentina.

Aunque el acuerdo no está completamente negociado, la oposición argentina considera que el pacto es violatorio de la Constitución. Para el senador Solanas, resultaba imposible que en pocos meses el gobierno argentino hubiera logrado hacer la valoración de los activos de YPF gas y los más de 120.000 bienes de la petrolera. 

En un ambiente caldeado por la política, las petroleras de estos tres países tendrán que hacer su mejor esfuerzo por pasar este trago amargo y sacudirse de las prácticas que puedan conducir a hechos de corrupción, pues de lo contrario sus preocupaciones pasarán del plano técnico al de imagen pública.
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