| 4/28/2016 12:00:00 AM

Los retos de Brasil para recobrar la confianza y reactivar el crecimiento

Después de una década de crecimiento sostenido y mejora del bienestar de la población, Brasil está en recesión desde 2014, con una caída de 3,8% del PIB en 2015 y otra similar prevista por el FMI para 2016. En consecuencia, el nivel de vida de la población disminuirá 10% entre 2014 y 2017.

Como en otros países latinoamericanos, el auge en Brasil fue impulsado por la laxitud de la postura monetaria en los Estados Unidos y el superciclo de las materias primas, cuyos precios se elevaron por un exceso de demanda mundial. Los mayores ingresos externos estimularon el gasto en los países exportadores, mientras que los flujos de capital que llegaron buscando una mayor rentabilidad permitieron financiar su expansión. La mayor demanda aceleró la actividad económica y la generación de empleo. De esta manera, el crecimiento del PIB en Brasil se aceleró a 4% anual promedio entre 2004 y 2013, lo cual condujo a un descenso de su tasa de desempleo de 12,3% a 4,8% y a un aumento de 27,5% en ingreso real por habitante.

Debido a dos choques externos, el ciclo económico se invirtió en la región, con particular crudeza en Brasil. El primero de ellos es el final del superciclo de las materias primas, como resultado de un exceso de oferta global. El segundo es el estrechamiento de los mercados financieros internacionales, debido a las expectativas de normalización de la postura monetaria en los Estados Unidos. Los choques implican un flujo menor de ingresos y de financiación del exterior, un menor incremento del ingreso nacional y de los ingresos públicos, una lenta expansión del crédito, una desvalorización de los activos domésticos y una depreciación de la tasa de cambio. Como consecuencia de estos factores, se tiene que ralentizar la demanda para hacerla compatible con la financiación disponible. Para lograrlo se requiere endurecer la postura monetaria. En algunos casos se necesita también estrechar la postura fiscal.

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El impacto de este ajuste sobre el crecimiento, el empleo y el bienestar depende de los desbalances macroeconómicos y los desequilibrios financieros de cada economía, así como de las estrategias que adopte.

Aquí radican los yerros de las autoridades brasileñas, que tienen postrada la economía. Como explica Otaviano Canuto, representante de Brasil en el FMI, los gobiernos no prepararon la economía para la terminación del superciclo de las materias primas. No ahorraron, de manera que se apreció mucho la moneda. Tampoco invirtieron en mejorar la competitividad y la productividad, de modo que no se diversificó la producción. La apreciación y los mayores costos domésticos comprimieron las utilidades de la industria, por lo cual se estancó su producción desde 2008 y comenzó a declinar por la menor demanda en 2014. De este modo, al caer los precios de las materias primas, la economía brasileña no encontró otra fuente de crecimiento.

Cuando este flaqueó en 2012, las autoridades implementaron una estrategia contracíclica, basada en el establecimiento de exenciones tributarias, la transferencia de deuda pública a los bancos estatales y la fijación de requerimientos de utilización de insumos locales para las firmas que producen en el país. De forma paralela, para morigerar la inflación sin subir las tasas de interés, el gobierno frenó el incremento de los precios regulados. El descongelamiento posterior de estos precios recrudeció la inflación y generó expectativas inflacionarias en 2015, por lo cual el banco central tuvo que incrementar las tasas de interés. El aumento contribuyó a frenar la demanda y la actividad económica.

El relajamiento de la postura fiscal deterioró las cuentas públicas de Brasil. Desde 2000 hasta 2012 el manejo de la política fiscal fue responsable. A pesar de que en este periodo el gasto público aumentó en 2,8% del PIB, el déficit fiscal disminuyó en 0,8% del PIB, porque los ingresos se incrementaron en 3,6% del PIB, en buena parte gracias a la elevación de los impuestos al consumo. En contraste, entre 2012 y 2014 el déficit llegó a 6% del PIB, con un incremento de 3,5% del PIB, debido a un aumento de los gastos de 1,8% del PIB y una caída de los ingresos de 1,7% del PIB. Por la misma causa, en 2015 el déficit aumentó hasta un escandaloso 10% del PIB.

El problema fiscal de Brasil es complejo. Los menores ingresos públicos se deben a las exenciones tributarias y al descenso de los precios de las materias primas. Pero, como explica el profesor Andrés Velasco, de la Universidad de Harvard, el espacio para aumentarlos no es amplio, porque equivalen a 32% del PIB. Al mismo tiempo, el gasto crece por causas estructurales: el oneroso sistema público de pensiones (13% del PIB), los pagos de intereses de la deuda (7% del PIB) y los derechos de la población (70% del gasto). El mayor déficit conduce a una dinámica explosiva de la deuda. Su servicio aumenta por las altas tasas de interés, lo cual deteriora el balance fiscal. El mayor déficit implica más deuda. Al final, el temor a una financiación monetaria genera expectativas inflacionarias que conducen a tasas de interés más altas.

Una proporción no despreciable del mayor gasto en 2014 se financió con sobregiros de los bancos públicos (0,6% del PIB), para sostener las transferencias sociales sin incumplir las metas de superávit primario. Es probable que la falta de austeridad se debiera a la necesidad de mantener el gasto público durante la campaña de reelección de la presidente Rousseff.

El recurso a los sobregiros bancarios precipitó la crisis política. Por haberlos utilizado, la Presidente está cerca de ser acusada en el Senado por irregularidades fiscales. Si el Senado acepta la acusación, mientras se le juzga será suspendida por seis meses y destituida si es culpable.

La crisis política fue facilitada por el escándalo de corrupción que envuelve a destacadas figuras políticas –el expresidente Lula y varios congresistas–. Por este motivo, los ciudadanos brasileños desconfían de los políticos, lo cual dificulta el surgimiento de líderes con un amplio respaldo popular, capaces de encabezar un nuevo gobierno para terminar la crisis política. Además, la irresponsabilidad fiscal minó la confianza de los inversionistas y los consumidores, lo cual contribuyó a frenar la demanda.

Sin una nueva administración con una amplia gobernabilidad, será muy difícil llevar a cabo las reformas necesarias para recuperar la disciplina fiscal, abrir la economía, mejorar la competitividad y aumentar la productividad. Tampoco será posible recobrar la confianza, sin la cual es imposible reactivar la demanda y restablecer el crecimiento.

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