| 2/2/2017 12:00:00 AM

Las implicaciones de un 'brexit áspero' en el Reino Unido

De acuerdo con las preferencias de una estrecha mayoría, el gobierno del Reino Unido prefirió un brexit áspero. ¿Qué implicaciones tendrá esta decisión?

La primera Ministra británica, Theresa May, se inclina a trazar la salida del Reino Unido (RU) de la Unión Europea (UE) por la ruta áspera. En su discurso del 17 de enero delineó los objetivos de la negociación de la partida, en concordancia con las preferencias de la mayoría de los que la aprobaron, que quiere ganar el control sobre la inmigración y sustraerse de la jurisdicción de las normas europeas (ver gráfico)

Para lograr esos objetivos el RU tendrá que abandonar tanto la unión aduanera de la UE, que establece un arancel común frente a los países no miembros, como su mercado único, que permite el flujo de bienes, servicios y factores sin aranceles, cuotas o barreras no arancelarias entre sus integrantes. La propuesta de recuperar la discrecionalidad para fijar los aranceles y establecer de manera independiente los compromisos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) implica también renunciar a la unión aduanera.

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El costo de salir de ambos mecanismos de integración será alto, ya que las exportaciones a la UE representan 12% del PIB del RU. Algunos estiman que el volumen del comercio bilateral descenderá alrededor de 20%.

En una salida áspera, el RU tendrá que renunciar también al passporting, el cual permite a sus firmas de servicios financieros ofrecerlos desde allí y bajo la regulación de las autoridades británicas, al Área Económica Europea (EEA por su sigla en inglés), que incluye además de los 28 miembros de la UE, también a Noruega, Islandia y Lichtenstein.

Sin esos privilegios, el acceso de las firmas británicas al mercado de servicios financieros de la UE se estrechará de un modo considerable, al tiempo que sus gastos operativos se incrementarán, en detrimento de su competitividad. En consecuencia, el costo de perderlos luce alto por la importancia del sector financiero para el RU, donde genera 8% del PIB, 3,4% del empleo y 10% de las exportaciones. Según un estimativo de PricewaterhouseCoopers, sin passporting la contribución de ese sector al PIB del RU se reduciría entre 1 y 2,6 puntos porcentuales, con una pérdida de entre 70.000 y 100.000 empleos.

Si el RU permanece en la EEA no perdería el passporting. Pero si no conserva esta membresía, habría dos opciones: alguna modalidad de acuerdo bilateral –como el que tiene Suiza– o la pérdida completa de esos derechos. Respecto de la situación actual, ambas desmejorarían la capacidad de provisión de servicios financieros de las firmas del RU en la EEA.

Con un acuerdo como el de Suiza, las firmas británicas tendrían que establecer oficinas dentro de la EEA para ofrecer una gama de servicios financieros menos amplia. Quizá el RU tenga la capacidad de lograr un acuerdo más profundo que el de Suiza, por su mayor desarrollo financiero, por su contribución al progreso de la regulación financiera internacional y porque en la actualidad cumple a cabalidad las normas europeas. Sin embargo, como la balanza de servicios financieros entre el RU y la UE es superavitaria en favor del primero, es posible que la segunda opte por una negociación poco amigable, con el fin de deteriorar la competitividad de las firmas británicas.

Por los elevados costos que implica para el RU la salida de la UE, la primera Ministra May busca establecer un acuerdo de partida y un tratado comercial de manera simultánea en los dos años siguientes a la invocación oficial del artículo de salida del Tratado de la UE (50), que pretende hacer en marzo próximo. Pero lograrlo no será fácil.

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El cronograma sufrirá retrasos. En primer lugar, porque la Corte Suprema de Justicia decidió que el Parlamento del RU debe aprobar la invocación del artículo 50, lo cual obliga al Gobierno a presentar un proyecto de ley con ese propósito. Aunque los parlamentarios conservadores y la mayoría de los laboristas afirman que respetarán el resultado del referendo, quizás algunos pretendan introducir enmiendas en el proyecto para suavizar las pretensiones de los más radicales. También hace falta definir la forma de participación en las negociaciones del Parlamento del RU y de los gobiernos de Irlanda del Norte, Gales y Escocia, en donde la mayoría de la población votó por la permanencia. En segundo lugar, la UE prefiere establecer en forma precisa los términos de la separación antes de discutir los de la futura relación. Por último, negociar un tratado comercial y de inversión, sector por sector, en apenas dos años es una quimera.

La Primera Ministra quiere por lo menos conseguir lo más pronto posible una asociación a la unión aduanera y restablecer el libre acceso al mercado único de los automóviles y los servicios financieros. Sin embargo, es improbable que lo logre, porque ambos contravendrían las normas de la OMC, que los acepta solo cuando abarcan todo el intercambio entre los miembros.

Tampoco es factible que la UE otorgue los privilegios del mercado único solo para un par de sectores, porque tendría que extenderlos, de acuerdo con el principio de nación más favorecida, a los demás miembros de la OMC. Además, en el mejor de los casos, la UE exigiría a cambio del acceso al mercado único algún tipo de concesión al RU sobre la inmigración, que los conservadores más radicales rechazarían.

El Gobierno insiste en que la salida le permitirá al RU negociar tratados comerciales en términos provechosos con otros países. No obstante, no parece fácil hacerlo en un entorno internacional en el cual tiende a imponerse un ánimo proteccionista, con el riesgo de que el radicalismo del nuevo gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) desencadene guerras comerciales.

En tales circunstancias, establecer un acuerdo favorable con ese país, con un acceso tan amplio como el que tiene en la actualidad al mercado único de la UE no parece fácil.

Por tanto, mientras se negocian las condiciones de la salida de la UE, se aclara el papel del Parlamento y el de los Gobiernos de los países del Reino Unido en las negociaciones y se concreta un tratado comercial y de inversión, la falta de claridad sobre las condiciones de acceso que enfrentarán los exportadores y los inversionistas en ambas partes será grande en los próximos años. Con una alta probabilidad, tal incertidumbre tendrá un efecto adverso sobre la inversión, el crecimiento y el empleo en los dos lados.

Como la partida fue aprobada por un margen estrecho en el referendo (59,1% contra 48,9%), es probable también que la decisión de la Primera Ministra de optar por una salida áspera mantenga la polarización dentro del RU, lo cual dilatará el cronograma de las negociaciones.

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