| 5/12/2016 12:00:00 AM

La crisis de Puerto Rico va de mal en peor

Con una deuda cercana a los US$72.000 millones y sin cómo pagarla, el Estado Asociado depende de una ley que tramita el congreso de EE.UU. para reestructurarse.

Pocas cosas tiene para celebrar Puerto Rico por estos días. Al menos en materia económica. Con una recesión que ya completa nueve años, la caída en su PIB de 1,2% para el ejercicio fiscal que cierra este 30 de junio, según la Junta de Planificación Local; niveles de desempleo que superan 12%; pobreza bordeando 46% y un déficit fiscal que sigue profundizándose, la isla pasa por uno de sus peores momentos económicos.

Como si fuera poco, la ‘cereza en el pastel’ la comunicó el gobernador Alejandro García Padilla, quien el domingo primero de mayo anunció a los 3,5 millones de habitantes de la isla, a través de un mensaje televisado, que el gobierno no tiene con qué pagar cerca de US$400 millones de servicio de deuda –vencía el 2 de mayo– y probablemente tampoco podrá honrar futuros compromisos.

Aunque esta es la tercera ocasión en que el gobierno no paga sus deudas –en agosto del año pasado y en enero debía hacer abonos de intereses–, la preocupación crece en los mercados financieros de Estados Unidos de cara a un vencimiento muy importante que tendrá el 1º de julio, cuando deberá abonar una suma cercana a los US$2.000 millones.

Las descuadernadas finanzas –el Estado no genera recursos suficientes para pagar sus gastos– y una deuda cercana a los US$72.000 millones, complican el futuro financiero de este Estado, que tiene sus esperanzas centradas en un proyecto de ley que al cierre de esta edición sería presentado en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para permitirle a Puerto Rico contar con un mecanismo de reestructuración de la deuda.

Ya en el Congreso se libra una dura batalla entre quienes temen que este proyecto de Ley implique un ‘salvavidas’ costoso para los contribuyentes de Estados Unidos, y quienes apoyan la reestructuración de las deudas. El propio secretario del Tesoro, Jacob L. Lew, visitó esta semana la isla para conocer de primera mano las condiciones fiscales y recorrió con el gobernador García Padilla centros de salud y escuelas que ya empiezan a sentir el rigor de los recortes fiscales ocasionados por la falta de ingresos.

La batalla en el Congreso estadounidense, sin embargo, no será fácil. En las últimas tres semanas el Centro por la Libertad Individual (CFIF, por su sigla en inglés) desplegó una campaña mediática en la que invirtió cerca de US$1,3 millones para oponerse a un rescate del gobierno con recursos de impuestos.

Aunque los congresistas republicanos Rob Bishop –quien dirige el Comité de recursos que elabora la ley– y Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, aseguraron que la ley busca prevenir un rescate financiero y apunta a facilitar la reestructuración, el mal ambiente que hay en torno al tema podría terminar aplazando aún más una decisión de fondo y generando una larga agonía a la economía boricua que, según el propio secretario del Tesoro, generaría una verdadera emergencia social.

De hecho, en la isla también hay quienes se oponen a la ley de reestructuración por la excesiva intervención de Estados Unidos en el gobierno local. La iniciativa contempla la creación de una junta de fiscalización que sería la encargada de monitorear de manera permanente el manejo de los recursos del Estado, y muchos temen que forzaría duros recortes en gastos sociales y en la nómina estatal.

La década perdida

El problema financiero de este Estado Asociado comenzó hace 10 años, cuando el gobierno estadounidense decidió desmontar una serie de beneficios tributarios que otorgaba a las empresas que se instalaran en la isla, y que estuvo vigente desde 1976.

A partir de 2006, el gobierno de Puerto Rico dejó de percibir los beneficios y tuvo que comenzar a generar sus propios recursos. Sin embargo, a raíz de las dificultades financieras que comenzaron a registrarse, sucesivos gobiernos decidieron acudir al endeudamiento para mantener su operatividad.

En solo una década, la deuda de este Estado ya supera los US$72.000 millones, una cifra abultada que según Bloomberg es mayor a la de cualquier estado de Estados Unidos, exceptuando California y Nueva York, y refleja una historia de mala gestión financiera e, incluso, la complicidad de Wall Street, que no paró de conceder préstamos pese a las exiguas finanzas.

Pero, ¿quién se benefició de estas gigantescas deudas? Todo apunta a que políticos, burócratas e incluso los sindicatos más poderosos habrían sido los principales beneficiarios de esta danza de préstamos, según lo afirma el periodista independiente Nelson Albino, de PanAmPost.

En una columna reciente, el periodista señala que los sindicatos tienen parte de la culpa, en particular la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA). Estas dos empresas públicas son las más endeudadas y manejan de forma monopólica estos servicios. En Puerto Rico, el gobierno emplea al 60% de la población ocupada.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) estaría al borde de la quiebra, con deudas que superan los US$9.000 millones, y una costosa estructura de beneficios laborales. Esta entidad está bajo investigación del FBI por cargos de fraude en compra de combustibles y gastos excesivos, que sus altos funcionarios han negado y cuyo resultado se conocerá en las próximas semanas, según la agencia AP.

También los movimientos estudiantiles son culpados pues, asegura el periodista, cientos de jóvenes reciben subsidios para educación en la Universidad de Puerto Rico y tardan hasta 10 años en terminar sus carreras para evitar perder los beneficios y entrar al mercado laboral. Esta Universidad es otra de las entidades más endeudadas. El periodista también acusa a los burócratas, cuyos excesivos salarios, costosas decisiones y mala gestión han permitido el crecimiento desmedido de los gastos.

En medio de un escenario bastante complejo en materia económica, las próximas semanas serán decisivas para normalizar la economía boricua y lograr que el remedio de la dura cirugía fiscal no termine siendo peor que la enfermedad.

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