| 11/23/2017 12:00:00 AM

Venezuela: ¿Será posible una negociación entre gobierno y oposición?

En el resultado de las negociaciones entre gobierno y oposición, que se instalan este 1° de diciembre en Santo Domingo, están puestas las esperanzas de una mejora en la economía y la democracia venezolana. ¿Misión posible?

Uno de los principios de la economía política asegura que toda mala situación es susceptible de empeorar si no se toman los correctivos a tiempo. Y Venezuela ha puesto a prueba esta máxima.

A los nefastos indicadores que registra, por el aumento de precios que podría llegar este año a 1.200% y el próximo a 2.300%; el desabastecimiento de productos básicos y medicinas, que supera el 60% y la caída del Producto Interno Bruto, que, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará este año a -12%, se acaba de sumar la declaratoria de un default parcial, que pone al país al borde del abismo económico.

En una misma semana, y luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro fuera incapaz de honrar el pago de los intereses en su deuda externa, el jueves 16 la agencia calificadora Standard & Poors declaró el default parcial de Venezuela, mientras Fitch rebajó la nota de los títulos de la estatal petrolera PDVSA de categoría C, o riesgo extraordinario de default, al grado RD, de default selectivo.

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En medio de este dramático momento económico que vive el país, gobierno y oposición lograron definir la agenda de las conversaciones oficiales previstas para el 1 y 2 de diciembre en República Dominicana, que contarán con la participación de veedores internacionales. El objetivo: sacar al país de la crisis.

Sin embargo, el desafío del encuentro es enorme; pues, mientras la oposición tiene como objetivos fijar un nuevo calendario electoral, abrir un canal humanitario y garantizar la liberación de los presos políticos; el gobierno de Maduro buscará básicamente que la oposición actúe como mediador para destrabar el bloqueo financiero, que incluye las sanciones impuestas por la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos.

La mayor dificultad en esta etapa de negociaciones será vencer la desconfianza que existe por parte de la oposición, pues algunos de sus líderes, como el exalcalde Antonio Ledezma, hoy asilado en España –luego de una cinematográfica fuga– insisten en que sentarse a la mesa con el Gobierno es legitimar la dictadura. De hecho, Ledezma se opone a esta negociación, al considerar que esto le dará más aire al gobierno de Maduro, que terminará su periodo el próximo año, cuando se realizarán las elecciones presidenciales.

Foto: Mientras el desabastecimiento y la hiperinflación golpean a los venezolanos, el default tiene en ascuas al gobierno de Maduro.

El gobierno, por su parte, busca restablecer el flujo financiero internacional a través del diálogo con la oposición, cuando de fondo hubo una ruptura en el hilo constitucional por la decisión de elegir una Asamblea Constituyente para reemplazar de facto a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Este es el punto más álgido y el principal foco de desencuentros.

De mal en peor

Desde comienzos 2016 algunos analistas económicos habían alertado sobre la posibilidad de que el país entrara en una cesación de pagos si no se adoptaban las reformas y ajustes en el gasto público planteado por la opositora Asamblea Nacional y que hasta el momento ha desconocido el gobierno. La noticia de un default parcial se conoció finalmente el pasado jueves 16 de noviembre, cuando el gobierno no tuvo con qué pagar intereses a sus acreedores.

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La deuda venezolana supera los US$185.000 millones y, de ella, unos US$112.000 millones corresponden a deuda soberana, otros US$73.000 millones son bonos de PDVSA y alrededor de US$700.000 son de Elecar, de acuerdo con cálculos de Sary Levy, catedrática de la Universidad Central de Venezuela, quien señaló que la situación se puede complicar más para los próximos años, pues a partir de 2018 y hasta 2027 el país tendrá que hacer los mayores pagos de deuda, estimados en US$8.000 millones anuales.

Honrar estas deudas le exigirá al gobierno un gran esfuerzo de negociación con la oposición, para lograr que, a instancias de la Asamblea Nacional, se apruebe una reestructuración de la deuda externa venezolana o, de lo contrario, el escenario económico será caótico.

La oposición, sin embargo, ha criticado que el abultado endeudamiento no se ha hecho por necesidad sino por incapacidad para manejar la abundancia, ya que se contrató en los momentos en que el país percibía mayores ingresos petroleros, pero el gobierno lo utilizó para ganar elecciones aumentando el gasto en las ‘misiones’ para ganar votantes.

De hecho, este año el gobierno tuvo que acudir a una estrategia desesperada para pagar sus deudas, acudiendo a un recorte de importaciones cercano a 57% (llegarán a solo US$12.000 millones, cuando en 2012 fueron de US$60.000 millones), con nuevo endeudamiento en 22% y acudiendo al uso de las reservas internacionales, que al cierre de agosto estaban por debajo de US$10.000 millones.

Francisco Rodríguez, economista jefe de la firma Torino Capital, asegura que una cesación de pagos “desordenada, sin que se dé en el contexto de negociaciones con los acreedores que permitan acordar la suspensión de acciones judiciales contra nuestra empresa petrolera, podría llevar a la pérdida de activos vitales y al desplome de los ingresos petroleros venezolanos, causando una profundización de la contracción económica y una reducción aún mayor a la sostenida hasta ahora en las importaciones”.

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Por eso, asegura, es fundamental evitar que el país entre en default indefinido, debido a la catástrofe económica que generaría. “La solución integral a este problema requiere la formulación de un marco de renegociación con los acreedores, así como la presentación de un plan de reformas económicas que permitan recuperar la capacidad de pago”, le dijo a El Universal.

La reunión de gobierno y oposición en diciembre será clave para definir la estrategia económica venezolana y para hacerle frente al problema de la deuda externa. Si este punto no se soluciona, el país podría estar dando un salto al vacío.

Un cuadro crítico

La crítica situación que vive su país tiene varias dimensiones: la política, económica, institucional, social, tecnológica e incluso ambiental, dice la profesora Sary Levy, quien estuvo en Bogotá invitada por la Universidad del Rosario.

Para esta economista, con doctorado en estudios del desarrollo, en el plano económico la crisis se manifiesta con la escasez, el desmantelamiento de cadenas productivas, la caída en las reservas internacionales, las restricciones y control de las importaciones y la inseguridad para la inversión. En el político, con un proceso que ha erosionado la institucionalidad y en el que la fuerza se impone a la razón.

Estos dos temas desencadenan en un impacto social que agudiza las condiciones de pobreza, inseguridad, impunidad, deterioro de los indicadores básicos de salud y educación y en un malestar generalizado entre la población. Y, aunque menos mencionados, dos temas son clave para esta experta: la tecnología, que ha tenido un rezago en la adopción de aquellas de punta y se combina con la fuga de talentos y el cierre de canales digitales o de televisión. En materia ecológica, la dependencia de recursos petroleros ha llevado a una explotación desproporcionada y a la alteración de ecosistemas en este país.

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