| 8/17/2017 12:00:00 AM

Depresión bolivariana: Así es la enfermedad económica que padece Venezuela

La revolución bolivariana desmejoró de una manera dramática el bienestar de la población en Venezuela. ¿Cómo ocurrió?

A partir de 2004 los países productores de materias primas en América Latina disfrutaron una década de expansión, basada en un incremento de sus precios, que aumentó el valor de las exportaciones y los ingresos del Estado, mejoró los términos de intercambio, aceleró el ingreso nacional e impulsó la demanda interna.

En Venezuela la aceleración del crecimiento se financió con una larga bonanza petrolera y un endeudamiento público desbocado.

El sector privado quedó al margen de la expansión, porque el Estado extendió el control sobre la economía.

La fortaleza de la moneda desmejoró la competitividad de la industria y el control de cambios la condenó a la obsolescencia tecnológica.

A pesar de la atrofia de la industria, en la época de abundantes ingresos externos una alta proporción del creciente consumo de los hogares se satisfizo con las importaciones.

Aunque los países exportadores de materias primas en la región tuvieron un choque similar cuando cayeron sus precios entre 2012 y 2014, su impacto en Venezuela excedió con creces el promedio de la región.

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Este resultado se debió a que el gobierno no ahorró durante el auge, dilapidó la renta petrolera, acrecentó el déficit fiscal (a 14% del PIB en 2016) y aumentó la deuda del Estado.

Cuando cayeron los precios de los hidrocarburos, las autoridades no pudieron desahorrar ni colocar deuda adicional para amortiguar el descenso del ingreso nacional y sostener la demanda.

En consecuencia, la actividad económica se deprimió a partir de 2014, con una pérdida acumulada que podría llegar a 32% en 2017.

Con la poca liquidez externa disponible, el gobierno privilegia el servicio de la deuda pública sobre las importaciones.

La falta de materias primas y bienes intermedios importados profundizan la depresión y agravan la escasez de alimentos y medicinas. Por ello la inflación se dispararía a 1.134% en 2017, estimulada por la financiación monetaria del déficit fiscal.

De modo inevitable, con la depresión colapsó el bienestar de la población. Entre 2012 y 2017, el PIB real por habitante disminuyó 35%, mientras que el salario mínimo cayó 75% en términos reales, 88% en dólares y 86,7% en las calorías que puede consumir. Como efecto de ello, la población pobre aumentó de 48% a 82% del total entre 2014 y 2016. Al mismo tiempo, 74% de ella perdió de manera involuntaria 8,6 kilogramos de peso en promedio, la mortalidad de los pacientes se incrementó 10 veces y la infantil 100 veces.

Detener esta tragedia exige frenar la caída de la actividad económica y la destrucción de capital, tanto físico como humano. Para lograrlo, es preciso transformar las instituciones en unas que sean amigables con la iniciativa privada y que instauren un marco sólido para el diseño y la implementación de la política económica. Con ello se conseguiría devolverle al país la confianza de los inversionistas, para ensanchar el acceso a los mercados internacionales de capital y a los fondos de las instituciones multilaterales. El problema es que para lograrlo quizá se requiera de una nueva revolución.

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