| 11/24/2016 12:00:00 AM

Brexit: El futuro económico de Reino Unido aún es incierto

El triunfo de los partidarios del brexit no ha conducido a la economía del Reino Unido a una recesión, pero su futuro es incierto. ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta?

A pesar de los temores por el triunfo de los partidarios de la salida del Reino Unido (RU) de la Unión Europea (UE), en razón de su efecto adverso sobre la confianza de los consumidores y los inversionistas, que puede disminuir su demanda, al parecer la economía británica no caerá en una recesión en 2016. El PIB del tercer trimestre creció 0,5% , una tasa aceptable, dado el estancamiento de muchos países avanzados.

No obstante, los mercados no la recibieron con entusiasmo. Su frialdad se debió a que el resultado no prueba que la economía británica haya superado el desafío que implica la salida. El sector industrial se contrajo 1% trimestral, lo cual muestra que no se benefició de la gran depreciación de la libra (20%). Además, la construcción cayó 1,4% trimestral, lo cual sugiere que los hogares y las firmas postergan demanda debido a la incertidumbre generada por el brexit.

Además, en otro síntoma de que la actividad económica se puede enfriar más de lo previsto, el recaudo tributario se incrementó por debajo de lo esperado, por lo cual peligra la meta de déficit fiscal, a no ser que se haga un recorte del gasto público, con consecuencias adversas sobre la demanda.

En la City hay preocupación por la posibilidad de que la salida del Reino Unido del mercado común de la UE sea por el camino más áspero. Como explica un artículo reciente de The Economist, el principal motivo de intranquilidad es el futuro del privilegio –denominado con frecuencia passporting– que tienen las firmas de servicios financieros del Reino Unido para ofrecerlos en la UE, por hacer parte de ella, sin requerimientos regulatorios especiales o capital adicional.

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La angustia debería cobijar a todo el país, en razón de la importante contribución que hace la industria financiera a su economía: genera 2,2 millones de empleos, aporta 12% del recaudo tributario y es la principal fuente de ingresos por exportación de servicios.

El passporting es vital para la banca, porque una quinta parte de su mercado está en la UE. En caso de perderlo, los bancos deberán establecerse dentro de la UE, lo cual les generará un sobrecosto que contraerá sus estrechos márgenes.

Otro subsector de la industria financiera británica que puede resultar afectado pronto por el brexit es el de compensación y liquidación, sobre todo de operaciones en euros, que el Banco Central Europeo quiere repatriar a Frankfurt hace rato.

Es probable que la City no pierda su supremacía de un momento a otro, pero puede entrar en un proceso de declive, estimulado por la competencia de otros centros financieros extranjeros hacia los cuales empezará un éxodo de empleos y actividad del sector.

Un factor adicional que podría entorpecer el desarrollo futuro de la City son los obstáculos migratorios que deben establecer las autoridades del RU para cumplir el mandato recibido en el referendo. La industria financiera británica requiere contratar trabajadores extranjeros expertos en finanzas y tecnología de la información y las comunicaciones para mantener el alto estándar de los servicios que ofrece y continuar un dinámico proceso de innovación.

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El brexit también puede acarrear un desarrollo más lento de las actividades científicas en el RU, de las cuales depende la innovación en las otras ramas de la economía, porque significará una pérdida de fondos para investigación y de talento humano, junto con el endurecimiento de la regulación y de las normas para el intercambio comercial con el resto de Europa. El progreso brillante que tienen en la actualidad en el RU, por ejemplo, las actividades científicas que estudian los organismos vivos –biología, botánica, zoología, microbiología y bioquímica–, que las mantiene en la frontera de la expansión del conocimiento mundial, podría frenarse.

En cualquier caso, para los inversionistas y los consumidores sería de gran ayuda despejar pronto la incertidumbre sobre las condiciones que prevalecerán después de la salida, para poder llevar a cabo de la mejor manera la planeación de sus decisiones financieras durante los próximos años.

Sin embargo, no se ha avanzado mucho en definirlas. Falta establecer de manera precisa, por ejemplo, las responsabilidades del Ejecutivo y del Legislativo en la negociación con la UE. La Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales estableció a comienzos de noviembre que solo el Parlamento tiene la autoridad para invocar el artículo 50 del Tratado de la UE, con el fin de iniciar la negociación.

El gobierno de la primera ministra Theresa May apeló esa decisión ante la Corte Suprema, con el argumento de que tiene el derecho de invocarlo, por la prerrogativa real que le confiere autoridad única sobre la política exterior. La Corte estudiará la apelación en diciembre. Sin embargo, con anterioridad estableció en su jurisprudencia que la Ley de las Comunidades Europeas de 1972, que hizo efectiva la membresía del Reino Unido en la UE, pertenece a la ley doméstica, no a las relaciones exteriores.

Los líderes de la salida se resisten a permitir la participación del Parlamento porque en él prevalece una mayoría partidaria de la permanencia. La Primera Ministra tampoco quiere darle injerencia por temor a debilitar el poder del gobierno en la negociación. En lugar de ello, propuso tramitar una ley que dé efectos domésticos a la mayor parte de las normas europeas, para que entre en vigencia después de la partida.

En estas condiciones, el camino de salida del Reino Unido de la UE no está claro. Incluso después de resolver la competencia para invocar el artículo 50, la negociación de los términos de partida tomarán por lo menos dos años y las de un nuevo tratado comercial hasta cinco. Mientras tanto, debido a la incertidumbre, los consumidores y los inversionistas continuarán postergando sus decisiones, al tiempo que los mercados financieros seguirán con una alta volatilidad. Ambos factores prolongarán sus efectos adversos sobre la demanda, la actividad económica y la estabilidad financiera de ambas partes y del resto del mundo.

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