| 8/21/2014 6:00:00 AM

El sacudón de Maduro

El cambio en el gabinete venezolano anticipa profundos cambios en materia cambiaria y fiscal para mejorar el desempeño económico. Pero el costo político será grande.

El ajuste económico en Venezuela se convirtió en el nuevo campo de batalla del chavismo. Y en la esperanza para muchos ciudadanos de que por fin se corregirán los desequilibrios que tienen a esta economía al borde del colapso.

Con la renuncia oficial de los 30 ministros y 110 viceministros que integraban hasta el lunes 18 de agosto el gabinete del presidente Nicolás Maduro, comenzaron las primeras escaramuzas en una guerra que enfrenta a dos facciones del chavismo: los ortodoxos y los pragmáticos. Esto definirá el ‘sacudón’ de la economía.

Aunque el vicepresidente Jorge Arreaza atribuyó las dimisiones concertadas a un “gesto revolucionario” para permitirle al presidente Maduro reorganizar su gabinete y lograr un Estado más eficiente, lo cierto es que hay quienes aseguran que las luchas intestinas que vive el chavismo provocaron esta ‘purga’. Y cuando se definan los nombres de los nuevos funcionarios se sabrá quién ganó: si el grupo de chavistas ortodoxos liderados por Arreaza, o los pragmáticos, encabezados por Rafael Ramírez, ministro de Petróleos y vicepresidente del área económica.

Pero, más allá de las señales que envíe la elección del nuevo gabinete, lo cierto es que sus desafíos son monumentales, a juzgar por temas económicos que en las últimas semanas ha movido el presidente Maduro: el aumento en el precio de la gasolina, la reestructuración del sistema cambiario debido a la crisis de divisas que enfrenta el gobierno y la venta de Citgo, la compañía venezolana que opera en Estados Unidos.

En momentos en que la inflación anualizada supera 60% –último dato calculado a mayo–, el déficit fiscal se tasa extraoficialmente en 15% del PIB y la sequía de divisas amenaza la financiación del Estado y de sus programas más populares, el gobierno tendrá que medir qué tanto capital político tiene para asegurar su gobernabilidad, de cara a las decisiones de ajuste que tendrá que tomar.

En medio de la ausencia de cifras oficiales, la situación de la economía es percibida como un verdadero caos y algunos analistas independientes consultados por el diario Informe 21 calculan que en el primer trimestre la caída del PIB alcanzó 5,5% y en el segundo trimestre de este año cayó 4,0%.

Frente al alza de la gasolina, la decisión parece inaplazable pues el gobierno subsidia cada año con cerca de US$12.000 millones la provisión de este combustible, que desde 1996 está en 0,07 bolívares por litro. Maduro planteó el aumento a comienzos de agosto, aunque dijo que los ingresos adicionales financiarán los programas sociales que en Venezuela se conocen como ‘misiones’. Pero en el pasado esta medida ha generado reacciones adversas, como en 1989, cuando aceleró la caída del presidente Carlos Andrés Pérez.

A este anuncio se suman las pretensiones del gobierno de vender Citgo, la firma que posee en Estados Unidos y por la cual pedirá entre US$10.000 y US$15.000 millones. Sin embargo, el diario The Miami Herald asegura que en las condiciones actuales de mercado las pretensiones venezolanas son excesivas y que su valor no supera los US$6.000 millones. Una mala noticia para las alicaídas finanzas del gobierno de Maduro.

En el frente cambiario, los anuncios de comienzos de año sobre la unificación de tasas no se han concretado pese a las dificultades que enfrenta el gobierno para financiar sus gastos, las frecuentes denuncias por corrupción de funcionarios encargados de aprobar las divisas y el costo que el actual sistema de control de cambios le genera a la petrolera estatal Pdvsa.

En una entrevista reciente, el ministro de Petróleos, Rafael Ramírez, confirmó que antes de final de año estarán en operación solo dos tasas cambiarias: la preferencial, que extraoficialmente se ha tasado entre 12 y 14 bolívares por divisa, y la tasa general, que podría venderse entre 50 y 60 bolívares. Sin embargo, la continuidad del control de cambios hace pensar a expertos como el exdirector de Proexport en Venezuela, Alberto Schlessinger, que se mantendrán las distorsiones pues son abismales las diferencias entre los tipos de cambio fijados por el gobierno y el precio que alcanza la divisa en el mercado negro.

La presidente de la Cámara Colombo-Venezolana, Magdalena Pardo, considera urgente resolver los desequilibrios económicos. Pero sus escenarios generan incertidumbre. “Están las propuestas del vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, para resolver los desajustes en cinco frentes de acción –recomposición de la deuda, flexibilización en el control de precios, unificación de las tasas de cambio, restricción a la política monetaria y acuerdos petroleros–, y la posición de otro sector del Gobierno que considera que los ajustes deben recaer en el sector privado, so pena de afectar el modelo del socialismo del siglo XXI”.

En momentos en que la economía venezolana no genera las divisas suficientes para mantener sus políticas sociales, el gasto está desbordado y el aparato productivo postrado, el ajuste económico luce indeseable por los efectos políticos, pero urgente para salvar la economía. Una decisión inaplazable.

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Contrabando taquillero

Hay quienes creen que las recientes acciones desplegadas por el gobierno venezolano para combatir el contrabando en la frontera con Colombia son ‘cortinas de humo’ para desviar el foco de sus graves problemas económicos. Pero el efecto será positivo para el aparato productivo colombiano.

Magdalena Pardo, de la Cámara Colombo-Venezolana, dice que lo deseable es que las medidas para reprimir el contrabando sean coordinadas entre los dos países, aunque, sostiene, se requieren tres pasos adicionales. El primero es anular o disminuir el diferencial de precios entre los productos que se venden en Venezuela y los que se venden en Colombia; mientras se mantengan, el contrabando persistirá.

En segundo lugar, considera clave reactivar el comercio bilateral, pues desde 2008 las ventas colombianas a ese país han caído 66%.

Finalmente, señala que el desarrollo de frontera es inaplazable y debería contemplar un plan ambicioso coordinado por alcaldes, gobernadores y autoridades de gobierno de las regiones fronterizas para generar empleo formal.
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