| 11/26/2004 12:00:00 AM

Responsabilidad en el conflicto

Los programas de responsabilidad social corporativa tienen un papel claro en la desactivación de la violencia en Colombia. Ningún negocio sano puede prosperar en un entorno enfermo.

En 2003, un grupo de delincuentes atracó a un funcionario de la mayor productora de ron de Venezuela, Ron Santa Teresa. Cuando detuvieron a los culpables, la empresa les permitió elegir entre ir a la cárcel o pagar su falta con trabajo no remunerado durante tres meses. Ellos no solo escogieron la segunda opción, sino que vincularon a esa 'pena' al resto de su banda. La compañía entonces les estableció un programa de entrenamiento en técnicas de construcción de vivienda y de trabajo en la producción de café, con la intención de que más tarde pudieran convertirse en distribuidores de la compañía en su línea de café.

Después de esa primera experiencia, Alberto Vollmer, presidente de Santa Teresa, conformó el Proyecto Alcatraz en el municipio José Rafael Revenga, en el estado Aragua, que tiene un solo propósito: erradicar la delincuencia de la localidad sin usar violencia.

Reclutaron para el trabajo a jóvenes con problemas de conducta, con un resultado fenomenal, porque consiguió convertir los liderazgos violentos en liderazgos virtuosos en esa población de 43.000 habitantes. En siete meses, el índice de criminalidad bajó 35%, le dijo a Dinero Alejandra Viloria, gerente de promoción de proyectos sociales de Santa Teresa. "Logramos invadir en forma positiva los barrios más peligrosos en los que antes era impensable entrar", afirma.

El proyecto recibe el 2% de las utilidades de la compañía, que no lo ve como un programa de asistencia social, sino como una inversión en el entorno. De hecho, aparece en su mapa del Balanced Scorecard y demanda cerca del 20% del tiempo de Vollmer.

Aunque tiene un enfoque en apariencia limitado, esta iniciativa de responsabilidad social le significó a la empresa alianzas con la CAF y el Banco Mundial -que lo escogió como el modelo más original para erradicación de la pobreza, y como lo señala Ricardo Santamaría, asesor de comunicaciones de la firma Grávitas, le dio 25 primeras páginas en los diarios de Venezuela y la primera página de la edición mundial del Wall Street Journal.

El caso de Ron Santa Teresa es una muestra del nuevo enfoque de responsabilidad social corporativa en lugares donde hay que resolver conflictos. El sentido de estas acciones está en que ningún negocio sano puede prosperar en un entorno enfermo.



¿Y para Colombia?

La violencia colombiana supera con creces a la del país vecino. Por eso, sorprende la falta de acción corporativa en este frente. Everardo Murillo, subdirector de la Red de Solidaridad, se queja de la "falta de empresarios de carne y hueso", que se vinculen a los proyectos diseñados por la Red. "Tienen que darse cuenta de que sus trabajadores, sus proveedores o sus consumidores están afectados por la violencia", recuerda y señala que la mayoría de las empresas se conforma con aportar a la sociedad un número de empleos y un dinero en impuestos.

Una encuesta de la Asociación Nacional de Industriales muestra que las empresas destinan una cifra equivalente al 3,34% de las ventas a tareas sociales. La cifra es muy alta para estándares mundiales, que van entre el 1% y el 5% de las utilidades, pero a juzgar por los resultados, algo no está funcionando todavía.



La receta de los que saben

Las empresas petroleras y las mineras están metidas en el corazón del conflicto rural. En medio de él aprendieron lecciones importantes de responsabilidad social que se pueden transplantar a las ciudades y a regiones más pacíficas.

"¿Sabe qué hacemos?", dice Ramiro Santa, líder de asuntos de gobierno y comunidades de Hocol, "entender que la utilidad no es un fin, sino una condición". Aunque la petrolera quiere crecer y por ello requiere utilidades para los accionistas, no son una obsesión que impida ver el largo plazo. En cada sitio pretende hacer negocios por al menos 40 años y por eso debe establecer sistemas efectivos para relacionarse con las comunidades.

El método que desarrolló la Fundación Hocol (que ahora se exporta a otros lugares) empieza por conformar sistemas de cohesión y representación comunitaria, como las juntas de acción comunal. En un segundo paso, con la comunidad determinan las prioridades de sus necesidades y, como en general, casi todas ellas son trabajos que debe hacer el Estado, ayudan a que haga presencia con servicios de saneamiento básico, salud o educación.

En las regiones, el Estado lo personifica el alcalde del municipio. Por eso, siempre hacen que la comunidad cruce sus prioridades con las de los programas de los alcaldes para encontrar puntos de convergencia que faciliten la puesta en marcha de los proyectos. Además ayudan a identificar fuentes de recursos cuando el tamaño de las propuestas desborda las capacidades locales.

De otra parte, Hocol le informa a la junta de acción comunal todos sus requerimientos de compra y sus necesidades de personal, para mantener en la zona -tanto como sea posible- el dinero de sus adquisiciones y contratos. Su gestión de organización ayuda al desarrollo propio de las poblaciones. "No sentimos que nos vamos a ir al cielo por lo que hacemos. No regalamos nada", explica Santa.



Llevar al Estado

Un estudio de la firma colombiana Trust, construido en 11 talleres regionales con más de 300 expertos de seguridad del sector minero, eléctrico, de petróleo y de gas, identifica cuatro grandes problemas que enfrentan las compañías en los sitios de violencia.

El principal es la falta de presencia estatal en las zonas de conflicto. El segundo es la captura de la democracia regional por algún agente violento. El tercero es que las regiones no tienen instrumentos para hacer una buena planeación del desarrollo y el cuarto es la fragilidad del tejido social -no hay organizaciones comunitarias ni solidaridad-.

"La estrategia tradicional de las firmas en sitios de conflicto fue en el pasado la de las mallas y los cuerpos de seguridad armados que las protegían como caparazón, pero que también las convertía en agentes de hostilidad y riesgo", señala Ernesto Borda, de la consultora colombiana Trust. Ahora son más generadoras de concordia. "Ahora no vemos cómo el conflicto afecta mi operación, sino cómo mi operación puede afectar el conflicto", dice Óscar Moncada, gerente de Asuntos de Comunidades de Oxy. El estudio de Trust muestra que la responsabilidad fundamental de los empresarios en la mitigación del conflicto es llevar el Estado a las regiones. "No se trata de reemplazar al Estado ni de entrar en una transacción en la que yo veo qué le doy a la comunidad para que no me moleste, sino una en la que la firma participe como un actor más en la construcción del desarrollo regional". Deben pasar de ser forasteros a vecinos.



Una moda necesaria

"La tarea de los empresarios privados es la de ser buenos ciudadanos globales", explica Luis Ernesto Salinas, coordinador del Pacto Mundial, un programa de la ONU en Colombia. Opina que la buena ciudadanía puede incluir la transferencia de tecnología de las empresas a las comunidades, la construcción de capacidades de liderazgo, opinión y gobierno corporativo, o vincularse a los papeles más tradicionales de las empresas en educación y salud. Aunque la responsabilidad social corporativa consiste en dirigir esa acción hacia los más pobres, la clave está en que esa acción le agregue valor a la empresa, concluye.

Así, por ejemplo, la Fundación San Isidro recibe el 1% de las utilidades de la mina de Cerromatoso, y lo usa en programas para conseguir dos metas principales: generar 1,5 empleos independientes por cada uno de los 1.000 que tiene Cerromatoso y aumentar en 0,15% anual el Índice de Calidad de Vida de Monte Líbano, el municipio donde está la mina. "Es la mejor inversión que hay", asegura Luis Alberto Pongutá, presidente de la fundación.

Como ellos, hay muchas empresas metidas en el tema y aunque parezca una moda, ya tiene lugar asignado en las oficinas. Todas las compañías que aparecen en la lista de las 500 más grandes del mundo de la revista Fortune, tienen un gerente de responsabilidad social corporativa, dice Ricardo Santamaría. "No se puede ser buen empresario, si antes no se es un buen ciudadano", concluye.
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