| 8/15/2012 12:00:00 AM

Justicia penal: entre lo urgente y lo importante

Justicia penal: entre lo urgente y lo importante
Carlos Alberto Moreno, juez Tercero Penal del Circuito, se reviste de la paciencia de Job. Ese lunes 6 de agosto tiene en su agenda 50 procesos que deben ser ventilados en audiencia pública. En la mayoría de ellos hay presos, por lo cual tienen prioridad. Aprovecha la hora del almuerzo para programarse. Puede anticipar los imprevistos, porque son el pan de cada día. El Inpec, por ejemplo, no tiene personal ni carros suficientes para trasladar a los reclusos y presentarlos a tiempo en las diligencias. Pero como los términos apremian, las demoras no servirán de excusa para aplazar un juicio.

La realidad de su día a día le impone al juez Moreno tomar decisiones rápidas: o se enfunda en su toga para presidir una audiencia o se deja en mangas de camisa para resolver una tutela. Suele darles prioridad a aquellos casos en los que las pruebas estén suficientemente maduras para producir una sentencia.

La situación de sus colegas y vecinos de oficina en el complejo judicial de Paloquemao no es distinta. Son 45 jueces de circuito que deben responder, cada uno de ellos, por 150 negocios en medio del predicamento entre el castigo o la impunidad. Tienen que enfrentarse a huestes de abogados expertos en posponer las audiencias, presentar recursos de última hora, viciar las pruebas o apelar a alguna maniobra de apariencia legal para dilatar el proceso. La mayoría de ellos no le apuesta a la absolución de los clientes sino a la prescripción del caso.

Los jueces tienen un término legal para decidir. Depende en general de la pena posible para el delito imputado. Un plazo de 8 años, por ejemplo, parecería cómodo, pero si se suma el número de negocios a cargo resulta más que angustiante. Desde luego hay procesos que no prescriben, como por ejemplo el abuso de menores, pero como se trata de las causas con mayor impacto sobre la conciencia social resultaría inexcusable postergar ilimitadamente los términos.

Ni Moreno ni sus colegas se quejan de falta de dotación. En teoría, el Sistema Penal Acusatorio les resulta funcional: hay un escenario para que la oralidad abrevie los procedimientos; la memoria de los procesos ya no se lleva en papel sino en registros magnetofónicos y es posible hacer diligencias virtuales. Sin embargo, la falta de capacitación de las partes para entender la nueva dinámica resulta tan grave y costosa como la vieja morosidad.
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