| 8/15/2012 12:00:00 AM

Jueces civiles: sobrecargados

Jueces civiles: sobrecargados
Son las 8:20 de la mañana del martes 3 de agosto. El abogado Diomedes Díaz Cardozo es el primer usuario que se acerca ese día al mostrador del Juzgado 9º Civil Municipal de Bogotá para enterarse del estado de un proceso ejecutivo. Una escribiente le acerca un expediente de más de 500 folios, con hojas amarillentas, iniciado en 1996. “Esta demora de 16 años no es culpa de este Juzgado”, dice el litigante con un gesto comprensivo. “La parte demandante había dejado dormido el caso y apenas se acaba de acordar de que había que moverlo”, agrega.

Sin embargo, detrás del mostrador donde Díaz consulta la última decisión, se apilan expedientes cuyos cuadernos están amarrados con piolas. Se trata de algunos de los 4.500 casos que el despacho tenía, hasta ese día, pendientes de decisión. Hay previstas varias diligencias, entre declaraciones y devolución de títulos ejecutivos de los que nadie parecía acordarse. En medio de la actividad que se insinúa febril, el secretario Edwin Enrique Rojas logra mantenerse sereno, pese a que describe la crítica situación que enfrentan este y los demás 72 Juzgados de la misma jurisdicción que operan en Bogotá.

El Consejo de la Judicatura les acaba de pedir un informe de gestión, que incluye número de procesos, su estado y estadísticas sobre decisiones. El plazo es perentorio: tres días. Para cumplirlo, según Rojas, haría falta cerrar el despacho durante esas 72 horas. Pero pensar en algo así sería descabellado porque diariamente entran, en promedio, diez procesos nuevos, y por lo menos una acción de tutela que debe ser resuelta casi de inmediato.

Desde los jueces hasta el último de los escribientes están de acuerdo en que se avecinan nuevas sanciones, ya que la Judicatura, antes que dedicarse a su tarea natural de administrar los recursos de la Rama, se dedica a descargar la férula disciplinaria contra ellos. Nunca se ha visto que un magistrado de esa Corte visite los despachos y por tanto no se puede esperar que comprenda el trabajo que cumplen los servidores judiciales de bajo rango.

No hay ausentismo. Todos acuden cumplidamente al Juzgado y trabajan los fines de semana cuando es preciso. El estrés, unido a las pobres condiciones de seguridad laboral, ha sido responsable de por lo menos dos infartos sufridos por los funcionarios que trabajan en el vetusto edificio de la carrera décima con calle 14, en el centro de la ciudad. Desde el día en que el entonces ministro de Justicia, Germán Vargas Lleras, visitó el edificio, alarmado por un incendio, a nadie en el Gobierno ni en las altas esferas de la Rama parece importarles que, por causa de la carga muerta que soporta, el edificio pueda colapsar. “Lo único que han hecho es darle una mano de pintura, que seguramente será antisísmica”, dice un funcionario con una mezcla de humor e ironía.

Nadie allí se siente aludido o esperanzado con la reciente reforma al Código del Proceso. Los abogados que ocupan cargos inferiores no ven posibilidad de ascender, pese a sus especializaciones y a su dedicación académica. Los sustanciadores, varios de los cuales ya tienen perfil de jueces, no pueden asistir a los cursos de capacitación en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla porque en caso de un proceso por mora, ni la Procuraduría ni el Consejo tendrían en cuenta su ausencia motivada. La lista de espera para el nombramiento de cargos en propiedad crece día a día, pues hay personas que aprobaron concursos hace cinco años y todavía no han sido nombradas. Todo eso sin contar las asimetrías en los salarios: mientras un magistrado de tribunal de distrito devenga entre $15 y $17 millones y recibe varias bonificaciones, un juez llega a menos de la mitad de esa cifra. Los secretarios de juzgados municipales deben conformarse con cerca de $2 millones, sin la esperanza de bonificaciones.
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