| 8/15/2012 12:00:00 AM

Arbitraje: ¿justicia de cuello blanco?

Arbitraje: ¿justicia de cuello blanco?
En las cómodas salas de audiencia del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá se dirimen hoy los pleitos más costosos entre empresas nacionales o representadas en el país. Están en juego $800.000 millones, suma que sería suficiente para la construcción del primer tramo del metro de la ciudad. Allí un proceso demora, en el peor de los casos, tan solo un año.

¿Se trata de un modelo de justicia de cuello blanco? ¿Sugiere que solo los ricos pueden obtener pronta y cumplida justicia? “No”, responde tajantemente Rafael Bernal Gutiérrez, director del centro. Y pide establecer una relación costo-beneficio, para saber cuánto les costaría a esas mismas empresas acogerse a un fallo de la justicia tradicional. En este caso, los costos de proceso crecerían exponencialmente, las empresas tendrían que hacer una reserva presupuestal mucho mayor para cubrir el riesgo de eventuales condenas. Los mismos 300 casos que quedarán resueltos en el centro en los próximos doce meses le tomarían a la justicia ordinaria, con su actual ritualidad procesal, entre 70 u 80 años.

Allí mismo, las Mipymes consiguen arbitrar las diferencias de manera gratuita. Para liberarse por anticipado del Inri de justicia elitista, la Cámara consigue ocupar un lugar de vanguardia en la solución alternativa de conflictos. Mediante el modelo de justicia comunitaria ha generado una revolución en el campo de conciliación en equidad en zonas críticas de la ciudad y marginales de la capital: Ciudad Bolívar, Altos de Cazucá y también en Ciudad Kennedy, lo mismo que en el vecino municipio de Soacha.

Vecinos con ascendiente sobre la comunidad son formados como conciliadores y sus decisiones tienen el mismo valor producido por un juez de la república. El modelo está surtiendo efecto en varios de los 250 colegios distritales, donde los propios estudiantes son formados para resolver conflictos relacionados con fenómenos tales como el matoneo y los problemas entre profesores y alumnos.

Bernal se duele de que los gobiernos miren con prevención estas fórmulas alternativas y las asuman como un intento de comerciantes y empresarios por “privatizar la justicia”. La gran pregunta que surge aquí es: ¿qué pasaría si la justicia tradicional imitara y replicara el modelo?
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