| 10/26/2011 6:00:00 PM

¿Y el súper?

Los casos de Proyectar Valores y Factor Group ponen en el ojo del huracán al superintendente Financiero, Gerardo Hernández. ¿Falta de previsión o cruce de cables con otras entidades?

En las últimas semanas el país económico ha estado pendiente de dos casos de alto tumerqué en el mundo de los negocios: la liquidación de Proyectar Valores y los problemas de Factor Group. En el primer caso se trata de una de las sociedades comisionistas de bolsa más importantes del país, cuestionada desde hace meses por sus relaciones con el Grupo Nule y el papel que desempeñó, tanto en su descalabro económico como en el escándalo de la contratación pública en Bogotá. En el segundo, se trata de una compañía especializada en hacer factoring, que al parecer habría estado captando irregularmente dinero del público.

En ambos casos hay un elemento común: la Superintendencia Financiera. El organismo que semanalmente advierte sobre la proliferación de firmas que engañan a sus clientes mientras los ilusionan con el espejismo de los altos rendimientos, está ahora en el banquillo de los acusados.

Algunos críticos señalan que la Superfinanciera actuó tarde en ambos casos. En el de Proyectar, dicen que debió haber encendido las alertas tempranas hace mucho tiempo porque, por ejemplo, maniobras como la de estructurar operaciones de repos para inflar el precio de unas acciones no es algo que ocurra de un día para otro. Y en el caso del Factor Group, señalan que no es lógico que un organismo que practicaba visitas permanentes a la compañía apenas advirtiera que esta podría estar haciendo captaciones ilegales cuando estalló el escándalo mediático.

Precisamente, este último argumento fue planteado por Factor Group el lunes 24 de octubre, al presentar un recurso de reposición contra la resolución que le prohibió hacer captaciones. No pocos creen que la Superintendencia ha pasado de la cautela a la inhibición, porque hoy en día encabeza la lista de las entidades más demandadas del Estado. Actualmente enfrenta procesos por $40 billones, cifra que equivale a una cuarta parte del presupuesto nacional, a raíz de su lucha sin cuartel contra las pirámides financieras después del colapso de DMG.

Existe un riesgo mayor. En esos mismos sectores se oyen voces que hablan de posibles conatos de conflicto entre la Superfinanciera y la Superintendencia de Sociedades, entidad que estaría llevando un sobrepeso en la misión de proteger los ahorros de los ciudadanos. Hay cifras que, vistas en blanco y negro, podrían reforzar el argumento. Mientras la Supersociedades vigila 28.000 entidades que reportan estados financieros, mil de las cuales se llaman operadores del mercado financiero, la Superintendencia Financiera vigila 120.

Sin embargo, la emergencia de operadores ilegales y la informalidad en fragmentos del mercado hacen que el espectro de esta última sea a menudo mayor. “Las diferencias de criterio pueden existir, especialmente cuando los dos entes deben actuar en un mismo caso dentro de las órbitas de sus competencias, pero no podemos caer en la trampa de que se zanjen públicamente”, comenta una fuente del sector Hacienda.

El superintendente Gerardo Hernández responde con serenidad y sin vacilación. “No es cierto que hayamos llegado tarde a la solución de la crisis de Proyectar. Yo no miro por espejos retrovisores, pero desde que asumí el cargo, en agosto de 2010, respaldé todas las visitas de nuestras delegaturas a la firma, el plan de ajuste, que luego comenzó a ser incumplido, la intervención que nos permitió resolver el tema de sus cinco carteras colectivas y, finalmente, la liquidación”.

Descarta que la institución esté arredrada por obra de las demandas. No obstante, advierte que “ahora nos enfrentamos a una pirámide de abogados que busca crecer las cifras a su antojo”. Hernández admite que en algunos casos las líneas que separan las atribuciones de la Supersociedades y las de la Superfinanciera son delgadas por obra de la ley; sin embargo, no ha tenido inconveniente alguno en trabajar con espíritu de cooperación y sin descargar responsabilidades ni renunciar a ellas.

Recuerda que, en el caso de Factor Group, el superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, lo llamó para preguntarle si encontraba inconveniente alguno en que se iniciara un proceso de reestructuración; y él le respondió que no, pues el asunto no interfería en absoluto con la decisión de su despacho de prohibirle a la compañía las actividades de captación.

Todo eso pasó antes de que los medios de comunicación se ocuparan del escándalo de los Nule y de la crisis de Saludcoop, en los que apareció mencionado el nombre de la compañía. “Yo no puedo intervenir una empresa llevado por un titular de prensa. Debo hacerlo con ajuste a la ley, con responsabilidad, aunque oportunamente, y eso es lo que hemos hecho”, explica Hernández.

Los resultados de los procesos en marcha dirán finalmente si las dos entidades fueron capaces de trabajar de la mano.
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