| 10/4/2013 6:00:00 AM

“Quiero pagar, pero no me dejan”

El empresario Víctor Maldonado tasa sus deudas con los acreedores del Fondo Premium en $21.000 millones y lucha por librarse de una intervención estatal para poder pagarlas.

Don Víctor Maldonado –como es conocido en el mundo de los negocios– visita todo los días sus empresas y está al tanto de las operaciones. Pero, al menos por ahora, no es el jefe y tiene que acatar lo que disponga en ellas Alejandro Rebollo, agente interventor designado por la Superintendencia de Sociedades.

Helados Modernos, Las Tres Palmas y Latinoamericana de Inversiones Sumo S.A., las principales joyas de su patrimonio, están sujetas al régimen de intervención impuesto por el organismo de vigilancia, a juicio del cual, el empresario fue “beneficiario indirecto” de captaciones irregulares hechas por InterBolsa.

Él considera injusta la acusación, pues tiene a la mano informes de visitas practicadas por la Superintendencia Financiera a Helados Modernos, por ejemplo, que dejan en claro que no se encontró allí viso alguno de aprovisionamiento con recursos captados ilegalmente por alguna otra compañía.

“Mi participación en InterBolsa –precisa– fue la de simple inversionista, dueño de un porcentaje de las acciones que se negociaban en la Bolsa de Valores de Colombia, y fui una de las personas que perdió el trabajo de toda la vida ante la caída de la entidad. No fui administrador de esa sociedad, como consta en los registros públicos que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá”.

Habla en tono moderado y conciliador. Sus abogados, sin embargo, son más beligerantes. El jurista Juan Manuel Arboleda, miembro de su equipo, plantea que la figura del “beneficiario indirecto” no existe en la legislación colombiana y es solo una creación de la Supersociedades para darle un fundamento, poco o nada objetivo, a las medidas cautelares impuestas a su cliente.

A su juicio, la toma de posesión de los bienes de Maldonado es el producto de la acción desaforada adoptada por un Estado que pretende conseguir, como sea, el dinero para pagarles a los acreedores del Fondo Premium ante la imposibilidad de que este sea liquidado por el gobierno de Curazao, único habilitado para hacerlo.

Para ellos es claro que la administración de la isla antillana no tomaría jamás una decisión como esta, pues allí se vive en buena medida de la actividad financiera y liquidar uno de los cientos de fondos de esta naturaleza que funcionan al amparo de su territorio generaría una costosa incertidumbre jurídica.

¿Cuál es la salida?
El escenario para Víctor Maldonado es complejo. La resolución mediante la cual fue tomado el control de sus bienes no admite recurso alguno. En estas condiciones, solo la propia Superintendencia podría disponer su exclusión de la masa de acreedores con lo que el empresario recobraría el margen de maniobra que necesita para saldar deudas. Pero esa posibilidad es más improbable.

Orientado por sus abogados, busca amparo judicial con acciones de tutela. Una de ellas fue fallada en contra con un argumento que, según ellos, es baladí: el juez consideró que una resolución densa, de 40 páginas, debía estar necesariamente bien motivada.

Su esperanza se cifra ahora en que algunas de las acciones emprendidas lleguen pronto a las Cortes y que sea allí en donde se defina una jurisprudencia que les ofrezca una salida justa.

De acuerdo con la posición de la Superintendencia de Sociedades, revelada por Dinero en su pasada edición, en este caso se podría aplicar el Decreto 4334 y liberarlo incluso de acciones judiciales, si paga solidariamente las deudas con el Premium. Estas están tasadas en más de US$100 millones.

“El Decreto 4334 de 2008 –replica el empresario– establece los mecanismos que tiene el Estado para intervenir las actividades, negocios y operaciones de personas que captan recursos del público sin autorización de la Superintendencia Financiera. Por tanto, en la medida en que personalmente o por conducto de mis empresas, no hemos captado dineros o recursos del público, desconozco por qué esta norma me sería aplicable”.

“Asumiré como siempre he asumido responsablemente todas mis deudas y serán pagadas a los acreedores del Fondo Premium una vez sean decididas las acciones judiciales iniciadas contra la orden de toma de posesión de nuestros bienes”, agrega.

Maldonado señala que en este momento se encuentra maniatado y a expensas de lo que decidan, en derecho, los jueces de tutela. No tiene dinero disponible y su familia vive del producto de las actividades artísticas de su esposa. “Si me permiten volver a operar mis empresas me pondré al día con todos los acreedores. Jamás me he quedado con un solo peso que no sea mío”, enfatiza.

No se atreve a afirmar si los Jaramillo –Rodrigo y Tomás, directivos de InterBolsa– o Juan Carlos Ortiz, estratega por mucho tiempo de las operaciones de la holding, lo “tumbaron”. “Como nunca tuve acceso a las operaciones administrativas de InterBolsa y del Fondo Premium, solo sé decir lo que me informaron: Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo tenían en el Fondo una participación de 1,5% y tomaron las decisiones hasta que estas fueron delegadas en un administrador”.

Insiste en que su condición de dueño de 30% de las acciones de InterBolsa fue producto de las compras hechas en el mercado público de valores y en ningún momento supuso que, por esa conducta, fuera a recibir un tratamiento privilegiado en materia de créditos.
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