| 4/16/2014 9:23:00 AM

El engaño

Crecen las víctimas de la captación ilegal a través del negocio de libranzas. Inversionistas de Solución Maestra encabezan la avanzada de los reclamantes.

Las víctimas del anárquico mercado de las libranzas están comenzando a abandonar voluntariamente su anonimato. Lucía Ochoa, pensionada del Seguro social, decidió hacerlo tras esperar más de un año –desde febrero de 2013– a que la firma Solución Maestra le pagara el rédito prometido cuando ella le confió $300 millones. Optó por hacer público su drama cuando se convenció de que los recursos que provenían de descuentos que el Ejército les hacía a sus soldados quedaban enredados en una red de intermediación compuesta por cooperativas de dudosa reputación.

Como ella, Juan Carlos Rincón, exportador de cereales, acudió a los estrados judiciales el día que supo que dos de esas cooperativas, Cooplideramos y Coomucredin, “estaban caídas” y no podían responderle ni por el capital ni por los intereses que alguna vez le ofrecieron con el tono de un cautivante canto de sirena.

Inicialmente, ninguno de los dos tenía razones para creer que Solución Maestra, prestigiosa firma antioqueña, fuera a defraudarlos. No abrigaban dudas porque la compañía estaba respaldada por el buen nombre de su dueño, Rafael Mario Villa Moreno, expresidente de Noel y un hombre que alguna vez gozó de la confianza del Grupo Empresarial Antiqueño.

Lo que estos y otros ochenta inversionistas, que reclaman recursos por $30.000 millones, ignoraban es que Villa se había asociado con un empresario envuelto en problemas de captación ilegal. Su nombre es Rafael Mauricio Crispín Velasco, representante legal de Gestión Patrimonial, firma que hace rato quedó en el radar de la Superintendencia Financiera.

La pensionada y el exportador reconocen que Villa da la cara, aunque eso no es suficiente para que ella recupere los $280 millones, sin incluir intereses, que hoy da por perdidos, pero tampoco para que él pierda del todo la confianza en que alguien les va a responder. De Crispín, en cambio, no existe huella visible porque desapareció del panorama en cuanto comenzó a ser investigado por captación ilegal.

¿Culpas ajenas?

Los asesores y comisionistas del negocio poco les pueden decir. Eulalia Gaviria, quien le presentó a Lucía Ochoa el portafolio de la inversión, dice que actuó con la información que le entregó la compañía y que ella acogió de buena fe. Una actitud similar ha asumido el exejecutivo de la comisionista Ultrabursátiles, Carlos González Villa, encargado de reclutar para la sociedad de Villa y Crispín a inversionistas tan relevantes como Juan Felipe Campuzano Zuluaga, concejal de Medellín.

Como suele ocurrir en los siniestros de corte financiero, el asunto está en manos de abogados. José Luis Giraldo, apoderado de la mayor parte de los clientes de Solución Maestra y reconocido por su experiencia en el caso de Factor Group, confía en que todavía haya espacio para un buen arreglo antes de que las partes se vayan a un pleito que puede ser malo para todos.

En relación con este caso, el superintendente Financiero, Gerardo Hernández, señala que no están dadas las condiciones establecidas en el estatuto financiero para considerar que se haya configurado una captación ilegal. Sin embargo, en la medida en que se decanten las cifras y las condiciones en que fueron estructurados los esquemas del negocio esa percepción podría cambiar.

Otro posible actor, la Superintendencia Solidaria, que debe estar mirando las actuaciones de las cooperativas, no se pronuncia todavía.
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