| 11/28/2010 9:00:00 AM

Sistema General de Participaciones, ¿coto de caza para corruptos?

Prestadores privados le cobran a Sucre más de $50.000 millones por servicios de atención en salud mental que no han prestado. Los recursos de la educación de Bolívar lubrican maquinarias electorales y Chocó parece inviable. ¿Qué hacer?

A finales de octubre pasado, los principales acreedores del Sistema de Salud de Sucre se presentaron en el despacho del gobernador Jorge Barraza Farak para hacer una oferta que parecía tentadora: si el departamento les desembolsaba en un solo contado el 50% de las obligaciones, que ellos tasaban en algo más de $56.000 millones, estarían dispuestos a condonar el resto.

"De eso tan bueno no dan tanto", pensó uno de los funcionarios de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, que acababa de llegar a Sincelejo para hacer una de las evaluaciones periódicas sobre la manera como las entidades territoriales -en particular aquellas sometidas a planes de desempeño- estaban manejando los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).

Auditores comisionados por el Ministerio recomendaron no firmar acuerdo alguno, mientras no se hiciera una verificación técnica al soporte de las pretendidas obligaciones. Sus sospechas iniciales se tornaron en certezas: al revisar las facturas y cuentas de cobro, se encontraron con que cerca de 80% de ellas ($45.000 millones) se relacionaban con atención a pacientes con problemas mentales.

"Si eso fuera cierto, el departamento podría convertirse en el laboratorio de una investigación científica que apuntara a probar la hipótesis de que sus habitantes están perdiendo la cordura", comentó con ironía uno de los investigadores.

Los hallazgos variaron la calificación de la deuda que, después de una depuración de urgencia, quedó de todas maneras en $32.000 millones. ¿Son los recursos del SGP blanco de saqueo? ¿Hay acuerdos entre algunos funcionarios y prestadores de servicios para esquilmarlos? "No lo descarto", admite con desazón el gobernador de Sucre, Jorge Barraza, a quien sus críticos y detractores lo acusan de haber convertido las Secretarías que mayores recursos manejan -entre ellas la de salud- en una cuota inamovible para fichas del Partido de Integración Nacional (PIN).

A la maniobra sobre la salud se suma otra importante porción de recursos que está sometida a embargos por incumplimiento de pagos de servicios sobre cuya prestación no hay evidencia. La situación es particularmente grave, si se tiene en cuenta que 88,6% de los 26 municipios del departamento tiene un índice de necesidades básicas insatisfechas superior al 60% y que allí, y en sus 234 corregimientos, 95 caseríos y en la inspección de policía que conforman las regiones de San Jorge, La Mojana, Montes de María, Sabanas y Morrosquillo campean altos niveles de morbilidad.

EDUCACIÓN FANTASMA

El problema, por supuesto, no es exclusivo de Sucre. De acuerdo con un documento radicado bajo el número 200-PC-60 de la Contraloría Departamental de Bolívar, está en curso una investigación para establecer si recursos transferidos por la Nación al departamento para los planes de salud fueron desviados, a través de contratos sin formalidades legales, hacia las arcas de las campañas de dos congresistas, Javier Cáceres y William García.

La mayoría de los contratos fueron firmados con fundaciones que, al menos sobre el papel, figuran como organizaciones sin ánimo de lucro y de carácter filantrópico, pero que cobraron más de $5.000 millones para prestar servicios educativos en áreas rurales, pese a que el número actual de instalaciones educativas no solo tiene la cobertura necesaria, sino que hasta julio pasado disponía de 9.625 cupos nuevos.

Aún así, una de esas fundaciones, llamada "Casa del Niño", y el particular Néstor Rafael de Oro Lora recibieron $1.600 millones con el propósito aparente de prestar el servicio de educación a 1.567 estudiantes en situación de discapacidad en Santa Rosa del Sur, Río Viejo, Talaigua Nuevo, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, el Guamo, San Estanislao de Kotska y otras poblaciones marginadas.

El Ministerio de Educación certificó que la gobernación no cumplió en estos casos con la obligación de realizar un estudio que demuestre la insuficiencia en los establecimientos educativos del Estado y, en consecuencia, la necesidad de la contratación. También pasó por encima del decreto 2355 del 24 de junio de 2009 que ordena a las entidades territoriales garantizar que los contratistas presten un servicio educativo normal durante todo el año lectivo y ofrezcan en su totalidad los programas curriculares y planes de estudio en todos los niveles y grados; algo que en estos casos no ocurrió.

Por si hicieran falta evidencias, el seguimiento y la interventoría de los contratos se inició cuatro meses después de firmados, coincidencialmente en el momento en que los organismos de control comenzaron a recibir las primeras quejas.

¿DEPARTAMENTO INVIABLE?

Una panorámica geográfica de lo que ocurre con el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones demuestra que Chocó todavía no se repone del saqueo sistemático al que en el pasado reciente fue sometido por auténticos carteles organizados para ello. Funcionarios de la administración se aliaron con jueces y con una oficina de abogados perteneciente a una de las castas políticas del departamento para simular pleitos laborales y otras demandas contra el departamento que, curiosamente, siempre eran falladas en contra de este.

Ante la carencia de recursos para atender los mandatos judiciales, el departamento echaba mano sistemáticamente a los recursos de las cuentas maestras del SGP para pagarlas y engordar así las arcas de los corruptos. Por ese camino se perdieron más de $60.000 millones durante los últimos cuatro años. Funcionarios que se lucraron de esa empresa criminal disponen hoy de las mejores casas del único sector exclusivo de Quibdó, a orillas del Atrato: una zona residencial llamada, a propósito, barrio del Estado.

El médico Antonio Gómez, enviado como gobernador encargado del departamento para recuperar la gobernabilidad perdida en medio de tantos problemas de corrupción, le dijo a Dinero que los programas de saneamiento comenzaban a mostrar resultados.

Pero para eso ha sido necesario que el grueso de los recursos del SGP, salud y educación sea manejado a través de la intervención directa de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Educación.

No obstante, siguen embargados los recursos de regalías, algunos de agua potable y las rentas de libre destinación.

"A esto se suma -explica Gómez- que algunos embargos se producen en la fuente y casi siempre equivalen al 100% de la renta. No se está respetando la política de que los embargos tengan niveles máximos de entre 28% y 33%".

Así las cosas, el nivel de inversión social en el departamento es mínimo y los gastos de operación, salarios y mesadas pensionales, principalmente, se encuentran atrasados en su pago en cuatro meses. "Mientras los embargos se hacen rápido, los incidentes de desembargo son muy lentos", dice el gobernador encargado.

Esta es solo una muestra representativa del panorama que afronta el Sistema General de Participaciones, uno de los bastiones del proceso de descentralización establecidos por la Constitución de 1991. Los ejemplos podrían ser interminables e incluirían, por ejemplo, el hecho de que en vísperas de irse a la cárcel, un Alcalde de Santa Marta dio su aval al pago de cuentas de cobro por $22.000 millones para pagar a particulares servicios de atención en salud que no fueron probadamente realizados.

"UN AJUSTE MORAL"

A juicio de Ana Lucía Villa, directora de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda, el acompañamiento del gobierno nacional en este campo ha servido para paliar, al menos parcialmente, el problema. "Sin embargo -dice- de la misma manera como fuimos capaces de hacer un ajuste fiscal, ahora debemos serlo para hacer otro de carácter moral".

Ella y otros expertos coinciden en que la legislación actual resulta "densa y farragosa" y se convierte involuntariamente en cómplice de quienes le apuntan a sacar tajada, vía el SGP, a los $34 billones que maneja el Sistema de Salud. Por causa de quienes quieren convertir la salud en un coto de caza privado, su déficit ya bordea los $2 billones.

De cualquier manera, los controles en este campo corren en su mayoría por cuenta del gobierno nacional y así lo ratifican las cifras oficiales. De acuerdo con el auditor general de la República, Iván Darío Gómez Lee, los $28 billones administrados por el Sistema estuvieron huérfanos del control que, vía auditoría, debieron haber ejercido las contralorías territoriales.

Por lo pronto, los recursos del sistema se mueven en un tinglado en el que se enfrentan la rentabilidad social contra privados que, muchas veces a expensas de engaños y falsedades, buscan su utilidad personal.

El Estado espera contar con tres herramientas que serían fundamentales para enfrentar el problema. Una, el Estatuto Anticorrupción, que 'hace agua' en el Congreso. Otra, una reforma de fondo al régimen de auditorías públicas. Una más, la creación de una gerencia pública que permita que solo personas capacitadas administren con criterio social los recursos. 

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